Interpretación jurídica de la Administración Municipal generó rechazo e indignación en Barrio San Vicente

• Administración Municipal argumentó que Concejo Municipal no puede cambiar límites

• Barrio San Vicente calificó la medida como ofensiva a la labor que han hecho

• Dictamen irá a estudio del asesor legal del Concejo Municipal

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Un oficio enviado por la Alcaldía Municipal al Concejo Municipal sobre la interpretación de los límites entre los cantones de Alajuela y Belén, generó rechazó e indignación en la comunidad de Barrio San Vicente.

El oficio DJ-341-2025 suscrito por Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico de la Municipalidad, concluyó que “el Concejo Municipal no tiene competencia para definir o reconocer límite distinto al oficialmente acordado en 1988 entre las Municipalidades de Belén y Alajuela”.

Además, recomendó “dejar sin efecto y valor alguno por carecer de fundamento técnico y jurídico el acuerdo adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 11-2025, celebrada el 20 de febrero del 2025”. 

Dicha recomendación de la Administración Municipal se basó en la conclusión que brindaron los técnicos del Instituto Geográfico a través del oficio DIG-081-2025, en la cual argumentaron que la modificación de límites presentada por la Administración a dicho ente no es viable, para lo cual se ocuparía una ley como la que se tramite mediante el expediente N° 24.625 en la Asamblea Legislativa.

El acuerdo adoptado por el Concejo Municipal el 20 febrero de este año reconoció el nuevo límite de hecho entre Belén y Alajuela, el cual incluye Barrio San Vicente y facilitaría, según vecinos, el acceso a ayudas sociales que hoy se les niegan.

Rechazo a la Administración Municipal

La Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente, calificó la tentativa de falta de “respeto al Concejo Municipal, a las comunidades y al esfuerzo de años de gestión técnica y social”.

Argumentaron que dicho acuerdo ha sido parte de “un proceso transparente, informado y respaldado por documentos técnicos, incluyendo el Oficio CTDT-08-2024 y el criterio del Instituto Geográfico Nacional (DIG-051-2025)”, el cual se comunicó a todas las instituciones públicas que atienden a la población belemita para garantizar la atención adecuada de las personas de Barrio San Vicente.

“Nadie puede negar la realidad territorial que vive la gente todos los días. Desconocer el acuerdo aprobado significa dejar sin atención a cientos de personas que por años han sido parte activa de nuestro cantón”, detallaron.

Asimismo, denunciaron que la tentativa de la Administración Municipal es parte de un “patrón de represión institucional” que se activa cuando las comunidades avanzan sin favores políticos.

«Cuando el trabajo comunal da frutos, surgen los arrebatos institucionales que buscan opacar ese logro. Pero de parte nuestra, lejos de bajar los brazos, nos levantamos con más fuerza», sentenciaron.

Además, agregaron que seguirán luchando, organizándose y defendiendo lo que con esfuerzo han construido.

Falta de socialización

Durante la sesión del Concejo Municipal del 10 de junio, cuando se conoció el oficio de la Administración Municipal, el regidor suplente Sigifredo Villegas, de la Unión Belemita, reiteró su oposición al oficio y adujo que “ni en Belén ni en la provincia de Heredia hay una lengua de Alajuela que se anteponga al Río Virilla”. 

Según Villegas, la comunidad de San Vicente y sectores como Potrerillos han sido históricamente parte integral de Belén, y anunció que, independientemente de lo que suceda con el proyecto de ley 24.625, seguirán luchando por el reconocimiento pleno de esos territorios.

Por su parte, el regidor Ulises Araya cuestionó la validez del límite establecido en 1988, argumentando que este nunca fue convertido en ley y por tanto no tiene carácter jurídico definitivo. Señaló además que Alajuela otorga patentes en zonas que, según él, están dentro del territorio belemita, como Escobal y Potrerillos, mientras que la Municipalidad de Belén ha sido “tímida” al brindar servicios básicos a San Vicente.

La regidora Ana Betty Valenciano criticó la forma en que la alcaldesa Zeneida Chaves gestionó la consulta al IGN, aludiendo a la falta de socialización del tema con el Concejo y la Comisión de Límites. Además, subrayó que San Vicente ha sufrido históricamente por la falta de servicios y atención municipal y que el Concejo Municipal ya había tomado un acuerdo claro y definitivo.

Por su parte, la alcaldesa, Zeneida Chaves defendió su actuar y explicó que su intención no fue actuar de forma unilateral ni modificar el acuerdo municipal, sino solicitar una actualización del mapa cartográfico con base en dictámenes previos, según el compromiso adquirido con los vecinos. “Nos hemos mantenido firmes, hemos estado unidos”, mencionó.

Dictamen a nuevo análisis

Con tres votos a favor de Teresita Venegas del PLN, Gilbert Venegas y Lourdes Villalobos del PUSC, el Concejo Municipal acordó enviar las conclusiones y recomendaciones al Asesor Legal de dicho ente para análisis y recomendación.

Venegas, quien ejerce la presidencia municipal, mencionó que como órgano colegiado no están en contra que Barrio San Vicente sea de Belén, pero que deben cumplir con el debido proceso. “No estamos votando en contra de ustedes, solo estamos remitiendo un oficio a nuestro Asesor Legal para que nos dé el análisis y la recomendación que queremos escuchar por lo menos”, detalló.

En la sesión extraordinaria del 3 de julio de 2025, el Concejo Municipal volverá a recibir en audiencia a vecinos de Barrio San Vicente.

Sin respuesta

Se consultó a la Administración Municipal sobre las acciones que se han tomado para atender los prejuicios y la falta de resultados tras reuniones previas que alega la comunidad, y si considera que esta situación forma parte de una posible represión institucional, como ha denunciado la Asociación de Desarrollo de San Vicente. Sin embargo, al cierre de edición de la nota no se obtuvo respuesta.