La democracia de los mudos
E. Danilo Pérez Zumbado
En junio de 2016, celebraron con entusiasmo “Belén al día” y el excandidato a alcalde del Republicano Social Cristiano, Alexander Delgado L., la nueva “gestión operativa” del Concejo. Según el último, “ha mejorado completamente su accionar” pues la gestión del alcalde H. Alvarado “se ve muy fortalecida, logrando un apoyo para todas sus propuestas, eliminando muchas discusiones o como se calificó en algún momento: entrabamientos negativos.”
El señor Delgado repicó campanas de éxito a favor de un accionar que apenas arranca, sin esperar resultados. De manera similar e incomprensible, el excandidato a alcalde (o sea de oposición política), alabó, anticipadamente, los supuestos triunfos de su adversario electoral, sin ni siquiera dar un tiempo prudencial de prueba.
Al menos, debería haberse reservado por elegancia política y por respeto a quienes lo apoyaron con el voto. Con esto, no favorecemos la mezquindad sino cuestionamos la pertinencia, en este momento, de la declaración.
El interés primordial de esta reflexión está, empero, orientada más bien a cuestionar si la “nueva gestión operativa” introducida por la Unidad Social Cristiana y asumida incondicionalmente por Liberación Nacional, es un logro de la gestión municipal.
Que lo sea de quienes quieren brincarse al Concejo Municipal (o sea, al órgano deliberativo), es una cosa y otra es que la supresión de una función sustantiva, como la parlamentaria, derive en un avance del trabajo municipal. Es “vox populi” que la nueva gestión municipal del PLUSC (y sentimos volver a este concepto pero las evidencias son suficientes para afirmar la indistinción política de estos dos partidos en su dinámica municipal), dispuso hacer una reunión semanal previa de regidores propietarios dispuestos, alcaldía y algunos funcionarios (según el tema), la cual determina la agenda y proyectos que se conocerán y votarán en la siguiente sesión del Concejo Municipal.
Esto convierte la sesión en una bendición formal de lo que la administración (y algunos aliados) asumen como prioritario y donde, por la vía de la presidencia, se evita la intervención, discusión y negociación de los distintos representantes nombrados por el pueblo.
Que una reunión del Concejo Municipal dure una hora no dice ni de la pertinencia ni de la calidad de los acuerdos tomados. Si los miembros del cuerpo deliberativo (me refiero a todos, regidores, síndicos, concejales de distrito), no pueden o no quieren (lo cual es todavía más grave), expresar opiniones, formular contrapropuestas, enriquecer la reflexión administrativa y política, etc., entonces no tiene sentido su existencia.
Sería “más operativo”, entonces, no asistir a las sesiones y recibir por correo el cheque mensual de su dieta. Si los miembros del Concejo Municipal aceptan estas condiciones y miran al cielo raso mientras un pequeño grupo decide por ellos, deberían preguntarse por el sentido de su elección y la concepción de democracia a la que se adscriben.
Sobre esto último cito uno de los teóricos más esclarecidos de la democracia, R. A. Dahl (La democracia y sus críticos, Paidós, 1991), quien menciona cinco criterios del proceso democrático, de los cuales transcribo los siguientes:
“En todo el proceso de decisiones obligatorias, los ciudadanos deben contar con oportunidades apropiadas y equitativas para expresar sus preferencias con respecto a la solución final. Deben tener oportunidades apropiadas y equitativas para incorporar temas al programa de acción y para expresar las razones que los llevan a suscribir una solución en lugar de otra” (135).
“Cada ciudadano debe contar con oportunidades apropiadas e iguales para descubrir y convalidar (dentro del lapso que permita la perentoriedad de una decisión) la elección de los asuntos a ser debatidos que mejor sirvan los intereses de los ciudadanos” (138).
Es decir, el parlamento es democracia; es el espacio y oportunidad para que, quienes nos representen, cuenten con las condiciones apropiadas para expresar las posiciones y razones que tienen para tomar decisiones relativas a los programas de acción. En otras palabras, quienes nos representan están en la obligación ética de asumir posiciones y defenderlas, como parte del juego político.
Asumir, como ha hecho en el pasado inmediato la Unidad Social Cristiana, que “no nos dejan trabajar”, y que solamente hay trabas y obstáculos para la realización del programa de gobierno, dice solamente de su incapacidad para deliberar, negociar y alcanzar acuerdos con otras fuerzas para la realización de su programa de gobierno. Y quienes celebran una nueva “gestión operativa” y siguen reiterando irreflexivamente que quienes hacen uso de los derechos democráticos de reflexión y deliberación, son simples “obstaculizadores”, es porque desconocen o dejan de lado a propósito, criterios tan relevantes, como los transcriptos.
Si quienes son parte del Concejo aceptan las reglas operativas en funcionamiento (reuniones excluyentes y verticalismo de la presidencia) manifiestan, con su práctica, estar lejos del parlamentarismo y la responsabilidad para la cual fueron elegidos: la participación y el debate de ideas.
Estén o no de acuerdo con lo que la alcaldía propone (que tiene todo el derecho a hacerlo con arreglo a la normativa establecida), tienen el compromiso de participar en el debate del Concejo, procurando, por lo demás, que se realice dentro de los términos de respeto, calidad propositiva y pertinencia que demanda su cargo.
Es ahí justamente donde se ponen a prueba los valores y capacidades para la deliberación y la negociación política. De otra manera, lo que, en el Concejo Municipal, parece ocurrir es un remedo de mera “eficiencia administrativa”, que contradice la función parlamentaria.
Esperamos que la persona que asuma la presidencia del Concejo Municipal, dado el fallecimiento del señor Miguel Alfaro Villalobos (Q.E.P.D.), supere lo que, hoy, es en realidad una comedia que debería titularse la democracia de los mudos.
