La Corte Interamericana llama a garantizar los derechos humanos a las poblaciones sexualmente diversas después de décadas de lucha en las calles
Fuente de foto Amnistía Internacional
Por Karol Carmona Alvarado*
Los derechos humanos no son solo marcos legales que se ejecutan como recetas ya dadas para enfrentar formas de violencia y discriminación. En la actualidad, los derechos humanos pueden definirse como los procesos históricos de lucha por la dignidad humana, las movilizaciones sociales para exigir los bienes necesarios para vivir y el uso que las poblaciones históricamente excluidas hacen de la legislación nacional e internacional para fortalecer sus luchas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en este 2018 resolvió que el Estado costarricense debe garantizar los mismos derechos que brinda a los y las heterosexuales a las personas sexualmente diversas (gays, lesbianas, trans, bisexuales, queers, intersexo, entre otros colectivos).
Esta resolución no es un hecho aislado, ni surgido de la nada. Ha sido el resultado de las luchas callejeras e institucionales de las comunidades LGTBI** desde la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica, las cuales fueron inspiradas en los disturbios de Stonewall Nueva York 1969; no obstante, es hasta en la segunda mitad de década de 1970, cuando se formaron agrupaciones políticas y sociales que buscaban mayor visibilidad. La respuesta del Estado costarricense en aquel período, principalmente en la década de 1980, fue atacar a la población LGTBI por medio de redadas filmadas por algunos medios de comunicación.
Uno de los principales logros de la comunidad sexualmente diversa fue que en el año 2002, se eliminó del Código Penal el artículo que sancionaba la homosexualidad con el discurso de la “sodomía escandalosa”, establecido décadas anteriores. Esta ley, probablemente, abrió un portillo para las persecuciones policiales y la represión estatal de los años antes mencionados.
Dentro de las luchas por los derechos humanos, los movimientos sexualmente diversos en Costa Rica han perdido seres humanos que decidieron quitarse la vida por el rechazo social y familiar; inclusive, algunos murieron por falta de atención médica en el decenio de 1980.
A pesar de lo anterior, en la memoria, no se olvida la disputa que esta población emprendió en 1990, cuando algunos de los políticos añejos y tradicionales, que hoy se disputan el poder del gobierno para el 2018-2022, les intentaron obstruir un congreso académico de mujeres lesbianas y feminista, a quienes atacaron con violencia y prohibieron la entrada al país de que cualquier mujer que pudiera parecer lesbiana.
Han sido logros de los colectivos LGTBI que ahora puedan asegurar a sus parejas en la CCSS y que el movimiento de mujeres trans lograra el año pasado que el Estado les brinde la atención médica para iniciar el proceso de transición. Además, ellas son quienes actualmente tiene por primera vez en un partido político una mujer trans candidata a la diputación por San José.
Sin embargo, en pleno siglo XXI, encontramos costarricenses que, bajo el pretexto del “derecho de libertad de expresión” y marchas “pro familia”, promueven discursos de odio contra las poblaciones sexualmente diversas. Es desgastante escuchar en la campaña política del 2018 a los políticos de partidos tradicionales, nuevos y cristianos, con el fin de ganar votos, atacar a la población LGTBI, mediante el discurso de la familia “natural” (padre, madre e hijos) establecida por el Estado. Promueven un concepto de familia que no solo excluye a las parejas del mismo sexo, si no a las parejas heterosexuales que vivimos en unión libre, sin hijos o a los padres y las madres solteras que no cumplen con el concepto de familia estatal-religiosa.
Es una pena tener que recordarles a los conservadores, homofóbicos, transfóbicos y demás que la familia “natural” que ellos defienden fue el resultado de la violencia, el abuso sexual y la represión que, desde 1492, emprendieron los conquistadores españoles contra la forma de vida de nuestras comunidades indígenas, en las cuales las familias eran más extensas. Ojalá puedan reconocer que es en esa “familia natural” que tanto defienden, donde se producen casos de incesto, violencia intrafamiliar y femicidios.
Hoy, somos muchas las personas quienes celebramos la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esta construye sociedades menos excluyentes, más humanas y democráticas, al sobrepasar el odio e ignorancia y los discursos politiqueros viejos y descontinuados. El derecho al matrimonio igualitario y el respeto a la identidad de género han sido reconocidos por la Corte Interamericana, pero, más allá de eso, son parte de las luchas históricas de personas que siguen en la calle peleando por el reconocimiento de su dignidad humana.
*Master en Derechos Humanos y Educación para la Paz
**LGTBI: Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexo
