País cuenta con Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la política

• Norma busca erradicar conductas discriminatorias que causen daño contra mujeres en  cargos de elección popular, partidos políticos o en el ejercicio de la función pública

Comunicado de prensa

San José. El martes 3 de mayo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, la ministra de la  Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte,  sancionaron la Ley para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres  en la política, N° 10235.  

Esta norma busca erradicar aquellas conductas discriminatorias que causen daño a las mujeres  que ocupen cargos de elección popular, participen en las estructuras de los partidos políticos o  se encuentren en el ejercicio de la función pública. 

La ley contempla que la discrepancia de criterios, opiniones, el debate y la discusión democrática,  así como disenso a las propuestas planteadas por una mujer, están protegidos por los principios  de libertad de expresión y de autodeterminación. 

Durante la firma y ante las ministras que formaron parte de su gabinete, el presidente Alvarado  manifestó que “nuestro compromiso con la participación y la representación de las mujeres fue  palpable desde el inicio de la administración. Tuvimos el honor de conformar un gabinete con  mujeres comprometidas con la patria, que no dejaron de trabajar, trabajar y trabajar por Costa  Rica”.

La nueva ley contempla aquellas prácticas de exclusión o restricción al ejercicio pleno de  los derechos políticos de las mujeres, acciones como el impedimento para ejercer las funciones  propias de su cargo, restringir su reincorporación tras una licencia de embarazo y lactancia,  menoscabar su imagen pública, divulgar información privada o la obstaculización del ejercicio del  cargo.  

Además, considera discriminatorias las acciones que afecten el derecho a la vida, la integridad  personal y los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, así  como el hostigamiento, la violencia física, psicológica o sexual. 

“A lo largo de la historia vemos como el patriarcado se va rearticulando, en todos los ámbitos,  incluyendo el ámbito político, de ahí que observamos cómo las mujeres se ven expuestas a una  serie de prácticas y manifestaciones de descalificación, discriminación, anulación que se  constituyen en obstáculos muy fuertes para participar como candidatas y ejercer los puestos de  toma de decisión. Con la firma de esta ley se pondrá freno a ese tipo de prácticas machistas que  afectan la participación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos”, señaló  Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer. 

El texto sancionado, incluye reformas a los códigos Electoral, de Trabajo, Municipal, así como a  las leyes de Asociaciones Solidaristas, Desarrollo de la Comunidad y ley Orgánica del SINART.  Las reformas se concentran en la creación de las organizaciones internas que divulgarán la ley  y capacitarán de forma continua al personal en esta materia. 

En temas sancionatorios, la ley establece que para las diputaciones será una amonestación ética.  Para las municipalidades y personas electas popularmente, las sanciones van desde una  amonestación escrita hasta la pena más alta, que es el retiro de credenciales. La impugnación  deberá realizarse en el Tribunal Supremo de Elecciones. 

Para la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, «frente a la gran aspiración de nuestro país  de poder contaron muchas más mujeres en los espacios de toma decisión y en la política pública,  la aprobación de esta ley es un paso fundamental vine a tipificar y sancionar el acoso y la  violencia política contra las mujeres, además reconoce la violencia contra las mujeres por  razones de género y cómo esto afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres. Confiamos  que este país siga dando la posibilidad a que más mujeres la acción pública. Agradezco a la  exdiputada Maureen Clarke por proponer esta ley y el impulso decidido de la exlegisladora Nilsen  Pérez, que junto otras diputadas priorizaron esta normativa y construyeron los acuerdos  necesarios para su aprobación.