Informe cuestiona contrataciones especiales para nuevo edificio municipal


La auditoría cuestionó a la administración municipal por las condiciones irregulares en el pago de los funcionarios, quienes realizaron los planos del edificio municipal.

Redacción El Guacho

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Un nuevo informe de la auditoría municipal cuestionó la contratación especial realizada por la Municipalidad de personal, cuyo trabajo era elaborar el proyecto del nuevo edificio municipal. Iniciativa que, hoy, está varada y es seriamente criticada por el Concejo Municipal.

Entre los hallazgos de los auditores resalta que los funcionarios contratados realizaron sus labores fuera de la Municipalidad, a pesar de que no existe en este Gobierno local un marco legal que regule el teletrabajo.

Incluso, la investigación señaló que estos trabajadores no realizaron marca de salida o entrada, lo que implicó un incumplimiento al Reglamento Autónomo de Organización y Servicios, el cual obliga a todos los funcionarios a realizar dichos registros.

Se suma a lo anterior otro descubrimiento: la ausencia total en la supervisión, monitoreo y control por parte de la administración superior.

A ciencia cierta y, a la luz de estas revelaciones, parece que nadie sabe ni la ubicación física, ni las labores realizadas, ni tampoco el horario de estos funcionarios públicos temporales.

El informe AAI-08-2018, firmado por Maribelle Sancho, se dio a conocer en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del 20 de noviembre del 2018.

Las contrataciones especiales a las que se refiere son de un equipo de 5 personas (un arquitecto encargado del proyecto, Eddie Fernández, un dibujante técnico, una diseñadora de espacio, un asistente de ingeniería y un ingeniero estructural), cuya tarea fue entregar los planos del nuevo edificio municipal.

Todos ellos se contraron mediante licitación, para lo cual el ayuntamiento destinó ¢49.5879.0235 millones de fondos públicos, de los cuales ¢35.434.174 se se pagaron en salarios, ¢6.457.202 en cargas patronales, ¢3.249.201 para aguinaldos, ¢1.742.268 en cesantías y ¢2.705.057 en salarios escolares.

El arquitecto Fernández fue quien trabajó más tiempo en esta modalidad, un total de 16 meses; le siguió el dibujante técnico, por 9 meses; el ingeniero estructural, 4 meses, diseñador de interiores, 2,5 meses; ingeniero de mantenimiento, 3 meses; y el asistente de ingenieria industrial, 1 mes.

Sumado a lo anterior, el Concejo Municipal criticó seriamente los planos y otros productos que entregó ese grupo de profesionales por aparentes falencias técnicas y estructurales.

Mismas condiciones

En su informe, la auditora Sancho recordó que estos funcionarios, a pesar de trabajar bajo la figura de servicios especiales, ostentan iguales condiciones laborales que los funcionarios con plaza fija; razón por la cual tienen las mismas responsabilidades, tales como cumplir sus deberes en la Municipalidad en un horario establecido.

En el documento, Víctor Sánchez, coordinador de Recursos Humanos del ayuntamiento, explicó que ese grupo no ejerció sus labores dentro del establecimiento municipal, “debido a que no se contaba con el espacio físico mínimo para ubicarlos (…). Igualmente, tampoco se contaba con el mobiliario de oficina necesario, equipo informático y software requerido para ejecutar tal tipo de trabajos, siendo igualmente injustificable invertir recursos en las condiciones mínimas requeridas por este proyecto, debido a su naturaleza temporal”, alegó.

Cuestiona pago de cesantía

Otro asunto que es visto con lupa por parte de la auditoría es el pago de cesantías y preaviso para dos funcionarios temporales.

Fue el encargado del proyecto, Eddie Fernández, quien recibió más dinero por estas cargas laborales, ya que le pagaron ¢1.452.052 de preaviso y ¢943.633 de cesantía. Además, a otra funcionaria, le pagaron ¢117.621 de cesantía.

La auditoría afirmó que el cumplimiento del plazo establecido en una contratación de este tipo no genera el derecho al pago del preaviso y de cesantía, esto de acuerdo con análisis realizados a la jurisprudencia existente en materia de liquidación laboral a profesionales contratados por servicios especiales. “No hay una norma legal que permita el pago de esa clase de indemnización”, reveló.

“La Municipalidad debió analizar la viabilidad del pago de previo a la cancelación ”, indica el informe en cuestión.

Quebró principios presupuestarios

Incluso, la investigación ahondó en la trazabilidad de las metas usadas para cubrir los costos de los planos y se encontró que hubo un cambio en la asignación que se creó en una primera instancia, esto con respecto a la Dirección y Unidad encargada de gestionarla.

En un principio, estos dineros se encontraban bajo el presupuesto de la Dirección Técnica Operativa y, posteriormente, se hizo cargo la Unidad de Recursos Humanos.

Para Sancho, este movimiento podría implicar un quiebre en los principios presupuestarios de las Normas Técnicas sobre Presupuesto, ya que sería imposible relacionar los recursos usados con la naturaleza del gasto y, también, implicaría problemas para ejercer la supervisión de las labores de los funcionarios.

Sancho explicó que esto se debe a que, “los técnicos en la materia se encuentran en el Área Técnico-Operativa y, en este caso, son los que con propiedad y competencia técnica pueden evaluar los entregables del proyecto, no así la Unidad de Recursos Humanos”.

Medidas más drásticas

Los regidores del Concejo, luego de conocer este informe, no tardaron en reaccionar. El presidente municipal, el verdiblanco Eddie Méndez, pidió a la auditora ser más drástica en sus consideraciones finales.

José Luis Venegas, del partido Republicano, adujo que el control interno “está quebrantado en todos sus extremos”.

Mientras María Antonia Castro, del Independiente Belemita, dijo que le llama la atención que el sistema le permita a un funcionario manejar metas, a pesar de no tenerlas a cargo.

Actualmente, todo lo relacionado al proyecto del nuevo edificio municipal está frenado, porque la auditoría lo está analizando.

 

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