noviembre 16, 2026

En Audiencia Pública: Empresa de transportes justificó ajuste tarifario mientras la Defensoría de los Habitantes y usuarios manifestaron rechazo

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Imagen tomada del Facebook de Todo Buses.

  • Costos operativos de la ruta y la necesidad de dar continuidad al servicio, entre las justificaciones de la empresa 

  • Mal servicio y tarifas exorbitantes entre los alegatos de oposición de las personas usuarias

redaccion@periodicoelguacho.com

Durante la audiencia pública virtual realizada pora la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) el 12 de noviembre de 2026, la empresa Transportes Fernando Zúñiga e Hijos S. A.  justificó la solicitud, mientras la Defensoría de los Habitantes y varios usuarios manifestaron su rechazo.

La audiencia se realizó el 12 de noviembre como parte del análisis de la propuesta de ajuste tarifario solicitada por la empresa Transportes Fernando Zúñiga e Hijos S. A. para la ruta 217 que conecta San José con Belén, San Rafael y La Guácima, tanto

La iniciativa empresarial pretende eliminar el esquema de ocho fraccionamientos tarifarios vigentes e instaurar una tarifa única de ₡720. Dicha modificación implicaría incrementos en trayectos intercommunales de hasta un 350% en el recorrido Belén–San Rafael (de ₡160 a ₡720) y de 118,18% entre Belén y Guácima Abajo (de ₡330 a ₡720), frente a una reducción del 16,28% en el trayecto completo San José–Guácima Abajo.

Durante la audiencia, la representación de la empresa autobusera, a cargo de Keylla Espinoza Téllez, sustentó la propuesta en los costos operativos de la ruta y la necesidad de dar continuidad al servicio. 

Espinoza sostuvo que la medida busca un mayor control operativo e incluye compromisos de renovación de unidades, capacitación del personal y apertura de nuevas rutas según demanda de las comunidades y autorización del Concejo de Transporte Público (CTP).

Asimismo, indicó que se han mantenido conversaciones con la alcaldesa de Belén, Zeneida Chaves Fernández, para evaluar la implementación de servicios directos entre Belén y San José, así como hacia la Universidad de Costa Rica (UCR), lo cual será analizado según la demanda. 

 

Posición de la Defensoría de los Habitantes

Por parte de la Defensoría de los Habitantes, Paul Steven Briceño Quintero advirtió que la propuesta genera incertidumbre en los agentes económicos y requiere de un estudio más profundo que incluya triangulación de datos mediante verificaciones de campo, toda vez que el costo financiero recaerá directamente sobre el usuario.

La institución fundamentó su postura de rechazo técnico al señalar inconsistencias en el Sistema de Información Regulatoria (SIR), donde 282 de los 426 días analizados registran datos de pasajeros repetidos o con rezagos. 

Según la entidad, la imposición de la tarifa única sobre una demanda subestimada podría ocasionar una sobre-recaudación de hasta ₡66 millones de colones anuales por encima del costo legal de operación.

Testimonios y denuncias de las comunidades 

En la audiencia algunas personas usuarias manifestaron su rechazo a la propuesta de incremento.

Entre los alegatos, destacaron que las unidades se varan en medio recorrido por mal estado mecánico, circulan sobresaturadas y los choferes incurren en maltrato hacia el usuario, omiten paradas y cobran montos distintos a los autorizados por la ARESEP.

Calificaron el ajuste de desproporcionado y exorbitante, y señalaron que el cobro electrónico no se ha implementado, los buses no respetan los horarios publicados y el servicio se interrumpe prematuramente.

Una usuaria sostuvo que el incremento del 350% es injusto, afecta la economía familiar y la limpieza de los buses es deficiente, advirtiendo que el costo impulsará a la población a migrar hacia plataformas privadas como Uber.

Asimismo, se enfatizó en el perjuicio para la población estudiantil y se denunciaron discrepancias entre los datos presentados en el expediente y los cobros reales (pasando de ₡625 a ₡740). Además, señalaron que las unidades dejaron de ingresar a varias urbanizaciones sin notificación previa.

Por otro lado, el 11 de noviembre de 2026, el Concejo Municipal aprobó el un acuerdo unánime de disconformidad contra la propuesta. 

El expediente ET-101-2026 permanece bajo el análisis de la ARESEP para la resolución final del proceso regulatorio, mientras se incorporan al expediente las observaciones y testimonios presentados por las partes interesadas.

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