Agrupación denuncia posible negociación con Casas Max para perdonarle obras que debe cumplir en Barrio Fátima

• Además, cuestionó la prevista en sistema pluvial de un condominio sin permisos aprobados 

• Administración alegó que acciones se realizan con aval de las instituciones competentes

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La agrupación Coalición Unión Belemita denunció públicamente una posible negociación para perdonarle a la empresa Casas Max el cumplimiento de obras comprometidas como parte de la carga urbanística asociada al permiso de construcción otorgado en abril de 2024.

Según un comunicado emitido por la organización, existirían gestiones desde la Administración Municipal orientadas a liberar a la inmobiliaria de una de sus principales obligaciones en el proyecto.

“Denunciamos públicamente que se están gestionando maniobras para liberar a Casas Max de su obligación de construir un nuevo sistema de alcantarillado pluvial en barrio Fátima, moderno y con mayor capacidad hidráulica, con desfogue hacia el río Segundo por el sector del Bajo de La Sorda”, se desprende del documento.

La agrupación también advirtió que el viernes 27 de febrero vencía el plazo otorgado por el MOPT a la Municipalidad para definir si la empresa debía mantener el plan original o modificarlo.

En ese sentido, se planteaba la disyuntiva de si la inmobiliaria “debía cumplir el plan original comprometido o desistir del mismo y limitarse a desviar las aguas hacia la finca Lehman”. Esto debido a los daños ocasionados al sistema pluvial existente durante el desarrollo de las obras.

“Desviar las aguas hacia la finca Lehman implicaría que Casas Max no construiría el nuevo alcantarillado pluvial comprometido, sino que simplemente repararía lo dañado”, señaló la organización.

Ante esto, la agrupación insistió en que lo procedente es la construcción de un nuevo sistema pluvial, con mayor capacidad hidráulica y financiado en su totalidad por la empresa desarrolladora.

Cualquier alternativa distinta fue calificada por el grupo como una “burla” hacia la comunidad.

Además, hicieron un llamado a la Administración Municipal para detener lo que consideran intentos de flexibilizar las obligaciones adquiridas por la empresa, al advertir acciones orientadas a “suavizar o reducir el cumplimiento de compromisos”.

Obras

Otro punto que señaló la agrupación política fue el uso del alcantarillado sanitario del proyecto urbanístico de Casas Max.

La agrupación mencionó que se debe cesar de “inmediato” la ocupación y uso del alcantarillado  hasta que el “Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) confirme técnicamente si procede o no el reúso de las aguas tratadas en las zonas verdes del condominio”.

Por otro lado, la agrupación denunció que en las labores que actualmente realiza la empresa en las calles de Barrio Fátima se incluye una prevista para un desarrollo inmobiliario que aún está sin permisos constructivos y aprobación de pajas de agua.

Se consultó a la Municipalidad sobre los temas denunciados por la agrupación; no obstante, al cierre de edición de la nota no se recibió respuesta.

Actuación bajo normativa

Por su parte, David Umaña Corrales, coordinador de Desarrollo Humano y Control Constructivo de la Municipalidad, afirmó que “la Municipalidad no puede imponer cargas urbanísticas sobre infraestructura que no está bajo su jurisdicción”. 

Consultado si se estaría negociando algún cambio de la carga urbanística con la empresa, argumentó que “la sustitución y colocación de tubería”, no es parte de esta, y alegó que “resulta incorrecto atribuirle obligaciones sobre infraestructura vial nacional”.

Asimismo, detalló que: “El análisis de la solicitud de la empresa de desviar las aguas hacia la finca Lehman; se encuentra en estudio por el asesor legal del concejo Municipal”. Motivo por el cual la Administración Municipal remitió todos los expedientes.

“Debido al que, el MOPT dispuso no supeditar el inicio de los trabajos en ruta nacional a ese criterio, iniciando las obras el próximo 16/03/2026 según lo comunicado por los desarrolladores”, agregó.

Por otro lado, mencionó que la preocupación de vecinos sobre la construcción de una prevista de un condominio que aún no cuenta con permisos correspondientes fue autorizada directamente por el MOPT y sus decisiones no implica un “autorización automática ni generan derecho a obtener permisos municipales”.

“Cualquier proyecto inmobiliario deberá tramitar y cumplir, de forma independiente, con el permiso de construcción y la disponibilidad de agua conforme a la normativa vigente”, argumentó.

Finalmente, sobre la planta de tratamiento cuestionada, mencionó que esta tiene la aprobación del Ministerio de Salud, incluyendo su sistema de reúso y que no existe criterio técnico que diga lo contrario.

“Ante una queja presentada por un administrado, la Unidad Ambiental formuló consulta formal a SENARA y se encuentra a la espera de su pronunciamiento. De emitirse algún criterio, se valorará y atenderá conforme a lo que técnicamente corresponda dentro del marco legal aplicable”, señaló.