Pequeñas y medianas empresas en Belén: Estrategia real para la reducción de la pobreza

Por Raquel Aviles Chaves

Candidata a Vicealcalde por Alianza por Belén

Según el Índice de Gestión Municipal que publicó  la Contraloría General de la República en julio de este año, el cantón de Belén se encuentra entre los cinco mejores del país. Esta información que nos muestra como un cantón exitoso no debe engañarnos a la realidad que se esconde en “la periferia de los distritos, como San Vicente, Chácara, Cristo Rey y La Amistad” como manifestó el alcalde, Horacio Alvarado en el periódico El País.

El Índice de Pobreza Humana Cantonal muestra un sostenido deterioro en la condición de pobreza de la población belemita, en el 2000  un 14,1% de las familias del cantón eran pobres, mientras que en la medición del 2005 esa cifra aumentó al 17,1% y en el 2014 a 17,2%.; y más grave aún, en el 2014 la pobreza extrema se encontraba en un escandaloso 3,9%.

La pobreza humana es el proceso en el que las personas carecen de las oportunidades más básicas para alcanzar su proyecto de vida. El Índice de Pobreza Humana Cantonal (IPHc) mide las privaciones en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano cantonal, más la exclusión social a través del desempleo, mientras que en la pobreza extrema, que es el estado más grave de pobreza, las personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir, como alimento, agua potable, techo, sanidad y cuidado de la salud.

¿Cómo es posible que Belén tenga ahora más pobres que hace quince años, si es un cantón que administra un presupuesto anual que ronda los siete mil millones de colones y que cuenta con una unidad de emprendedurismo y promoción laboral?

Estudios han demostrado que la solución para el tema de la pobreza es el emprendedurismo y el empleo. El emprendedurismo que lleva a transformar una idea en un negocio, por lo que resulta vital despertar la inquietud hacia el emprendimiento de proyectos de nuestra población más pobre.

Pero el emprendedurismo no es una chispa, una ocurrencia, que lleva a un cambio de mentalidad y a un proyecto exitoso de un momento a otro. Es un proceso que implica pasar de los conocimientos a la práctica, que obliga a un cambio de mentalidad y a la gestión y búsqueda de los servicios de apoyo disponibles, lo que resulta complicado si no se tiene el conocimiento para lidiar con el panorama legal e institucional de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), el cual es disperso y, en muchos aspectos, ineficiente.

Los instrumentos o mecanismos existentes para apoyar a las PYMES en Costa Rica son básicamente cuatro:

• Avales o garantías crediticias.
• Créditos,  sea a través de mecanismos de primero o segundo piso.
• Subsidios o subvenciones (no reembolsables)
• Servicios no financieros y de desarrollo empresarial (capacitación, asistencia técnica, elaboración de estudios sectoriales a nivel nacional y regional).

Dos leyes son las que han tratado de regular el tema PYMES, por un lado la Ley  de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reformas (ley 8262) y la Ley No. 8634 del Sistema de Banca para el Desarrollo y sus reformas.  Entre estas dos leyes, se ha creado un sistema de fondos y entes u  órganos encargados de la materia del fomento de las PYMES.

Sin embargo, lejos de ordenar estas leyes han venido a crear una maraña de fondos y servicios que están dispersos en una gran cantidad de instituciones y entidades financieras.

Los instrumentos propiamente financieros (concesión de avales o garantías, concesión de créditos y transferencia de recursos no reembolsables) están distribuidos en los bancos del Estado y entidades financieras y tienen como fin promover y fomentar programas de crédito diferenciado para MICRO Y PYMES. Por otra parte, la Ley de Banca para el Desarrollo le asigna al Banco Popular un fondo de garantías y uno de financiamiento (FODEMIPYME)

La ley de pequeñas y medianas empresas también crea el Programa de fortalecimiento para la innovación y el desarrollo tecnológico de las PYMES, denominado PROPYME, que es administrado por el CONICIT, con estos recursos se da apoyo financiero no reembolsable para financiar  proyectos novedosos.
Adicionalmente, la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo crea todo un sistema para brindar servicios no financieros y de desarrollo empresarial y financiamiento y promoción de proyectos productivos, a través de FINADE (que es un fideicomiso a ser administrado por un banco estatal) y el contrato para el manejo del Fondo de Crédito para el desarrollo (FCD), que se conforma con los recursos provenientes de los bancos privados. La constitución de un fondo para avalar o garantizar créditos otorgados a favor de las PYMES  y para prestar a las PYMES,  ya sea a través de mecanismos de primer o segundo piso, se divide entre el FODEMIPYME (Banco Popular administra y ejecuta), el FINADE (ejecutan el fiduciario y la Secretaría Técnica del Consejo Rector del SBD), el FFD (ejecuta cada banco por su lado) y el FCD (uno o más bancos del Estado administran y ejecutan).

Así mismo, otras entidades no financieras participan en el apoyo de las PYMES, como el INA, que está obligado a asignar una suma mínima del 15% de sus presupuesto para capacitar, brindar asesoría técnica, apoyo empresarial, apoyo en  procesos de preincubación, incubación y aceleración de empresas y otorgamiento de becas a nivel nacional e internacional.

Toda esta dispersión de servicios y financiamiento son confusos y de difícil acceso, quien pretenda acceder a ellos, en el supuesto de que lleguen a conocer que existen, debe trasladarse de una entidad a otra y atender trámites engorrosos, por lo que, las más de las veces, desistirá en el intento.

La municipalidad tiene la estructura y los recursos necesarios para apalancar a la población que está identificada como pobre e inclusive a la que se encuentra en riesgo de pobreza.

Los funcionarios de la unidad de emprendedurismo deben estar calificados para convertirse en padrinos y madrinas de los belemitas que no tienen el conocimiento para acceder a los recursos y servicios disponibles, deben brindar asistencia y capacitación para propiciar la formación de empresas, identificar una idea productiva, formular un proyecto, gestionar financiamiento y facilitar el conocimiento para administrarlo, debe orientar al usuario sobre cuáles programas concretos pueden ser aplicados en su caso, ayudándolo en todo el proceso de acceso a los distintos puntos del sistema y orientar a los beneficiarios para que puedan participar en el mercado, especialmente en los procesos de compras públicas.  Por otra parte, la Municipalidad debe disponer de los mecanismos legales que le permitan un trato preferencial a las PYMES constituidas por sus ciudadanos.

Mejorar el índice de gestión municipal es bueno si y solo si eso se traduce en bienestar para todos y todas. Solo con hechos concretos podemos revertir esa tendencia al empobrecimiento de nuestros ciudadanos. No podemos sentirnos exitosos (as) mientras existan en Belén familias que no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir.