Concejo Municipal ratifica acuerdo de 2022 y mantiene en manos de la Administración el caso de las reasignaciones por más de ₡152 millones
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Por unanimidad, el Concejo mantuvo vigente el acuerdo que recomienda iniciar procedimientos administrativos de nulidad y reintegro
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La decisión de 2022 fue adoptada cuando el vicealcalde presidía el Concejo y la alcaldesa ocupaba una regiduría
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El Concejo Municipal acordó, por unanimidad, ratificar el acuerdo adoptado en el Acta 52-2022, relacionado con las irregularidades detectadas en los procesos de reasignación de puestos de la Municipalidad.
La decisión se tomó durante la sesión ordinaria 61-2026, celebrada el 13 de octubre, luego de conocer el criterio del asesor legal municipal, Luis Álvarez, contenido en el oficio MB-081-2026.
El acuerdo ratificado recomienda a la Administración iniciar los procedimientos administrativos de nulidad y reintegro que correspondan. Además de mantener vigente lo dispuesto anteriormente en el acuerdo del Acta 47-2022, artículo 25, relacionado con el dictamen CHAP-15-2022.
El caso tiene como antecedente el informe de Auditoría Interna INF-AI-05-2021, que examinó 24 reasignaciones de personal realizadas entre 2018 y 2020.
Según ese estudio, la Municipalidad pagó más de ₡152 millones por estos movimientos, de los cuales más de ₡95 millones correspondieron a incrementos salariales.
La Auditoría Interna identificó deficiencias en los procedimientos, entre ellas: la ausencia de expedientes individuales completos, falta de evidencia sobre la verificación de requisitos técnicos, carencia de análisis de factibilidad debidamente respaldados y deficiencias en la documentación presupuestaria.
El informe concluyó que no existía evidencia suficiente para acreditar que las reasignaciones estuvieran debidamente respaldadas desde el punto de vista técnico, presupuestario y legal.
El Guacho había abordado este caso en la publicación “24 reasignaciones de personal le costaron a la Municipalidad de Belén más de 152 millones entre el 2018 y 2020”.
Firme y obligatorio
Uno de los antecedentes más relevantes es el oficio OAI-130-2026, emitido el 23 de abril de 2026 por la auditora interna, Maribelle Sancho García, dirigido al Concejo Municipal.
En ese documento, la Auditoría aclaró que el informe INF-AI-05-2021 contenía recomendaciones dirigidas tanto a la Administración Activa como al Concejo Municipal.
En particular, las recomendaciones 11 y 12 correspondían al órgano colegiado y se relacionaban con la revisión de la legalidad de las reasignaciones y el establecimiento de mecanismos de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos.
La Auditoría recordó que el Concejo atendió esas recomendaciones mediante el acuerdo N.° 5202-2022, del 7 de septiembre de 2022, en el cual se recomendó a la Administración iniciar los procedimientos administrativos de nulidad y reintegro.
El oficio OAI-130-2026 señaló que la Administración Municipal no ejerció el veto contra ese acuerdo. Por esa razón, la Auditoría sostuvo que adquirió firmeza y plena validez jurídica y que resulta obligatorio y vinculante para la Administración.
El documento señaló que, desde su emisión, la Auditoría Interna ha dado seguimiento a ese acuerdo y que no se habían ejecutado acciones concretas por parte de la Administración Municipal para cumplir la instrucción de iniciar los procedimientos de nulidad y reintegro.
Asimismo, explicó que la alegada pérdida de interés actual planteada por la Administración Municipal no constituye una razón suficiente para desconocer el acuerdo municipal ni para dar por atendida la recomendación.
Competencias
El oficio OAI-130-2026 también abordó la discusión sobre la posibilidad de acudir al procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley General de Control Interno para que la Contraloría General de la República dirima una eventual discrepancia entre la Administración Municipal y la Auditoría Interna.
La Auditoría Interna señaló que el plazo legal para formular una discrepancia había transcurrido sin que la Administración Municipal emitiera oportunamente una resolución jerárquica motivada que se apartara de las recomendaciones.
Por ello, consideró que no era posible reabrir ese plazo ni constituir extemporáneamente un conflicto al amparo del artículo 38.
Como respaldo, citó el oficio DFOE-CIU-0378, del 1 de agosto de 2025, en el que la Contraloría General de la República indicó que no es viable reabrir plazos que ya precluyeron por inacción de la Administración.
Por su parte, el criterio legal MB-081-2026, conocido por el Concejo el 13 de octubre, llegó a una conclusión coincidente respecto a la imposibilidad de constituir tardíamente ese conflicto. Sin embargo, el asesor legal también advirtió que ello no extingue las recomendaciones ni libera a la Administración de atender las responsabilidades que le corresponden.
Acuerdo
Durante la discusión, la regidora Ana Betty Valenciano hizo un repaso de los antecedentes y de las distintas gestiones que el Concejo ha realizado para dar seguimiento al informe de Auditoría Interna. Recordó que dicho ente había reiterado su posición sobre las reasignaciones y que correspondía a la Administración Municipal atender las diez recomendaciones dirigidas a ese órgano, mientras que el Concejo debía cumplir las dos restantes.
Valenciano propuso ratificar el acuerdo del Acta 52-2022, al considerar que continúa vigente y que el oficio MB-081-2026 no incorporaba elementos nuevos que justificaran modificar lo actuado. También planteó solicitar a la Administración Municipal que tomara las acciones correspondientes.
Por su parte, el regidor Ulises Araya respaldó la propuesta y recordó que han transcurrido más de cuatro años desde la aprobación del acuerdo original. Cuestionó que, durante ese periodo, la Administración Municipal haya sostenido ante la Auditoría Interna que las recomendaciones estaban atendidas, mientras persistían observaciones sobre la falta de respaldo documental de las reasignaciones.
Araya hizo referencia a los 24 casos examinados y señaló que algunos expedientes fueron reconstruidos posteriormente, pero que eso no resolvía las deficiencias existentes al momento en que se aprobaron los movimientos de personal.
El regidor también cuestionó que, en una sesión anterior, las reasignaciones hubieran sido calificadas como “un fantasma del que hay que pasar la página”.
“No, no son un fantasma del que hay que pasar la página”, expresó. Añadió que detrás del caso hubo recursos públicos destinados a reasignaciones cuyo origen, según las observaciones de Auditoría, no contaba con el respaldo requerido.
Araya indicó que desconocía si el asunto había sido trasladado a instancias judiciales, por lo que no afirmó que existiera una resolución en esa vía.
Ambos regidores coincidieron en que el acuerdo de 2022 debía mantenerse vigente y que correspondía a la Administración tomar las acciones pertinentes, sin que el Concejo asumiera funciones propias de la gestión administrativa.
Vicealcalde presidía el Concejo
La ratificación adquiere relevancia política al revisar cómo se adoptó el acuerdo original.
En el Acta 52-2022, la regidora María Antonia Castro presentó una moción de orden para corregir lo actuado anteriormente y establecer expresamente la recomendación de iniciar procedimientos administrativos de nulidad y reintegro.
Antes de la votación, el entonces presidente municipal y actual vicealcalde, Minor González, manifestó que el informe mencionado había quedado en estudio y que nunca se había tomado un acuerdo.
Finalmente, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad y en forma definitivamente aprobada la modificación del orden del día, revocó el acuerdo del Acta 51-2022, recomendó a la Administración Municipal iniciar los procedimientos de nulidad y reintegro, ratificó el acuerdo del Acta 47-2022 y dispuso comunicar lo resuelto a la Auditoría Interna.
En aquel momento, Minor González ocupaba la Presidencia Municipal y Zeneida Chaves, actual alcaldesa, formaba parte del Concejo Municipal como regidora.
Actualmente, desde la Administración Municipal se han planteado posiciones dirigidas a que el Concejo deje sin efecto o dé por superadas las actuaciones relacionadas con este caso.
Acuerdo vigente
La decisión del 13 de octubre fue unánime. El Concejo acordó dar por recibido el oficio MB-081-2026 y ratificar el acuerdo del Acta 52-2022, artículo 2, cuyo contenido incluye la recomendación de iniciar los procedimientos administrativos de nulidad y reintegro, así como la ratificación del acuerdo del Acta 47-2022, artículo 25, correspondiente al dictamen CHAP-15-2022.
Con esta decisión, el Concejo Municipal mantiene vigente el antecedente institucional de 2022 y reitera la necesidad de que la Administración Municipal atienda las actuaciones que le corresponden frente a las observaciones de la Auditoría Interna.
