Coronavirus y contrarreforma social


  • Existe un claro interés de adelantar medidas que dejen despejado  el camino para  privatizar la educación, la salud, la producción eléctrica, entre otros deseos inocultables de las clases poderosas del país.

Por. Danilo Pérez Zumbado*

La crisis sanitaria del coronavirus tocó los cimientos del estado social de derecho del país. Sin embargo, desde antes, las fuerzas neo-conservadoras, atrincheradas en partidos tradicionales y en unos cuantos, autoproclamados nuevos, pero en esencia versiones maquilladas de aquellas fuerzas, venían bregando para desmantelar la institucionalidad pública creada por las reformas de los años cuarenta.

El gobierno de Alvarado, endilgado de unidad nacional y bicentenario, no había doblado la esquina cuando se alió a las cámaras patronales y ejecutó la regresiva ley de reforma fiscal con franca indiferencia hacia las movilizaciones sociales que pedían una alternativa menos onerosa a los intereses populares. No se discutía la existencia del déficit sino sobre quiénes descansar el peso de la solución.

Con el respaldo de La Nación, otros poderes mediáticos, las cámaras y los sectores más conservadores de la Asamblea, el gobierno PAC elaboró una agenda cuyo propósito, más allá de la crisis, fue reconvertir la sociedad costarricense al tenor de los dictados del neoliberalismo. La evidencia fue la constitución del gabinete y su temeraria respuesta a la huelga de los educadores y sectores de la administración pública.

Un corolario fue la aprobación de la ley de Carlos Ricardo Benavides para poner “coto” a las huelgas en el sector público y, con esto, se desgranaron aún más las pretensiones regresivas del sector político-económico hegemónico del país.

Un elemento del proceso fue ideológico. A contrapelo, de las acusaciones contra la izquierda de atizar la lucha de clases, se incentivó una campaña para convencer  al costarricense de que los trabajadores de la administración pública son responsables de la crisis fiscal y enemigos de los trabajadores de la empresa privada porque despilfarran los recursos públicos que se requieren para aliviar su maltrecha situación. Una versión de “lucha de clases” de la cual se salvan olímpicamente los sectores oligárquicos y corporativos de la economía nacional.

En esta tesitura cayó el coronavirus, el cual alertó los aparatos del Estado. Al inicio apenas hubo tiempo para prevenir la población y preparar las condiciones organizativas y sanitarias. No obstante, conforme éste puso al descubierto los peligros de la salud y la parálisis de importantes sectores económicos, pulularon las propuestas para “adelgazar” el estado, eliminar “privilegios” públicos y reorientar las políticas para fortalecer las iniciativas privadas, en especial, corporativas e internacionales.

No se puede desconocer que las limitaciones de movilidad y el aislamiento social perjudican a sectores pequeños, medianos, incluso, de gran volumen económico y se hacen indispensables medidas de salvaguarda y apoyo para atenuar la crisis económica.

A pesar de ello, los sectores patronales, mediáticos y políticos más poderosos han aprovechado la coyuntura para presionar en la dirección de la contrarreforma social. A las presiones para eliminar la autonomía de las universidades públicas, la reducción del FEES, la venta de FANAL, de bancos públicos, entre otras privatizaciones, se suma la propuesta del salario único,  eliminación de pluses, homogenización y rebaja de los montos de pensiones de regímenes especiales, la aplicación de un 15 % de recorte a las salarios superiores de la administración pública.

Existe un claro interés de adelantar medidas que dejen despejado  el camino para  privatizar la educación, la salud, la producción eléctrica, entre otros deseos inocultables de las clases poderosas del país. Hay un obstáculo, empero, de gran envergadura: en esta peligrosa crisis sanitaria que amenaza extenderse, ha sido, principalmente, la valiosa institucionalidad social la que ha dado la cara. Esperemos que los y las costarricenses valoren este patrimonio, no se lo dejen arrebatar y, por el contrario, demanden su fortalecimiento y enaltecimiento nacional.

 

*El autor es Catedrático pensionado de la Universidad Nacional y vecino de Calle La Labor

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