Consulta de constitucionalidad atrasaría aprobación de proyecto de límites de San Vicente

• Asociación de vecinos considera un atraso realizar la consulta a Sala IV

• Diputado alajuelense alegó que consulta es necesaria para blindar proyecto

redaccion@periodicoelguacho.com

Una posible consulta de constitucionalidad volvería a retrasar la aprobación del proyecto de límites de San Vicente, luego de que se vote en primer debate en la Asamblea Legislativa.

El anuncio lo brindó el diputado alajuelense del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, en la sesión del Plenario Legislativo del 12 de mayo, como parte de su intervención en donde anunció su voto favorable.

Según Villalobos, dos votos de 1990 y 2000 de la Sala IV harían que la iniciativa de ley podría ser inconstitucional, porque el tribunal mencionó que para modificar los límites de las provincias se requiere el mismo procedimiento constitucional para hacer nuevas provincias. Estas serían una reforma constitucional y un plebiscito entre las provincias involucradas, argumentó.

Además, mencionó que es importante hacer la consulta a la Sala IV para que más adelante nadie pueda traerse abajo la ley y tener que iniciar el proceso de nuevo.

Más atraso

Desde la Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente consideraron que presentar una consulta de inconstitucionalidad representa un retraso innecesario para lo que califican “una solución que la comunidad ha esperado por décadas”.

Según la organización, la decisión se fundamenta en que el proyecto actual goza de plena constitucionalidad, existe urgencia humana sobre el formalismo político y hay confianza en el procedimiento. 

“Nuestro proyecto 24.625 se ampara en el Artículo 121 inciso 16 de nuestra Constitución, que otorga a la Asamblea la potestad exclusiva de determinar límites. Los requisitos de ley, como las consultas municipales y el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ya constan en el expediente y tenemos el criterio técnico”, argumentó la organización.

“Mientras el proyecto se detiene en una consulta, los vecinos seguimos sufriendo las consecuencias de la ambigüedad territorial: problemas en servicios públicos, falta de mantenimiento de infraestructura y una inseguridad jurídica que afecta nuestro día a día. La ‘Paz Social’ debe estar por encima de las disputas administrativas”, añadió.

“Enviar el texto a la Sala Cuarta solo confirmará lo que ya sabemos: que la Asamblea tiene el poder y el deber de darle a San Vicente la identidad legal que ya tiene en la práctica como parte de Belén”, señaló la Asociación.

Como organización hicieron un llamado a las diputaciones para que prioricen el bienestar de las familias de Barrio San Vicente y que el proyecto avance hoy en primer debate.

Confundido

Por su parte, el regidor Ulises Araya Chaves cuestionó las declaraciones del diputado alajuelense, “está confundido y confunde, o estaría “jugando a dos bandas”.

Afirmó que la jurisprudencia de la Sala Constitucional citada no aplica en este caso, al considerar que no existe traslado territorial entre provincias. 

Según indicó, San Vicente siempre ha pertenecido a Belén y nunca ha formado parte de Alajuela por ley, por lo que sostiene que no hay creación de nueva provincia ni desmembramiento territorial. También señaló que los límites de Heredia al sur están definidos por el río Virilla, según la normativa histórica vigente.

Araya aseguró que la confusión proviene de un límite de hecho surgido tras una negociación entre los concejos municipales de Belén y Alajuela en 1988, pero afirmó que, tras revisar el acta de esa sesión, no existió un acuerdo formal ni una modificación legal de los límites. 

Además, argumentó que la Ley de Bases y Garantías de 1841, así como decretos posteriores, mantienen vigente la delimitación de Heredia entre los ríos Segundo y Virilla, y que el decreto de 1901 citado por sectores alajuelenses no redefinió esos límites al sur de la provincia.

Asimismo, el regidor contextualizó el conflicto desde una perspectiva histórica, al señalar que Belén y San Rafael estuvieron originalmente vinculados como una misma unidad territorial y eclesiástica durante el siglo XIX, antes de procesos posteriores de reorganización territorial. 

Con base en estos argumentos, sostuvo que el proyecto en discusión permitiría clarificar definitivamente los límites administrativos y facilitaría futuros procesos territoriales que pretende San Rafael de Ojo de Agua.