Pobreza, Derechos Humanos y política fiscal
Imagen con fines ilustrativos
Jonathan Acuña Soto*
Si se pierde el enfoque de DDHH en la discusión fiscal con facilidad reducirán la discusión haciendo creer que toda vía es buena mientras se resuelva el déficit fiscal, mientras imponen una vía regresiva, profundizadora de la desigualdad, y productora de estancamiento.
Me preocupa que en la discusión fiscal se omita, casi completamente, la perspectiva del papel que juega la política fiscal en el cumplimiento o incumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales.
Y es que observo un énfasis evidente en el efecto recaudatorio puro por parte de quienes defienden gravar la canasta básica. Y una omisión clara de los efectos de la medida sobre hogares en condición de pobreza.
El impacto de la política fiscal sobre los hogares en condición de pobreza es un asunto directamente relacionado con el cumplimiento y acceso a DDHH.
En primer lugar, porque la condición de pobreza implica el incumplimiento de derechos humanos. Por eso la CIDH ha señalado “que la pobreza constituye un problema de derechos humanos que se traduce en obstáculos para el goce y ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad real por parte de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación".
En segundo lugar, porque la política fiscal está directamente relacionada con el cumplimiento o incumplimiento de derechos humanos. Tal y como también lo ha señalado recientemente la CIDH en su Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas.
Por eso el impacto, de las medidas que se adopten en esta discusión fiscal en la que estamos inmersos, sobre los hogares en situación de pobreza, no puede omitirse o minimizarse. Omitir o minimizar ese impacto es negarse a enfocar el debate fiscal desde la perspectiva de los DDHH.
Y no se puede ni minimizar, ni omitir: el impacto del IVA sobre hogares en condición de pobreza es claro y grave.
Con el IVA (incluyendo la canasta básica gravada al 2%) la carga tributaria sobre los hogares del primer quintil se aumentaría en unos 17.500 millones de colones anuales (un 0,5% del PIB). Y de esos 17.500 millones de colones, al menos 7000 corresponden al IVA sobre bienes de la actual canasta básica.
Considerando que los dos primeros deciles los componen poco más de 304 mil hogares, con el paso al IVA (incluyendo canasta básica gravada) cada uno de esos hogares pagarían un promedio de poco más de 57 mil colones anuales más por impuesto. Cincuenta y siete mil colones anuales extra de carga fiscal sobre los
hogares más pobres y vulnerables del país.
Es innegable que urge una reforma fiscal que permita sanear las finanzas de Gobierno Centra. Que esa reforma debe ser suficiente para fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas y asegurar la capacidad del Estado Social de
Derecho. Pero también es innegable que la vía elegida no es neutral. Es innegable que no todo camino para solventar el problema de las finanzas públicas es igual. Que hay caminos alineados con los principios de los derechos humanos y otros caminos que se apartan de esos principios. Y esa discusión es sustancial y de
primera importancia.
*El autor es economista y se desempeña actualmente como asesor legislativo en el
despacho del diputado José María Villalta.
