¿Quién paga los platos rotos?
Por. Michelangelo Grieco Aguero*
La crisis fiscal en nuestro país empeora con cada día que pasa y las soluciones propuestas se ven cada vez más lejos de resolver el problema. Y es que el déficit presupuestario se evidencia en nuestras finanzas públicas desde el año 2009 durante la administración de Oscar Arias y se acrecienta en las administraciones de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y ahora el de Carlos Alvarado. ¿A qué se dedicaron entonces estos jerarcas anteriores cuando la situación era mala pero no crítica? Pues a maquillar el problema, solicitar más deuda y dejar que la próxima investidura lo heredara para irse convirtiendo en una enorme bola de nieve. De esta forma no hay daños a su imagen ni pérdida de seguidores debido a medidas impopulares pero necesarias para sanar las finanzas públicas. Nuestros expresidentes lo tenían todo calculado para que “no me toque a mí”.
Según los datos del Ministerio de Hacienda, la deuda externa de Costa Rica comenzó a crecer sin retroceso, y pasamos de deber un 29,9% del PIB en 2011 a deber el 58,1% del PIB en 2019. En solo 8 años casi duplicamos la deuda externa del país debido a la ineficiencia de atacar el problema de previo, la confianza en Costa Rica en el entorno financiero internacional bajó y las tasas de interés de los préstamos que quiera pedir el país subirán por ser catalogados como riesgosos.
Llegados a 2018, le tocó a la administración de Carlos Alvarado afrontar la ya insostenible situación recién empezada su gestión y en su idea de “gobierno de unidad” proporcionó asientos en materia económica y de planificación a la Unidad Social Cristiana (el PUSC), mediante el nombramiento de Rocío Aguilar en la cabeza del Ministerio de Hacienda, así como su propio contendiente electoral Rodolfo Piza en el Ministerio de la Presidencia. Es así como, sin un posicionamiento contundente en el plano político-económico, el Partido Acción Ciudadana (el PAC) entregó la capacidad de planear y decidir en nombre del actual Gobierno. De esta manera, podían hacer y deshacer a su antojo mientras los costes políticos del contenido de la reforma fiscal habrían de ser asumidos por el propio Partido Acción Ciudadana. Poco después, ambos personajes hicieron tranquilamente su salida del Gobierno cuyo rumbo se tornaba cada vez más cambiante e incierto.
Ahora bien, esta reforma fiscal se nos vendió como la pomada canaria cuando no fue más que una curita; urgían por su aprobación inmediata e imploraban en la comisión de hacendarios la inclusión del impuesto a la canasta básica, que fue finalmente gravada al 1% al igual que los medicamentos, gravados al 2%. Mientras que se aplica un recorte a rajatablas a todos los salarios en el título de empleo público aún si este no es el mayor disparador del déficit sino la adquisición de deudas y sus elevados intereses.
Sin embargo, es curioso cómo han escapado del escrutinio público aquellas enormes cantidades de dineros flotantes que son perdonados a empresas mediante arreglos de pago como lo es el caso del Grupo Nación y Televisora de Costa Rica S.A., la cual incluso ha sido condenada por haber defraudado al fisco entre los años 2004 y 2005 por un valor de 400 millones de colones. Y cuán poca atención se le ha puesto al hecho de que en 2016 el incumplimiento tributario en todas sus expresiones, en términos de evasión, elusión y mora superó el 8% del PIB.
A todas luces es evidente quienes han estado evadiendo su responsabilidad todo este tiempo en materia fiscal, los autores del descalabro actual de las finanzas públicas y a quienes nos toca pagar los platos rotos de todo esto. ¿Tendremos lo que hace falta para exigir la justicia tributaria que necesita Costa Rica?
*El autor es Concejal del distrito de San Antonio de Belén, de profesión licenciado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica.
