Auditoría revela 20 años de atraso en la actualización del Plan Regulador de Belén

• Informe de Auditoría Interna evidencia un proceso que todavía no concluye, pese a una inversión superior a los ₡159 millones.

Michelangelo Grieco Agüero

redaccion@periodicoelguacho.com

La actualización del Plan Regulador de Belén acumula cerca de 20 años de gestiones y todavía no logra concretarse. Así lo evidencia el informe de asesoría ASAI-006-2026 de la Auditoría Interna Municipal, presentado el pasado 20 de octubre ante el Concejo Municipal, durante la sesión ordinaria 63-2026.

El documento reconstruye la trayectoria de un proceso que comenzó formalmente en diciembre de 2006, mediante un convenio entre la Municipalidad de Belén y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Sin embargo, casi dos décadas después, el cantón continúa utilizando un Plan Regulador publicado el 28 de enero de 1997, que ya supera los 29 años de antigüedad.

La prolongada espera resulta particularmente significativa si se considera que la actualización es uno de los principales instrumentos con los que cuenta el gobierno local para ordenar el uso del suelo, regular el crecimiento urbano, proteger los recursos naturales y establecer las condiciones para el ordenamiento territorial del cantón.

Un proceso que se ha extendido por décadas

La Auditoría identificó cuatro etapas en el proceso de actualización. Las dos primeras, correspondientes a la preparación preliminar y al diagnóstico territorial, se completaron en aproximadamente un año y nueve meses y un año y seis meses, respectivamente.

El mayor problema se encuentra en la tercera etapa, correspondiente a la formulación de la propuesta, que ha requerido años de estudios técnicos, elaboración de reglamentos, ajustes y revisiones institucionales.

Un dato particularmente revelador es que la propuesta del Plan Regulador ya había recibido aprobación del INVU en 2013. Sin embargo, la viabilidad ambiental no se consiguió sino hasta agosto de 2024, once años después. Para entonces, algunos de los insumos habían perdido vigencia y fue necesario actualizarlos y someterlos nuevamente a revisión.

Según el informe, al 17 de setiembre de 2026 esta tercera etapa registraba un avance del 77%. Todavía se encontraban pendientes ajustes en mapas, red vial, reglamentos de zonificación, construcción y fraccionamiento, entre otros aspectos.

La situación es todavía más preocupante al observar que la cuarta y última etapa, denominada asesoría, revisión y adopción del nuevo Plan Regulador, aún no ha comenzado. Es decir, todavía están pendientes los procedimientos necesarios para llegar a su aprobación definitiva, incluyendo los talleres comunales, la audiencia pública y la aprobación institucional correspondiente.

Ocho años sin aprobación: el primer trámite ambiental terminó archivado

Uno de los capítulos que mejor refleja la prolongación del proceso es el relacionado con la viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

La primera gestión comenzó en abril de 2007 y se extendió hasta junio de 2015, cuando el expediente terminó archivado. Fueron ocho años y dos meses de trámites que no lograron producir la aprobación ambiental requerida.

Este primer intento estuvo marcado por una fuerte controversia alrededor de los estudios de vulnerabilidad hídrica elaborados por la Universidad de Costa Rica y por diferencias entre sectores que defendían esos estudios y otros que cuestionaban sus alcances y posibles restricciones sobre el uso del suelo.

El propio periódico El Guacho informó sobre este episodio en mayo de 2016, en una publicación titulada «Conflicto de intereses entierra el Plan Regulador». La noticia dio cuenta de la resolución R-129-2016 del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), mediante la cual se rechazó el último recurso de apelación presentado para intentar evitar el archivo definitivo del proceso.

Entre los aspectos señalados entonces por el MINAE figuraba el envío de documentación contradictoria desde la propia Municipalidad: por una parte, información remitida por funcionarios municipales, entre ellos el alcalde, y por otra, documentos provenientes del Concejo Municipal. La publicación también indicó que parte de la documentación enviada no contaba con el acuerdo del Concejo, situación que fue cuestionada durante el trámite ante SETENA.

La noticia recogió posiciones encontradas sobre las causas del archivo. La exregidora y exintegrante de la Comisión del Plan Regulador, Lorena Vargas, cuestionó el envío de documentos municipales sin la validación correspondiente y señaló que se habían presentado comunicaciones distintas a las respaldadas por los especialistas y el Concejo Municipal.

Por su parte, William Murillo, entonces vocero de Belén Sostenible, sostuvo que el archivo obedeció a deficiencias técnicas y a la falta de legitimación de algunos documentos enviados a SETENA. El grupo también cuestionaba los mapas de vulnerabilidad acuífera elaborados por la UCR, al considerar que podían imponer restricciones excesivas sobre la actividad económica del cantón.

Así, el primer intento de actualización terminó sin viabilidad ambiental, después de años de trabajo, inversión municipal y una controversia institucional y comunal que quedó documentada en su momento por este periódico.

Posteriormente, la Municipalidad tuvo que iniciar un segundo proceso en 2019. Este se extendió durante cinco años y ocho meses, hasta que finalmente SETENA otorgó la viabilidad ambiental el 27 de agosto de 2024.

En total, la gestión de la variable ambiental requirió dos procesos que, sumados, representan casi 14 años de trámites.

₡159 millones invertidos y una tarea todavía inconclusa

El informe también cuantifica el esfuerzo económico realizado por la Municipalidad. Entre 2006 y 2026 se registraron 20 contrataciones relacionadas con la actualización del Plan Regulador, por un monto total de ₡159.339.163,42.

Los recursos se destinaron principalmente a estudios especializados, consultorías, insumos ambientales e hidrogeológicos, estudios de vulnerabilidad, mapas y trabajos vinculados con la viabilidad ambiental y la propuesta de ordenamiento territorial.

Adicionalmente, para 2026 la Administración asignó ₡25 millones con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la conclusión del proceso.

Pese a esta inversión y al prolongado trabajo institucional, el nuevo instrumento de planificación territorial sigue sin estar listo.

Auditoría señala debilidades de gestión y pide un cronograma

Más allá de reconstruir la cronología, la Auditoría también identificó debilidades en los mecanismos de seguimiento y control del proceso.

Entre otros aspectos, señaló la ausencia de un registro sistematizado de los acuerdos de la Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador, deficiencias en el control documental de los acuerdos del Concejo Municipal y la necesidad de revisar la integración y reglamentación de dicha comisión.

Un dato que llama la atención es que durante 2025 la Comisión realizó solamente una reunión y durante 2026 no había celebrado ninguna hasta abril, según la información examinada por la Auditoría.

Como parte de sus consideraciones, la Auditoría recomendó a la Administración establecer un cronograma vinculante, con plazos, responsables y productos claramente definidos, que permita concluir las etapas pendientes.

También advirtió sobre la importancia de evitar que el cantón vuelva a enfrentar procesos de actualización integral que se prolonguen durante varios años, mediante revisiones periódicas y ajustes oportunos del instrumento una vez aprobado.