Modificación presupuestaria enfrenta cuestionamientos por suplencias y vacaciones de funcionarios municipales
Aproximadamente 10 millones de colones se incluyen en esta nueva modificación presupuestaria.
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El Concejo Municipal aprobó, por tres votos contra dos, una redistribución de ₡10,5 millones
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La discusión se centró en la justificación de las suplencias, la situación de un funcionario de la Unidad Ambiental y las reducciones presupuestarias a proyectos comunitarios y de movilidad
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El Concejo Municipal aprobó, durante la sesión ordinaria 64-2026 del 27 de octubre, la Modificación Interna 03-2026, por un monto de ₡10.558.195,60.
La decisión se tomó mediante una votación de tres votos a favor y dos en contra, luego de conocer dos dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que plantearon posiciones opuestas sobre la conveniencia del ajuste.
La modificación presupuestaria, presentada por la Alcaldía, contempla una redistribución de recursos entre partidas, sin modificar el monto global del presupuesto municipal.
Según la documentación de la Dirección Administrativa Financiera, los recursos se orientan principalmente a atender suplencias y recargos de funciones en la Dirección Administrativa Financiera, Talento Humano y la Unidad Ambiental.
Dos dictámenes con posiciones contrarias
El dictamen de mayoría, respaldado por el regidor Gilberth González, recomendó aprobar la modificación presupuestaria por el monto solicitado. La propuesta administrativa fue justificada como una reorientación de recursos hacia necesidades prioritarias de funcionamiento y un aprovechamiento de recursos que se encontraban subutilizados.
Por su parte, el regidor Sigifredo Villegas presentó un dictamen de minoría que recomendó rechazar la modificación y solicitar a la Administración Municipal una nueva propuesta con mayores justificaciones.
Entre sus principales argumentos señaló que no se identificaban con suficiente claridad los funcionarios que requerían suplencias, las circunstancias que las motivaban ni los períodos durante los cuales serían necesarias.
El dictamen también cuestionó la previsión de recursos para suplir al funcionario de la Unidad Ambiental, debido a la importancia de sus labores de evaluación y control técnico, particularmente, ante la existencia de desarrollos inmobiliarios que requieren criterios ambientales municipales. Además, solicitó aclarar las circunstancias de su ausencia y la existencia de un procedimiento disciplinario en curso.
Otro de los cuestionamientos se relacionó con las disminuciones presupuestarias en actividades ambientales y comunitarias, entre ellas: capacitaciones, voluntariados, actividades recreativas y educativas; así como, recursos relacionados con movilidad urbana sostenible, ciclovías y pacificación vial.
En este último punto, el dictamen señaló la necesidad de conocer las consecuencias de reducir los recursos destinados a los estudios de ingeniería vinculados con el Comité de Movilidad Urbana Sostenible.
La recomendación de minoría concluyó que, aunque la modificación no incrementaba el presupuesto institucional, las redistribuciones propuestas requerían una justificación más detallada sobre sus efectos y necesidades concretas.
Cuestionamientos por las vacaciones de un funcionario
Durante la discusión, el regidor Ulises Araya manifestó su respaldo al dictamen de minoría y profundizó en sus cuestionamientos sobre la situación del funcionario de la Unidad Ambiental.
Araya calificó como preocupante que se hubiera enviado a un funcionario a disfrutar de vacaciones obligatorias mientras enfrentaba un procedimiento disciplinario. A su criterio, esa circunstancia podía afectar sus posibilidades de defensa y eventualmente exponer a la Municipalidad a consecuencias legales.
También cuestionó la planificación administrativa de las vacaciones acumuladas del personal y señaló que la contratación de suplencias podría representar gastos adicionales que, en su opinión, podrían evitarse mediante una mejor programación de los períodos de descanso, acordada con los funcionarios.
El regidor agregó que debía garantizarse el reconocimiento económico de las vacaciones conforme a lo establecido legalmente y que no correspondía trasladar a los funcionarios las consecuencias de eventuales problemas administrativos o de los sistemas institucionales.
Ante estos señalamientos, la alcaldesa, Zeneida Chaves, invitó a Araya a reunirse en su despacho con representantes de Gestión de Talento Humano y de la Dirección Jurídica para conocer los antecedentes y los riesgos legales considerados por la Administración Municipal.
La alcaldesa sostuvo que las actuaciones se habían analizado integralmente y que no estaría dispuesta a atropellar los derechos de ningún funcionario. Asimismo, defendió que las decisiones administrativas se encontraban apegadas a la legalidad y ofreció mostrar la documentación correspondiente.
Araya, sin embargo, insistió en que la explicación debía brindarse en la propia sesión o por escrito, de manera que quedara constancia en las actas y pudiera ser conocida por la ciudadanía. En particular, solicitó aclarar cómo se había valorado la coincidencia entre las vacaciones obligatorias del funcionario y el procedimiento disciplinario que enfrentaba.
La discusión continuó cuando la alcaldesa cuestionó que el regidor planteara sus señalamientos en la sesión sin haber acudido a las invitaciones para revisar los documentos en su despacho. También manifestó su desacuerdo con lo que consideró una presentación parcial de la información y reiteró su disposición a mostrar los antecedentes administrativos.
Aprobación por mayoría
Finalmente, la modificación presupuestaria fue aprobada con los votos de Gilberth González, Teresita Venegas y Lourdes Villalobos. En contra votaron Ana Betty Valenciano y Ulises Araya.
El acuerdo aprobó el dictamen de mayoría, dio por recibido el oficio de la Alcaldía y autorizó la redistribución presupuestaria por ₡10.558.195,60. También aprobó la guía interna de verificación de los requisitos del bloque de legalidad presupuestario aplicable a las modificaciones internas.
