El conflicto eterno por los límites entre Belén y Alajuela
Diferendo nació en 1901 y todavía está vivo
El conflicto por los límites entre Belén y Alajuela es centenario. El problema inició en 1901, para 1998 se hizo un esfuerzo por solucionarlo pero en el 2003 el choque entre los cantones revivió. Las ambigüedades siguen y la falta de claridad aún es latente.
El asunto ha sido de conocimiento de muchas instituciones, como el Instituto Nacional de Vivienda, Sala Constitucional, Procuraduría General de la República, Casa Presidencial, Defensoría de los Habitantes, Catastro Nacional, Instituto Geográfico Nacional y la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, a pesar del trabajo que se han hecho por aclarar cuáles son realmente los límites entre ambos cantones, ninguna de las instancias mencionadas tienen respuesta.
Más de 100 años
El primer esfuerzo legal para definir los límites entre Alajuela y Belén data de 1901, con la promulgación de la ley número 5 del 30 de marzo de ese año, pero fue con el establecimiento de dicha norma que el problema nació.
Ennio Rodríguez, director jurídico de la municipalidad, es quizás la persona que más conoce de este problema, pues desde hace 17 años es quien ha llevado este conflicto a todas las instancias legales e institucionales posibles.
El abogado indicó que la ley número 5, en su redacción es “parca” y “simple”, ya que el texto solo establece el punto de partida del límite, río Segundo, y su culminación, en el “Mojón de Calicanto”.
Para Rodríguez, dicha ley genera confusión, ya que no resuelve cuál es el límite de los terrenos que están al Sur del “Mojón de Calicanto”, que hoy corresponden a los barrios de San Vicente, Escobal y alrededores.
Desde 1977, 1980, 1988 y hasta 2003 existen decenas de sesiones de trabajos, quejas, resoluciones y todo tipo de acciones sobre este asunto. Lo más cercano a una acuerdo se dio en 1998, pues en ese año el Concejo Municipal de Alajuela y de Heredia se reunieron
En el encuentro participaron los regidores alajuelenses y belemitas de aquella época, acompañados de dos asesores legales y el Comité Técnico de División Territorial, instancia que funge como un asesor legal de la Comisión de División Territorial, dependencia coordinada por el Viceministro de Gobernación.
Rodríguez relató que esa cita duró horas y se logró establecer un “límite de hecho”. Esta reunión se definió que los puntos por donde se traza la frontera entre Belén y Alajuela; se trata de la línea del tren, la ruta hacia Santa Ana, Calle Potrerillos hasta Puente de Mulas.
Ese acuerdo permitió que los vecinos de esos lugares precisarán en cuál cantón están sus escrituras: en Alajuela o en Heredia. Actualmente, hay 21 fincas fuera de Belén, pero se ubican físicamente en el límite de hecho.
El Motel Flamingo y un condominio son dos ejemplos de propiedades que registralmente están en Alajuela, pero pertenecerían a Belén.
El 2003 fue la época más tensa en este asunto, “Alajuela empezó a cobrar a gente que ya nosotros estábamos cobrando”, rememoró Rodríguez.
Plebiscito
Ahora el último recurso es un proyecto de ley. Se trata del expediente 19.867, llamado Establecimiento parcial del límite entre el cantón primero “Alajuela” de la provincia de Alajuela y el cantón sétimo “Belén”, de la provincia de Heredia, iniciativa del diputado belemita William Alvarado, de la Unidad Social Cristiana.
Desde 1979 se han presentado 7 propuestas de ley, ninguna ha tenido éxito.
Rodríguez dijo que la iniciativa parlamentaria actual pretende que el “límite de hecho” sea elevado a rango de ley.
El Concejo Municipal vigente apoya el plan de Alvarado, incluso está prevista una reunión con todos los diputados de Heredia y Alajuela con la intención de buscar consenso.
El funcionario reveló que para concretarse esa ley es necesario realizar un plebiscito, con lo que los ciudadanos tendrán la posibilidad de escoger a dónde quieren pertenecer.
El problema es que no se sabe quiénes deben acudir a las urnas. Hay varias tesis, una ellas es que todos los habitantes de Alajuela y Heredia deben decidir, otros argumentan que solo los vecinos afectados contarían con derecho al sufragio.
“Lo lógico es que participen los que están involucrados, los que sufren que el Estado tenga esto sin resolver. Mi tesis es que participen todos los vecinos de la zona”, aseveró el jurista.
Las implicaciones de este asunto es que los residentes de los lugares en conflicto sufren de doble cobro del impuesto de bienes inmuebles, pero a criterio de Rodríguez este inconveniente ahora es mínimo.
A pesar de que esta lucha ya no acarrea mayores problemas, sí es importante resolverlo, debido a la amenaza de que algún político pretenda tomar ventaja de la falta de claridad en la materia.
“Siempre vamos a estar en manos de políticos, van a haber políticos buenos y malos, y los políticos malos, a pesar de que la legalidad diga “A”, van a tratar de que la solución sea “B””, advirtió.
