Vecinos de La Asunción se manifiestan en contra de reductores de velocidad

• Municipalidad ha actuado según la normativa técnica y jurídica vigente y reductores han mejorado la seguridad vial del sector, aseguró funcionario a cargo

• Adultos mayores deben medicarse para dormir por las vibraciones, mencionaron vecinos

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Un grupo de vecinos de La Asunción decidió manifestarse en contra de los reductores de velocidad colocados en la calle que sube a La Asunción, debido a la contaminación acústica y vibraciones que aseguran provocan.

De acuerdo con el grupo de vecinos, se ha deteriorado significativamente el bienestar de la comunidad por el ruido, el hollín y el monóxido de carbono generados por los vehículos que atraviesan los reductores todos los días. 

“Hay vecinos y adultos mayores que deben medicarse para poder dormir. Esto es una violación clara a los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, que garantizan el derecho a la salud y a un ambiente sano”, mencionó Hermes Zumbado.

Según explicó Zumbado, en 2017, se había logrado el retiro de bandas similares tras una denuncia formal, pero en 2024 se reinstalaron los dispositivos, ignorando las recomendaciones hechas en su momento.

“La Municipalidad no acató las recomendaciones que hizo Lanamme, teniendo  aproximadamente 7 años de tiempo para análisis de dicho problema. Fue como ahora en 2024, volvieron a instalar los reductores iguales que la vez pasada, sin importar los ruidos y vibraciones que se les están causando a los vecinos del sector”, alegó.

Organización vecinal

Desde septiembre de 2024, un comité conformado por siete vecinos se ha reunido semanalmente para exigir soluciones. A pesar de haber entregado una nota firmada por 118 personas y haber solicitado reuniones con autoridades municipales, alegaron que sus esfuerzos han sido ignorados por las autoridades.

“El 16 setiembre 2024, un grupo de vecinos nos reunimos con la señora alcaldesa y se le expone de la problemática de ruidos y vibraciones por los recién instalados reductores de velocidad, nos dice que se compromete a quitarlos lo antes posible. No fue así”, comentó Zumbado. 

El 21 de octubre de 2024, hubo otra reunión con la presencia de la alcaldía, la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad, inspector de tránsito, y vecinos en donde, según Zumbado, no se llegó a ningún acuerdo “después de una discusión acalorada”.

“Nos presentaron el estudio DVT-DGIT-ED-2017-1938, apegados al decreto 40601-MOPT 2017. Se les indicó que el estudio estaba desactualizado y que debieron elaborar uno nuevo por la diferencias de ocho años”, agregó Zumbado.

Por otro lado, en la Sesión No.58-2024 del Concejo Municipal, se conoció una nota firmada por 120 vecinos, la cual fue remitida a la Administración para análisis y recomendación. 

Denuncias y apoyos

El 11 de noviembre de 2024, los vecinos enviaron otra nota con 118 firmas a la Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción, la cual acordó respaldar y acuerpar la gestión de los vecinos. Además, han acudido a la Defensoráa de los Habitantes, la cual respondió que “que refutarían la posición municipal”.

El 13 de febrero de 2025, el inspector ambiental, Diego Hidalgo del Ministerio de Salud entregó el informe MS-DRRSCN-DARSBF-422-2025, el cual concluyó que los reductores de velocidad no emiten ruido por sí solos, sino que es por causa del uso que dan los automotores a estos, lo cual sale de la competencia de dicho ministerio. Ante esto, trasladó el informe a la Municipalidad para que analizara si habían otras medidas que reduzcan accidentes sin generar ruidos o vibraciones.

Actuación a derecho

Ante los señalamientos realizados por los vecinos, Oscar Hernández Ramírez, de la Unidad de Obras Públicas de la Municipalidad mencionó que se ha actuado en apego a la normativa técnica y jurídica vigente para la instalación de reductores de velocidad. 

Además, señaló que el Lanamme fue contactado por la Municipalidad y algunas de sus recomendaciones fueron consideradas, como la propuesta de instalar postes abatibles. Sin embargo, según Hernández, “se quedaron muy cortos en el aporte. Lo demás se refiere a la demarcación normal y rutinaria”.

Hernández argumentó que los reductores son dispositivos “ampliamente empleados a lo largo y ancho del país” y “por excelencia obligan al conductor a respetar los límites de velocidad establecidos”. 

Agregó que el Reglamento para el Control del Ruido Ambiental (Decreto N°44486-S) contempla excepciones en los límites sonoros para artefactos destinados a la prevención de accidentes. 

“La Municipalidad ha actuado y se encuentra a derecho en cuanto a la ciencia, la técnica y la normativa específica que le atañe”, afirmó.

Reductores

Sobre la solicitud vecinal de retirar los reductores y la promesa de la alcaldía de hacerlo, Hernández comentó que: “Es totalmente falso que se haya indicado que se quitarían los reductores. Desconozco de dónde haya salido esa versión o se está tergiversando la realidad. Se les comunicó claramente que únicamente mediante un estudio técnico que demuestre que los factores de riesgo han cambiado, podría considerarse su eliminación”.

Hernández mencionó que la actualización del estudio técnico no puede realizarse actualmente, porque los reductores instalados alteraron las condiciones reales de la vía. Dicho estudio, según explicó, solo podría actualizarse cuando se retire el reductor temporalmente para repavimentación y evaluar si la velocidad supera los límites establecidos.

“Se actualizaría el estudio sin los reductores y se evaluaría si las velocidades continúan infringiendo la norma y bajo dicha condición considerando el precedente, se tendría una nueva información que indicaría si los reductores ya no se justifican, o bien se confirma que son necesarios. En el segundo caso, no cabría otra opción que la obligación de instalarlos de nuevo”, añadió.

Además, comentó que los reductores cumplen con su función y los datos de radar del sitio lo han respaldado con una disminución en las velocidades promedio. “Con esto se brinda seguridad y protección a los residentes y peatones del sector, especialmente, a la población más vulnerable ya conocida. Considerando que a escasos metros, luego de una contracurva, se tiene precisamente un paso peatonal y escuela que no cuenta con adecuada distancia de visibilidad”, argumentó Hernández.

“Como autoridades locales, como profesionales a cargo y, en fin, como responsables de brindar condiciones de seguridad vial, no tendríamos opción ‘a pura voluntad’ —por más que la tengamos— de retirar los reductores de velocidad”, afirmó. 

Según explicó, la labor de la Municipalidad está condicionada por el artículo 11 de la Constitución Política, que impone deberes y responsabilidades a los funcionarios públicos. Además, argumentó que cualquier omisión en la aplicación de una norma, reglamento o estudio técnico, como el establecido por el MOPT, podría derivar en consecuencias legales.

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