Casas Max se sale con la suya, ya no tendrá que instalar tubería nueva en Fátima

Michelangelo Grieco Agüero

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La desarrolladora Casas Max finalmente no tendrá que ejecutar la compleja instalación de nueva tubería pluvial hacia el río Segundo, como originalmente estaba previsto para el proyecto en Barrio Fátima. En su lugar, el desfogue se realizará a través de la finca Lehman, utilizando una servidumbre de aguas ya constituida, que termina en una quebrada natural y de esta al río Segundo.

La decisión se consolida tras una resolución reciente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que autorizó un nuevo esquema de intervención menos invasivo sobre la Ruta Nacional 129, permitiendo un cruce transversal para conectar el sistema pluvial hacia dicha finca.

Un cambio clave: de tubería extensa a desfogue por servidumbre

El diseño original contemplaba la construcción de una red de tuberías de gran diámetro a lo largo de las rutas nacionales 111 y 129, con una longitud aproximada de 1.480 metros. Sin embargo, la alternativa ahora avalada elimina esa necesidad, reduciendo la intervención a un cruce puntual y trasladando el desfogue hacia la quebrada sin nombre que atraviesa la finca Lehman, afluente del río Segundo.

Este cambio implica, en la práctica, que Casas Max ya no tendrá que desarrollar la infraestructura pluvial originalmente exigida para mitigar impactos en Barrio Fátima, trasladando el manejo de aguas hacia un sistema existente mediante servidumbre.

El papel (y silencio) de la Municipalidad

Uno de los elementos más relevantes del caso es que desde diciembre de 2025 el MOPT se encontraba a la espera de un pronunciamiento del Municipalidad de Belén sobre si esta modificación debía ser considerada un cambio sustantivo del permiso original.

Incluso, se había advertido la necesidad de una respuesta pronta para definir si la nueva propuesta podía aplicarse o si debía mantenerse el diseño inicial. No obstante, dicho pronunciamiento nunca se produjo.

A pesar de esa ausencia de criterio municipal, el MOPT avanzó con la autorización de la alternativa propuesta, argumentando razones de interés público, como la menor afectación a la infraestructura vial, reducción de tiempos de obra y menor impacto para la comunidad. Sin embargo su resolución omitió analizar lo que en su momento fue considerado como una carga urbanística implícita para la inmobiliaria, que se presentó como una mejora para la comunidad al contar con un nuevo sistema pluvial.

Actuaciones desde la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad

A este escenario se suma el papel del ingeniero David Umaña Corrales, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, quien ya había emitido un aval técnico para un segundo desfogue pluvial vinculado al proyecto Casas Max 2 (Condominio Residencial La Ribera 02 – Living).

Este aval resulta particularmente relevante porque se otorgó pese a que dicho proyecto aún no cuenta con permiso de construcción, lo que ha generado cuestionamientos sobre la secuencia y el alcance de las autorizaciones técnicas que se están concediendo en torno a estos desarrollos inmobiliarios.

Una decisión con carácter temporal

El permiso otorgado para el nuevo esquema de desfogue tiene carácter temporal en el caso del proyecto Distrito 7, y se mantendrá vigente hasta que la Municipalidad emita eventualmente un criterio definitivo.

En caso de que ese pronunciamiento no avale la modificación, se advierte que deberá replantearse técnicamente el sistema para volver a un esquema de conducción directa hacia el río Segundo.

Contexto de cuestionamientos

Este desenlace ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre una posible flexibilización de las obligaciones de la desarrolladora, señalados previamente por agrupaciones comunales. La principal preocupación ha girado en torno a si se está permitiendo a la empresa evitar obras originalmente planteadas para mitigar impactos en Barrio Fátima.

Con la resolución actual, el proyecto avanza bajo un esquema distinto al inicialmente previsto, en el que la carga de infraestructura se reduce significativamente, mientras el debate sobre la legalidad y conveniencia de estos cambios sigue abierto.