Municipalidad enfrenta caída de ₡810 millones en sus ingresos y deberá recortar el presupuesto 2026
Con la nueva proyección, en patentes municipales se dejarán de percibir ingresos por ₡700 millones.
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Disminución se da en patentes municipales, impuesto específico sobre construcciones e impuestos de bienes inmuebles.
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Regidurías criticaron proyección de ingresos con proyectos inmobiliarios sin permisos
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La Municipalidad enfrenta una caída de ₡810,6 millones en sus ingresos, por lo que deberá recortar el presupuesto 2026, lo que provocará que metas que se aprobaron para este año queden sin cumplirse.
El ajuste fue informado por la Dirección Administrativa Financiera mediante el informe DAF-INF-08-2026, remitido a la Alcaldía el pasado 5 de junio para su posterior conocimiento por parte del Concejo Municipal.
La disminución de los ingresos afecta principalmente cuatro rubros: ₡700 millones en patentes municipales, ₡365 millones en el impuesto específico sobre construcciones, ₡97 millones en el impuesto sobre bienes inmuebles y ₡13,5 millones por concepto de timbres, obligando a la Administración Municipal a presentar un ajuste presupuestario para evitar un eventual déficit.
Durante la Sesión Ordinaria N° 36-2026 del Concejo Municipal, celebrada el 16 de junio, varios regidores manifestaron su preocupación por las consecuencias que tendrá esta reducción sobre los programas municipales.
La regidora propietaria Ana Betty Valenciano señaló que, aunque el informe explica las razones que motivan la disminución de ingresos, no detalla cuáles metas serán eliminadas o reducidas.
Además, advirtió que los recursos provenientes de las patentes financian áreas como educación, salud, cultura y deporte, por lo que hizo un llamado a la Administración Municipal para priorizar cuidadosamente los proyectos que se mantendrán y revisar la metodología utilizada para estimar los ingresos municipales. Por otro lado, cuestionó que para calcular la proyección de patentes se hubieran utilizado datos del 2024 pese a que durante el 2025 ya era evidente una tendencia a la baja.
En la misma línea, la regidora Marita Arguedas calificó el informe como insuficiente al considerar que no identifica cuáles empresas dejaron de tributar en el cantón, cuáles metas sufrirán recortes ni el impacto específico sobre programas dirigidos a la comunidad, organizaciones comunales y centros educativos públicos.
Por su parte, el regidor Ulises Araya centró su intervención en la caída de ₡700 millones en la recaudación por patentes municipales. Indicó que el informe únicamente menciona que varias empresas migraron al régimen de zonas francas, pero no identifica cuáles fueron ni cuánto representaba cada una para las finanzas cantonales.
Además, Araya recordó que durante la discusión del presupuesto 2026, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, varios regidores habían advertido sobre el riesgo de proyectar ingresos provenientes de permisos de construcción de desarrollos inmobiliarios que todavía no contaban con disponibilidad de agua potable ni otras condiciones indispensables para ejecutarse.
Araya sostuvo que «es mejor presupuestar con la realidad de lo que tenemos y no con lo que podría entrar», pues estimaciones excesivamente optimistas terminan generando recortes durante la ejecución presupuestaria. Asimismo, pidió que las reducciones no afecten programas sociales destinados a asociaciones de desarrollo, personas adultas mayores y cuidados paliativos, al tratarse de sectores particularmente vulnerables.
Información en poder de El Guacho desde los primeros meses del año ya advertía que la Administración Municipal había girado directrices internas a las distintas dependencias para que iniciaran procesos de contención del gasto y realizaran recortes en sus presupuestos, anticipando el deterioro en los ingresos que ahora fue oficialmente reconocido mediante el informe financiero.
Al finalizar la discusión, el Concejo Municipal acordó por unanimidad dar por recibido el informe remitido por la Administración y trasladarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y la emisión de una recomendación al órgano colegiado antes de conocer el ajuste presupuestario que deberá aprobarse.
