Proyecto de límites de San Vicente espera resolución de la Sala IV sobre su constitucionalidad

• Actualmente existen 2 consultas bajo estudio del tribunal

• Asociación de Vecinos de San Vicente presentó coadyuvancia defendiendo legalidad del proceso legislativo

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El proyecto de ley tramitado bajo el expediente número 24.625, denominado «Definición del límite entre los cantones de Alajuela y Belén de las provincias de Alajuela y Heredia», se encuentra actualmente a la espera de un pronunciamiento de la Sala Constitucional luego de su aprobación en primer debate por la Asamblea Legislativa el 23 de junio de 2026. 

Esta iniciativa pretende resolver un conflicto territorial que persiste desde principios desde 1988, debido a la ambigüedad en los decretos que establecieron los límites originales, tras el acuerdo denominado «Las Catalinas». 

No obstante, el proceso legislativo enfrenta dos posturas jurídicas contrarias, las cuales se presentaron ante la Sala IV mediante consultas facultativas de constitucionalidad.

¿Inconstitucionalidad?

El 24 de junio, un grupo de diputaciones liderado por el liberacionista, Edder Hernández Ulloa, firmó una consulta a la Sala IV que argumenta que el proyecto es inconstitucional debido a que el procedimiento legislativo seguido no es el correcto para la magnitud de la modificación territorial propuesta. 

Según ellos, la iniciativa no se limita a una simple redefinición de linderos cantonales, sino que implica una “alteración de los límites provinciales” al trasladar una fracción de territorio de la provincia de Alajuela a la de Heredia.

Para este grupo, se debió seguir el procedimiento especial de reforma parcial a la Constitución Política contemplado en el artículo 168, el cual exige, entre otros requisitos, la realización de un plebiscito previo en las poblaciones afectadas para garantizar la participación ciudadana. 

Además, se señala que el proyecto incide en materia electoral, por lo cual, ante la advertencia de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, la iniciativa requeriría una votación de mayoría calificada de 38 para su aprobación. 

Finalmente, el grupo critica la omisión de criterios técnicos obligatorios del Instituto Geográfico Nacional y la falta de una manifestación previa de disconformidad por parte de la Municipalidad de Alajuela.

No obstante, según el presidente de la Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente, William Arce, dicho municipio sí se convocó a las sesiones previas con el IGN.

Procedimiento legal

Por otro lado, el 30 de junio, se presentó otra consulta a la Sala IV encabezada por la diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román Mora, la cual defiende la constitucionalidad del proceso, afirmando que el trámite ordinario es el adecuado para este caso específico. 

Para este grupo de diputaciones el proyecto no pretende crear una nueva provincia ni realizar una «desmembración» territorial, sino efectuar una ratificación legislativa de una línea limítrofe que históricamente ha carecido de una definición jurídica clara.

Según los argumentos presentados, el territorio en disputa nunca ha pertenecido legalmente a Alajuela, sino que ha existido un «límite de hecho» derivado de acuerdos municipales administrativos que no pueden sustituir a la ley. Por lo que se plantea que la iniciativa es una corrección institucional necesaria para eliminar la inseguridad jurídica que afecta a Barrio San Vicente y ha provocado problemas en el acceso a servicios públicos y trámites registrales por varias décadas. 

Asimismo, dicho texto considera que el artículo 168 de la Constitución Política permite a la Asamblea Legislativa definir linderos preexistentes mediante ley ordinaria, cuando no hay una pérdida sustancial de territorio o una segregación política de una unidad administrativa.

Debido proceso

La Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente, mediante una coadyuvancia presentada sostiene que el proyecto de ley que actualmente estudia la Sala IV es el que ha cumplido con el “debido proceso recomendado” por el informe AL-DEST-IJU-344-2016, del 16 de Octubre del 2016, del Departamento Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, la organización indicó que cumple con la legislación que regula el Instituto Geográfico Nacional y sostuvo que existe temor entre los vecinos porque las diputaciones “no logren visualizar el panorama, histórico, legal, social, cultural y comercial en que han vivido desde 1988 después del “Acuerdo de Las Catalinas». 

La agrupación argumentó en el documento que el proyecto es importante para cumplir los derechos de: identidad, participación ciudadana, acceso a servicios básicos, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y ambiente sano.

Además, mencionaron que existe un impacto por la falta de atención de denuncias de diversa índole y que al “no pertenecer a una provincia u otra, carecen de reglas urbanísticas y constructivas; ayudas a familias de escasos recursos de la zona, atención pública en general”.

Por otro lado, el 30 de junio, la diputada del Partido Pueblo Soberano, Marta Esquivel Rodríguez, y la alcaldesa, Zeneida Chaves Fernández, enviaron una nota a la Sala IV mediante la cual también defienden la constitucionalidad del expediente y solicitaron validar el procedimiento legislativo ordinario.

Proyectos de ley

A la fecha, se han presentado 7 proyectos de ley a la corriente legislativa que han sido fallidos.

La iniciativa de ley 24.625 es la que ha tenido más avance, logrando su aprobación en primer debate.