Costa Rica: ¿Qué pasará con el desmantelamiento del Estado Social de Derecho?
Costa Rica: ¿Qué pasará con el desmantelamiento del Estado Social de Derecho?
E. Danilo Pérez Zumbado
*El autor es Catedrático pensionado de la UNA y es vecino de Calle La Labor.
Decía el politólogo Pablo Barahona, en un coloquio en la UNA, respecto de las grandes movilizaciones
contra los gobiernos neoliberales de Chile y Colombia que Costa Rica no estaba lejos de tales
convulsiones socio-políticas. Subrayaba el descreimiento acelerado de los costarricenses respecto de los
partidos políticos (solo un 13% se asume simpatizante de alguno, según la última encuesta del CIEP de la
UCR).
Los acontecimientos, sin embargo, no son solo resultado de decisiones incorrectas sino, principalmente,
de la brega de fuerzas políticas que, desde hace varias décadas, presionan por una sociedad con un
estado reducido y un mercado cada vez más poderoso.
El estado benefactor surgido en los años cuarenta del siglo pasado está siendo desmontado de forma
paulatina. Cierto que padece de debilidades y excesos que correspondía, en su momento, resolver de
manera justa y eficiente, pero, los gobiernos de turno las obviaron por incapacidad, politiquería o simple
corrupción.
La ley de pensiones del Magisterio Nacional de 1958, por ejemplo, fijaba un fondo con las cotizaciones
de los educadores que nunca se creó. Tales dineros engrosaron el presupuesto nacional para otros fines
y cuando hubo que pagar las pensiones su costo se convirtió en un disparador del déficit fiscal.
No obstante, conviene precisar otros factores de importancia. Desde los años ochenta, resultado de la
crisis del capitalismo mundial, se cuestionó el estado benefactor por fuerzas políticas que auspiciaban el
retorno de un modelo liberal más extremo conocido como neoliberal. Así entonces, se empezó a
desmontar el estado social de derecho con el apoyo del PLN, PUSC y otras fuerzas liberales emergentes:
ajustes estructurales, tratados de libre comercio y campañas de desprestigio contra la administración
pública. Verbigracia, el primer ajuste estructural se aplicó en el campo agrícola durante la
administración de L. A. Monge con los consabidos perjuicios sobre buena parte del pequeño y mediano
productor nacional.
A estas alturas, la economía nacional ha sido profundamente transformada. Tal modernización generó
nuevos ganadores: zonas francas, banca privada, importadores de nuevos bienes de consumo y,
también, sectores medios de zonas francas y grandes centros de servicios. Los viejos sectores sociales
vinieron a menos.
Hoy día, se suscitan, quizás, los últimos combates entre fuerzas neoliberales y las surgidas del proyecto
reformista. La cruzada contra lo público es inocultable: debilitamiento de leyes laborales (50% de mano
de obra opera en la informalidad), arremetida contra organizaciones sindicales (la Ley 9808 declara
ilegales huelgas en servicios públicos esenciales) e instituciones públicas (restricción de autonomía
universitaria, proyecto de ley de salario único) y descalificación ideológica de toda expresión de lo
estatal.
Asimismo, el costo del déficit fiscal se carga sobre los sectores populares y medios, en particular, la
administración pública. Déficit que se explica no tanto por el peso de los programas sociales sino
principalmente por la exención, evasión y defraudación fiscal de los grandes capitales.
El deterioro del nivel de vida de miles de costarricenses, dado el desmantelamiento estatal y la
preeminencia del mercado, es evidente.
Por otro lado, los partidos políticos dominantes gobiernan de espaldas a las necesidades de extensas
zonas costeras y la Costa Rica rural profunda. Muchas comunidades, fuera del área metropolitana, viven
pobres y olvidadas del poder central, bajo el arbitrio de alcaldías corrompidas y la penetración paulatina
del narcotráfico. Y a esto habrá que sumar la crisis del coronavirus y sus efectos económicos en este
deplorable estado de cosas. ¿Cuánto más aguantarán los sectores sociales sacrificados? ¿La elección del
2022 servirá para enrumbar el timón hacia un modelo económico más solidario o hacia la confrontación?
