Miseria de la política

• Cuando las dudas eran excusas. Reflexión sobre la afectación a la cultura del cantón 

Por: Ulises Araya Chaves*

¿Quién va asumir la responsabilidad por los más de 30 cursos de formación artística que se cierran y los más de 500 niños que este 2021 no recibirán cursos de sensibilización artística en las escuelas públicas del cantón?  Pienso que desde la Alcaldía más los tres regidores que asestaron este golpe a la cultura del cantón, al menos deberían apechugar las consecuencias de sus actos.  

Al día de hoy, hay padres que están llamando a las tres asociaciones : ADI La Ribera, ADI La Asunción y Guapinol, que gestionan estos talleres, preguntando por los cursos y cupos, se les debe decir que este año no se abrirán, ¿gracias a quién? 

Sobre este tema quisiera contar que el miércoles 20 de enero, se realizó una reunión entre Concejo Municipal y funcionarios municipales relacionados con las transferencias a las organizaciones. La introducción fue realizada por el presidente municipal, rasgándose las vestiduras por los hallazgos que –afirmaba– había encontrado en los informes de auditorías externas realizados a las organizaciones que reciben transferencias municipales.  

Desde ese primer momento, sus aseveraciones me parecieron exageradas y contradictorias, en primer lugar, porque los informes que ya habíamos visto desde la sesión municipal del pasado 12 de enero, no mostraban en ninguna de sus 96 páginas alguna falta que señalara algo más allá de una oportunidad de mejora, o un procedimiento erróneamente realizado. 

Recordemos que la naturaleza de las auditorías no se limita a descubrir malos manejos, sino que se utilizan para brindar oportunidades de mejora. Es por ello que lo justo es ver siempre cada caso por aparte, para no generar injusticias y generalizar los señalamientos que una u otra pudieron tener. 

Regresando a la introducción del presidente Méndez, este reclamaba acciones de parte de los departamentos del Área Social y financieros de la municipalidad. Pareciera que daba por descontado que se tenían que tomar acciones radicales, ‘’no dar más transferencias’’ llegó a afirmar, sin señalar un solo caso concreto de malversaciones o dolo que hubiera hallado. 

La siguiente en tomar la palabra fue la funcionaria Marita Arguedas, quien, con una paciencia franciscana, expuso a todos los presentes lo que resultaba obvio a quien hubiera leído las 96 páginas de su informe. 

En primer lugar, que existe todo un robusto marco jurídico en donde se fundamenta legalmente las transferencias para que los grupos organizados del cantón puedan trabajar por la comunidad (pág. 11).

Arguedas aclaró que los sujetos privados deben hacerse responsables de cualquier incumplimiento, en cuyo caso deben devolver el dinero y no se les desembolsa en el período venidero. Todo esto, repito, se encontraba ya sustentado en su informe al Concejo Municipal. 

Fue así que, en los primeros minutos de la reunión, los motivos por los que nos encontrábamos en el lugar fueron de una vez aclarados. Las ‘’inquietudes’’ sobre qué pasa en caso de malos manejos, siempre estuvieron a la luz de lo que ya existe. El procedimiento de detección viene especificado en la página 22, procedimientos 3.7, 3.8 y 3.9. del Programa de Transferencias Municipales: Informes, Auditoría y Controles: años 2019 y 2020. 

Luego de este intercambio, hubo otras preguntas menores que fueron respondidas por los auditores, por ejemplo, una regidora del PUSC, en una -mitad pregunta, mitad exigencia-, pedía que todas las contrataciones de las asociaciones debían ir a licitación y por SICOP, y no hacerse -como se acostumbra-, mediante la adquisición de tres cotizaciones y la escogencia de la más conveniente. 

Ante esto, el síndico don Francisco “Kiko” Zumbado, quien también preside una asociación del cantón, fue el que aclaró a la compañera de su partido, que esto legalmente no era necesario y que, si se hiciera así, resultaría en un despropósito en donde se complicaría el trabajo que estos belemitas realizan con las uñas y la mayor de las veces sin sueldo alguno. 

Apoyamos este señalamiento, personalmente mostré que ni siquiera el Ministerio de Cultura pide tales requisitos a las organizaciones culturales que apoyan con sus múltiples programas. 

Transcurrida casi una hora y media desde el inicio de una reunión en donde se daban vueltas y vueltas, la regidora María Antonia Castro tomó la palabra. 

Breve y en secó preguntó a Jorge González y Marita Arguedas si en todos estos informes existía alguna prueba o algún fundamento, en donde se pudiera percibir algún tipo de malversación, o dolo en el actuar. 

Las respuestas fueron definitivas: NO. Y de nuevo, tanto funcionarios como auditores internos y externos, volvieron a explicar que lo que existen en los informes eran oportunidades de mejora. Que, si algo debería incentivarse, es el mayor acompañamiento, puesto que las asociaciones, principalmente las más pequeñas, están conformadas por personas abnegadas, trabajadoras y con las mejores intenciones, pero que muchas veces carecen de la formación necesaria para poder desarrollar un informe con estándares profesionales. 

Quedaba más claro que únicamente estábamos ahí reunidos para ver obviedades, que solamente servían para intentar -en vano-, dar un sustento ya inexistente, a las arbitrarias, dañinas y mal intencionadas afirmaciones que solo un par de meses atrás hicieran los regidores del PUSC y Eddie Méndez en el Concejo Municipal para justificar, el atroz recorte del 54% al presupuesto de cultura para el año 2021 y para otras organizaciones como el comité auxiliar de la Cruz Roja de Belén. 

En una segunda intervención, María Antonia señaló con claridad este detalle, realmente el motivo que había originado todo esto, era esa negativa absurda y mezquina de dotar de presupuesto a los talleres de sensibilización artística, formación artística, adultos mayores y ARGAMASA, que estos tres regidores –algunos con más responsabilidades que otras- consumaron para este año. 

Utilizar una MENTIRA de que había ‘’cuestionamientos’’ en el manejo de fondos a las organizaciones, era solo la excusa para justificar lo que, durante los 15 años del gobierno de Horacio Alvarado, ningún Concejo Municipal se había atrevido hacer. Desbaratar los cursos de formación y sensibilización artística, únicamente para cumplir con el añejo deseo del grupo político del Alcalde, de socavar los pilares culturales del cantón. 

¿El motivo? A mi modo de ver muy claro, la imposibilidad de poder hacer proselitismo y clientelismo con la brillante política cultural de la Municipalidad de Belén, y que, en palabras del propio Ministerio de Cultura, ha sido ejemplo para todo el país y que –muy importante- por sus paradigmas de descentralización, democratizan la inversión de estos fondos, para provecho de los miles de beneficiaros belemitas que por años han aprendido danza, canto, pintura, guitarra, violín, teatro, expresión corporal, flauta, y decenas de artes nobles más. 

La realidad histórica es que todos los años, en la presentación que realiza la administración de Alvarado de su propuesta de presupuesto ordinario anual, vienen planteados recortes al sector cultura, que hasta el 2020, todos los anteriores Concejos Municipales se habían negado aceptar, devolviendo así el sustento económico que permitieron la continuidad de cursos, que, de otra forma, serían inaccesibles para una mayoría de la población belemita. 

Quedó claro que, lejos de justificaciones técnicas, económicas o de transparencia, lo que saltaba a la luz eran puras motivaciones políticas, o, mejor dicho, de miseria política, para hacer unos recortes obscenos a la cultura y a las asociaciones, que siempre han estado en el programa oculto del PUSC de Belén y que fue hasta este año con el apoyo del regidor liberacionista que pudieron concretar. 

Ejemplarizante fue la forma en que el presidente municipal cerraba la reunión, ‘’queda claro entonces que no hay ni malversaciones, ni dolo’’. Admitía así el regidor Méndez, aunque fuera de forma implícita y no explicita, que todas sus conjeturas que afectaron la imagen de las asociaciones y sus integrantes, fueron infundadas y que la búsqueda de disculpas que ADI La Ribera, ADI La Asunción y El Guapinol buscaron, estaban más que justificadas. 

Hay que reconocer que existieron deseos de la regidora Zeneida Chaves de corregir este error. Creo que a ella y una amplia mayoría de belemitas va quedando claro la intencionalidad real de afectar la cultura del cantón. Se debe comprender que la cultura es necesaria y lejos de estar afectando el trabajo que desarrollan los gestores, el Concejo Municipal debería volver a defender un presupuesto que blinde los avances que hemos conseguido en esta materia.

*El autor es regidor municipal por la Coalición Unión Belemita, Bachiller en Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica y vecino del distrito de San Antonio.