Vecinos de La Asunción exigen cuentas a la Municipalidad por tres años de estancamiento en caso de La Gruta

• 28 vecinos solicitan información sobre el procedimiento de nulidad, posibles responsabilidades de funcionarios y una eventual denuncia penal por el intento de reducir el área de protección del manantial

redaccion@periodicoelguacho.com

Tres años después de que el Concejo Municipal ordenara iniciar un procedimiento para declarar la nulidad de actos administrativos, relacionados con el intento de reducir el área de protección del tubo de flujo del manantial La Gruta, 28 vecinos de La Asunción exigieron explicaciones a la Municipalidad sobre el estado real del proceso y las acciones emprendidas para determinar eventuales responsabilidades.

La solicitud fue presentada ante el Concejo Municipal mediante el trámite 2910-2026 y lleva por asunto “Solicitud de información pública y rendición de cuentas”. 

Los vecinos cuestionan específicamente qué ha ocurrido desde el acuerdo adoptado el 19 de diciembre de 2023, cuando el Concejo Municipal ordenó la apertura del procedimiento de nulidad administrativa. 

El antecedente se remonta a actuaciones relacionadas con los usos de suelo de las fincas matrícula N.° 4-154664-000 y N.° 4-82013-000 y la afectación del área de protección del manantial La Gruta. 

Según el expediente citado por los vecinos, el Concejo Municipal ordenó el 19 de diciembre de 2023 la apertura del procedimiento de nulidad administrativa mediante el Acta 76-2023, artículo 25. 

Posteriormente, el 5 de marzo de 2024, el propio Concejo dejó constancia de que el órgano director todavía no había sido conformado. A la fecha, según lo expuesto en la sesión municipal y la respuesta de la Alcaldía, dicho órgano director continúa sin conformarse. 

Cinco preguntas a la Municipalidad

Los vecinos solicitaron una respuesta escrita y certificada sobre cinco aspectos concretos.

En primer lugar, preguntaron si finalmente fue conformado el órgano director técnico y legal encargado del procedimiento. En caso contrario, solicitaron conocer qué gestiones se realizaron ante otras municipalidades o el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para lograr su conformación y cuáles fueron las razones del retraso. 

También pidieron conocer el estado procesal del procedimiento de nulidad, incluyendo si ya se produjo el traslado de cargos, las audiencias, la recepción de prueba y la eventual remisión del expediente a la Procuraduría General de la República para obtener el dictamen previo y vinculante previsto en el artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública. 

Un tercer punto se refiere al riesgo de caducidad y prescripción. Los vecinos preguntaron qué valoración ha realizado la Administración sobre la vigencia de la potestad de revisión de oficio y si alguno de los actos cuestionados podría haber caducado o estar próximo a hacerlo. 

La cuarta pregunta apunta directamente a las posibles responsabilidades. Los firmantes quieren saber si se ha iniciado algún procedimiento administrativo sancionatorio para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias y civiles de funcionarios relacionados con el otorgamiento de los usos de suelo cuestionados, incluyendo al entonces director del Área Técnica Operativa, José Zumbado. De no existir un procedimiento, solicitan que se explique técnicamente el motivo de la inacción. 

Finalmente, preguntaron si la Municipalidad o el Concejo han valorado o presentado una eventual denuncia penal ante el Ministerio Público, conforme al artículo 281 inciso a) del Código Procesal Penal, y solicitaron el número de causa en caso de que esta ya hubiera sido interpuesta. 

“Es demasiado el tiempo que ha pasado”

Durante la discusión del trámite, el regidor Ulises Araya respaldó la solicitud de los vecinos y calificó como injustificable que hayan transcurrido tres años desde que el Concejo conoció y aprobó los informes legales relacionados con los actos mediante los cuales se pretendió reducir el área de protección de La Gruta.

“Son 3 años que estamos cumpliendo ya”, manifestó Araya, quien cuestionó que un caso que, según los criterios legales conocidos por el Concejo, presenta vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, haya permanecido sin una resolución definitiva durante ese período. 

El regidor recordó, además, que el conflicto no es nuevo y que tiene sus raíces en una movilización comunal iniciada en 2019. 

Según relató ante el Concejo, alrededor de 250 personas se reunieron entonces en el salón de Los Franciscanos y, posteriormente, más de 500 vecinos suscribieron una nota dirigida al gobierno local para expresar su preocupación por el intento de reducir un área de protección que estaba establecida en el Plan Regulador.

Araya sostuvo que, según la documentación existente, un funcionario subalterno no ejecutó la orden que habría recibido para modificar el área y conservó respaldo de quién se la habría girado. También recordó que posteriormente el INVU habría señalado que esa modificación no podía realizarse de esa manera. 

La importancia ambiental de La Gruta ya había sido destacada cuando el Concejo Municipal acordó iniciar el procedimiento de nulidad en diciembre de 2023. En ese momento, se señaló que la zona alberga más de 14 nacientes y que el intento de modificar el área de protección estaba relacionado con trámites que podían permitir el desarrollo de un proyecto hotelero.

¿Existe riesgo de prescripción?

Una de las principales preocupaciones planteadas durante la sesión fue precisamente el paso del tiempo.

La regidora Ana Betty Valenciano consultó al asesor legal del Concejo, Luis Álvarez, sobre los plazos de prescripción y las consecuencias que podría tener que el órgano director todavía no haya sido conformado.

Álvarez explicó que no resulta responsable afirmar de manera general que el caso ya esté prescrito, pues la prescripción puede ser interrumpida y comenzar nuevamente a computarse. 

Además, señaló que cada caso debe analizarse de manera concreta y que, si existe un riesgo de prescripción, corresponde advertirlo a quien tenga la responsabilidad de abrir el procedimiento. 

El asesor agregó que las responsabilidades administrativas vinculadas con la Hacienda Pública tienen, en términos generales, un plazo de prescripción de cinco años, aunque este puede interrumpirse y reiniciarse dependiendo de las circunstancias del caso. 

Araya, por su parte, recordó una explicación jurídica anterior según la cual el momento relevante para el cómputo de determinados plazos estaría vinculado con la actuación que debe realizar la Administración para conformar el órgano director. 

Alcaldesa: el órgano director no ha podido conformarse

Ante los cuestionamientos de la regidora Valenciano sobre por qué la Administración no había logrado integrar el órgano director, la alcaldesa, Zeneida Chaves, rechazó que pudiera afirmarse simplemente que la Municipalidad no había realizado gestiones.

Chaves explicó que existen dificultades para conformar porque no pueden ser designadas personas que ya estén involucradas en el expediente. 

Señaló, además, que la Administración se encuentra a la espera de cotizaciones para contratar los servicios profesionales necesarios y que el costo dependerá del volumen del expediente. 

La alcaldesa indicó que podría remitir una carta explicando las razones por las cuales no se ha logrado completar la conformación del órgano director.

El caso permanece abierto

Al final de la discusión, el Concejo Municipal acordó por unanimidad dar por recibido el trámite y remitir a la Administración para que brinde una respuesta, con copia al Concejo Municipal.