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Un deslizamiento de tierra ocurrido este jueves en una obra de alcantarillado en el sector donde se construye el condominio de Casas Max, en Barrio Fátima, dejó como saldo preliminar tres personas afectadas, entre ellas una fallecida.

Según la Cruz Roja Costarricense, el incidente se registró mientras tres trabajadores realizaban labores de alcantarillado, cuando un deslizamiento los dejó atrapados.

“A la llegada de los primeros recursos, se confirmó la presencia de tres pacientes. Uno de ellos se encuentra atrapado y fue ubicado sin signos vitales. Los otros dos pacientes están siendo valorados por el personal de emergencia”, destacó la institución.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó unidades básicas y avanzadas, además de la Unidad Especializada de Primera Intervención y Rescate y vehículos operativos.

Las autoridades mantienen activa la escena mientras continúan las labores correspondientes y la recopilación de información sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

La Municipalidad, por su parte, mencionó que: “se mantiene atenta a la información oficial que emitan las instituciones responsables y brindará toda la colaboración que corresponda dentro de sus competencias”. 

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Este domingo 10 de agosto habrá ventas de comidas en Barrio Fátima para celebrar a la Virgen que celebrará su día el próximo 13 de mayo.

Dentro del menú de platillos que ponen a disposición destaca el pozol, arroz con pollo, carne en salsa, picadillo de papa y muchos platillos más.

La cocina se aperturará a partir de las 10:30 a.m. con precios muy accesibles para el disfrute de toda la comunidad.

También,  a partir de la 1:00 p.m. se llevará a cabo el biingo que repartirá grandes premios en efectivo. Con un premio mayor de 100.000 colones.

Además, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación CCDR Belén prepara una serie de actividades recreativas que se desarrollarán en la plaza de la comunidad.

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El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) descartó el reúso de aguas tratadas de la planta de tratamiento del proyecto Casas Max para el riego de áreas verdes, debido a las características del suelo en el sitio.

Así se menciona en el oficio Senara-DIGH-UIH-OFI-042-2026, del 17 de marzo de 2026, emitido en respuesta a una consulta de la Municipalidad de Belén. 

Este pronunciamiento se realizó tras una denuncia interpuesta por vecinos de la zona, quienes manifestaron su preocupación por el permiso de construcción otorgado al proyecto y por la forma en que se abordó el tema del reúso de aguas, particularmente, considerando la ubicación del terreno en un área vinculada al flujo natural del manantial de Ojo de Agua.

La institución señaló que los suelos donde se ubicaría la planta de tratamiento y los sistemas de drenaje corresponden a materiales limo-arcillosos, los cuales no presentan condiciones adecuadas para la infiltración.

El criterio técnico indica que: “con respecto a las tasas de infiltración del terreno, la planta de tratamiento y los drenajes para el reúso del agua tratada estarían ubicados en suelos que no presentan las condiciones adecuadas para la infiltración, por lo que se debería reconsiderar otras alternativas para la disposición de las aguas”.

Lo que significa que el terreno no absorbe el agua con la rapidez ni de la forma necesaria. En lugar de filtrarse adecuadamente en el suelo, el agua podría acumularse o desplazarse superficialmente, lo que dificulta el uso seguro del sistema de riego propuesto.

Además, el informe señaló que casi todo el terreno presenta condiciones que no cumplen con lo que exige la normativa para este tipo de sistemas. Solo una pequeña parte del área tendría características adecuadas, lo que hace inviable aplicar esta solución en toda la zona verde del proyecto.

Adicionalmente, SENARA argumentó que los movimientos de tierra realizados en la propiedad podrían haber modificado las condiciones del suelo previamente evaluadas, por lo que recomendó realizar nuevos estudios de infiltración y recalcular parámetros técnicos antes de cualquier rediseño.

Antecedentes

El tema del reúso de aguas tratadas ha estado presente desde la aprobación del permiso de construcción de Casas Max, otorgado el 23 de abril de 2024 (Acta 25-2024, artículo 20). 

En dicha sesión, la fracción de la Unión Belemita señaló este aspecto como uno de los motivos para no respaldar el proyecto inmobiliario.

Por su parte, durante el desarrollo del proyecto la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima ha manifestado en múltiples ocasiones ante el Concejo Municipal su inquietud por la posible contaminación de fuentes de agua en la zona.

Asimismo, de acuerdo con el mapa de restricciones ambientales de Belén, el terreno donde se construye el proyecto es alcanzado en uno de sus sectores por el tubo de flujo del manantial de Ojo de Agua.

Posición oficial

Tras el pronunciamiento técnico de SENARA, se está a la espera de conocer la postura oficial de la Municipalidad sobre este tema, así como las acciones que podrían derivarse en relación con el manejo de las aguas tratadas dentro del proyecto.

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La agrupación Coalición Unión Belemita denunció públicamente una posible negociación para perdonarle a la empresa Casas Max el cumplimiento de obras comprometidas como parte de la carga urbanística asociada al permiso de construcción otorgado en abril de 2024.

Según un comunicado emitido por la organización, existirían gestiones desde la Administración Municipal orientadas a liberar a la inmobiliaria de una de sus principales obligaciones en el proyecto.

“Denunciamos públicamente que se están gestionando maniobras para liberar a Casas Max de su obligación de construir un nuevo sistema de alcantarillado pluvial en barrio Fátima, moderno y con mayor capacidad hidráulica, con desfogue hacia el río Segundo por el sector del Bajo de La Sorda”, se desprende del documento.

La agrupación también advirtió que el viernes 27 de febrero vencía el plazo otorgado por el MOPT a la Municipalidad para definir si la empresa debía mantener el plan original o modificarlo.

En ese sentido, se planteaba la disyuntiva de si la inmobiliaria “debía cumplir el plan original comprometido o desistir del mismo y limitarse a desviar las aguas hacia la finca Lehman”. Esto debido a los daños ocasionados al sistema pluvial existente durante el desarrollo de las obras.

“Desviar las aguas hacia la finca Lehman implicaría que Casas Max no construiría el nuevo alcantarillado pluvial comprometido, sino que simplemente repararía lo dañado”, señaló la organización.

Ante esto, la agrupación insistió en que lo procedente es la construcción de un nuevo sistema pluvial, con mayor capacidad hidráulica y financiado en su totalidad por la empresa desarrolladora.

Cualquier alternativa distinta fue calificada por el grupo como una “burla” hacia la comunidad.

Además, hicieron un llamado a la Administración Municipal para detener lo que consideran intentos de flexibilizar las obligaciones adquiridas por la empresa, al advertir acciones orientadas a “suavizar o reducir el cumplimiento de compromisos”.

Obras

Otro punto que señaló la agrupación política fue el uso del alcantarillado sanitario del proyecto urbanístico de Casas Max.

La agrupación mencionó que se debe cesar de “inmediato” la ocupación y uso del alcantarillado  hasta que el “Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) confirme técnicamente si procede o no el reúso de las aguas tratadas en las zonas verdes del condominio”.

Por otro lado, la agrupación denunció que en las labores que actualmente realiza la empresa en las calles de Barrio Fátima se incluye una prevista para un desarrollo inmobiliario que aún está sin permisos constructivos y aprobación de pajas de agua.

Se consultó a la Municipalidad sobre los temas denunciados por la agrupación; no obstante, al cierre de edición de la nota no se recibió respuesta.

Actuación bajo normativa

Por su parte, David Umaña Corrales, coordinador de Desarrollo Humano y Control Constructivo de la Municipalidad, afirmó que “la Municipalidad no puede imponer cargas urbanísticas sobre infraestructura que no está bajo su jurisdicción”. 

Consultado si se estaría negociando algún cambio de la carga urbanística con la empresa, argumentó que “la sustitución y colocación de tubería”, no es parte de esta, y alegó que “resulta incorrecto atribuirle obligaciones sobre infraestructura vial nacional”.

Asimismo, detalló que: “El análisis de la solicitud de la empresa de desviar las aguas hacia la finca Lehman; se encuentra en estudio por el asesor legal del concejo Municipal”. Motivo por el cual la Administración Municipal remitió todos los expedientes.

“Debido al que, el MOPT dispuso no supeditar el inicio de los trabajos en ruta nacional a ese criterio, iniciando las obras el próximo 16/03/2026 según lo comunicado por los desarrolladores”, agregó.

Por otro lado, mencionó que la preocupación de vecinos sobre la construcción de una prevista de un condominio que aún no cuenta con permisos correspondientes fue autorizada directamente por el MOPT y sus decisiones no implica un “autorización automática ni generan derecho a obtener permisos municipales”.

“Cualquier proyecto inmobiliario deberá tramitar y cumplir, de forma independiente, con el permiso de construcción y la disponibilidad de agua conforme a la normativa vigente”, argumentó.

Finalmente, sobre la planta de tratamiento cuestionada, mencionó que esta tiene la aprobación del Ministerio de Salud, incluyendo su sistema de reúso y que no existe criterio técnico que diga lo contrario.

“Ante una queja presentada por un administrado, la Unidad Ambiental formuló consulta formal a SENARA y se encuentra a la espera de su pronunciamiento. De emitirse algún criterio, se valorará y atenderá conforme a lo que técnicamente corresponda dentro del marco legal aplicable”, señaló.

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Ante el impacto que volvieron a causar las obras de Casas Max en Barrio Fátima, la Asociación de Desarrollo de la comunidad expresó que vigilará el cumplimiento brindado a la empresa por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

La Asociación reconoció como un paso importante el envío del oficio al MOPT por parte de la Municipalidad para valorar el Plan de Manejo de Tránsito.

“Lo que esperamos ahora es que se dé seguimiento a esa gestión, que se acerquen al lugar, vean directamente lo que está pasando y valoren la situación en sitio y que, si es necesario, se hagan ajustes para reducir el impacto en el barrio”, destalló la organización.

No obstante, agregó que le preocupa que en los trabajos se dé prioridad a una prevista para un condominio que aún no existe, “no cuenta con permisos ni con disponibilidad de agua aprobada, mientras aún hay daños pendientes de reparar en el sistema pluvial del barrio”.

Asimismo, argumentó que al día de hoy “aún hay daños pendientes de reparar en el sistema pluvial del barrio”.

“La intención no es detener las obras, sino que se realicen de la mejor manera posible y con el menor impacto para la comunidad”, subrayó.

La Municipalidad, por su parte, mencionó que esperará  la respuesta oficial por parte del MOPT.

Impacto vial

Consultada sobre los efectos que tienen estos trabajos, la Asociación mencionó que entre las acciones con mayores efectos se da por cierres totales por más de 15 minutos, impactando en la movilidad de las personas.

El efecto se siente aún más con la entrada a clases, ya que colapsan las dos vías que atraviesan la comunidad (rutas 129 y 111). 

Los vecinos reportan atrasos en la llegada a los centros educativos, al trabajo y en la asistencia a citas médicas. Además de una afectación a los comercios que están en el sector.

“Al no existir un control claro del tránsito en algunos momentos, se han dado situaciones imprudentes como motos circulando por las aceras, carros en contravía o bloqueando entradas de vecinos”, destacó la organización. 

“Esto provoca preocupación y molestia en la comunidad, además de contaminación sónica constante por el uso excesivo del pito”, agregó.

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Los trabajos de sustitución de tuberías pluviales que realiza la empresa inmobiliaria Casas Max en Barrio Fátima volvieron a generar presas, específicamente en la vía que desciende desde la Soda Acuantá.

El tema se abordó este martes durante la Sesión Ordinaria 12-2026 del Concejo Municipal, donde se expusieron inquietudes relacionadas con el impacto del proyecto en el tránsito vehicular, especialmente tras el inicio del curso lectivo.

Según se indicó en la sesión, las labores forman parte de un permiso otorgado para la sustitución de tuberías pluviales en el sector. Aunque la empresa mantiene operarios en el sitio para alternar el paso de los vehículos, vecinos han reportado afectaciones por la congestión.

La regidora de la Unión Belemita Marita Arguedas señaló que su intervención responde a una solicitud de colaboración. 

“He recibido varias llamadas y fotografías de vecinos de Fátima que están afectados por la congestión vial. Aunque la empresa tiene operarios que alternan el paso de los vehículos, lamentablemente, como era de esperar, con el inicio del curso lectivo el problema se ha agravado más. La solicitud es que se pueda apoyar con el tránsito municipal”, manifestó.

Por su parte, la alcaldesa, Zeneida Chaves, informó que desde la Administración Municipal se gestionó una solicitud ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

“Yo he estado detrás de poder buscar. Le hicimos una solicitud a David Umaña para que enviara una nota al MOPT. Acá les comparto que el 24 de febrero se hizo el trámite oficial ante el MOPT. El MOPT tiene la responsabilidad, el oficio se les mandó y hoy contestaron. Creo que en horas pico no se debe trabajar. Sergio, de Tránsito, dijo que él no puede regular esa parte. La entrada a clases genera desgaste. Pido que nos respeten las horas pico. Estamos en trámite de lo que se está resolviendo”, indicó.

Durante la discusión se recordó que, al tratarse de una ruta nacional, la competencia para la regulación del tránsito corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y no a la Policía de Tránsito Municipal.

De acuerdo con información de conocimiento público relacionada con el proyecto, el año anterior Casas Max habría dañado las tuberías pluviales previamente existentes en el sector. 

Asimismo, según el permiso de construcción original, la tubería debe colocarse nueva y con mayor capacidad hidráulica, extendiéndose hasta su desfogue en el río Segundo, por el sector conocido como Bajo de la Sorda.

Ante la persistencia del problema, se enviaron consultas a la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima para profundizar en las acciones a tomar.

El caso fue reportado por el vecino Víctor González, quien actuó de manera responsable tras detectar la presencia del animal en una zona urbana. Gracias a la orientación recibida y al apoyo de otros vecinos, el perezoso fue resguardado y trasladado a un sitio seguro, priorizando su bienestar.

“Quería agradecer la valiosa información que me brindaron para el rescate del perezoso, así como el apoyo para trasladarlo a un lugar seguro”, señaló González, quien también destacó la colaboración de don Carlos y de su padre por facilitar el operativo y resguardar al animal.

El rescate contó con el acompañamiento técnico del biólogo Frank Cedeño, profesional regente y autorizado en el manejo de fauna silvestre, quien asistió en la evaluación y traslado del perezoso hacia una zona segura, lejos de amenazas como carreteras, tendidos eléctricos y tránsito vehicular.

Sin embargo, este tipo de avistamientos no ocurren por casualidad. Vecinos y organizaciones ambientales advierten que la expansión de proyectos inmobiliarios, la tala de árboles y la ausencia de zonas boscosas  están obligando a especies como los perezosos a desplazarse fuera de sus entornos naturales, exponiéndolos a graves riesgos.

Cada nuevo condominio o proyecto de alto impacto sin una planificación ambiental rigurosa reduce los espacios de refugio y alimentación de la fauna silvestre. En Belén, cantón que ha experimentado un crecimiento urbano acelerado, estos impactos se manifiestan cada vez con mayor frecuencia.

Víctor González explicó que hacer público este caso busca sensibilizar a la comunidad y generar conciencia sobre la responsabilidad colectiva que existe frente a la biodiversidad local. “Estos rescates no deberían ser la norma, sino la excepción”, señaló.

Los vecinos comentaron que la fauna silvestre no puede depender únicamente de la buena voluntad de la comunidad, sino que, se requiere voluntad política, controles ambientales efectivos y un modelo de desarrollo que no siga avanzando a costa de la naturaleza.

La presencia de un perezoso en unterritorio altamente urbano como lo es nuestro cantón es una señal de alerta para potenciar los espacios boscosos, promover la repoblación de dichas especies y potenciar el turismo ecológico en el cantón de la mano con la protección de la naturaleza.

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La Municipalidad confirmó la ocupación de dos viviendas en el condominio de Casa Max, ubicado en Barrio Fátima, sin que se hubiera presentado el aviso formal de terminación de obras, el cual es un requisito obligatorio previo a cualquier ocupación, según informó la institución.

La constatación se realizó tras una inspección en sitio solicitada por el Concejo Municipal.

De acuerdo con la Municipalidad, la inspección se llevó a cabo mediante un acta notarial para garantizar la transparencia del procedimiento.

Ante esto, la Municipalidad emitió la Resolución Sancionatoria N.° ODU-0157-2025, con fecha del 15 de diciembre de 2025, en donde se declaró probada la infracción administrativa, se impuso una multa de ₡1.708.676,07 conforme a la Ley de Construcciones y se ordenó a la empresa inmobiliaria de abstenerse de continuar con la ocupación de las viviendas hasta cumplir con los trámites y verificaciones correspondientes.

Además, la resolución advierte sobre eventuales responsabilidades adicionales en caso de incumplimiento de lo ordenado.

Por este medio queremos explicar, de forma clara y sencilla, qué ha ocurrido recientemente y cuáles son los pasos que siguen.

*1. Decisión de la Sala Constitucional*

El 21 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional resolvió un recurso presentado por una vecina de Barrio Fátima, adulta mayor, quien indicó que las obras le generaron problemas como polvo, dificultad para entrar y salir de su vivienda, riesgos para peatones y afectaciones a servicios básicos.

*La Sala no condenó a la Municipalidad de Belén.* Por el contrario, indicó que la Municipalidad sí actuó, atendió las denuncias y realizó todas las gestiones que estaban dentro de sus posibilidades.

La Sala aclaró que:

• La carretera donde se realizaron las obras es una ruta nacional.
• Las decisiones finales sobre esa vía corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
• Por eso, la Municipalidad no podía resolver el problema por sí sola sin una decisión del MOPT.

*2. Acciones realizadas gracias a las gestiones municipales*

Debido a las denuncias de los vecinos y a las gestiones formales realizadas por la Municipalidad ante el MOPT, se logró que el MOPT:

• Visitara e inspeccionar el lugar junto con la Municipalidad.
• Suspendiera temporalmente las obras.
• Quitara el permiso para intervenir la carretera.
• Obligar a la empresa a presentar un plan correctivo, con plazos claros y supervisión constante.

*3. Reunión con vecinos, MOPT y empresa*

El 11 de diciembre de 2025, el MOPT realizó una reunión con:

• Vecinos de Barrio Fátima
• Municipalidad de Belén
• Empresa desarrolladora

En esa reunión se informó que:

• Las obras solo podrán continuar si la empresa cumple totalmente con el plan aprobado por el MOPT.
• El MOPT es quien decide sobre la Ruta Nacional 129.
• Las obras se retomarían en época seca (enero 2026) para reducir riesgos.
• El MOPT se hará responsable de que las zonas intervenidas queden completamente reparadas.
• Se aumentó la garantía económica para proteger a la comunidad.
• La empresa contrató una constructora con experiencia y una auditoría permanente.

*4. Sanción aplicada por la Municipalidad*

De manera independiente, la Municipalidad realizó una inspección y comprobó que dos viviendas del condominio estaban ocupadas sin haber terminado legalmente las obras, lo cual no está permitido.

Por esta razón, la Municipalidad:

• Confirmó que hubo una falta administrativa.
• Aplicó una multa de ₡1.708.676,07.
• Ordenó que no se continúe la ocupación de esas viviendas hasta cumplir con la ley.
• Advirtió que podrían existir más consecuencias si no se cumple la orden.

Queremos reiterar a los vecinos de Barrio Fátima que:

• Sus denuncias sí fueron escuchadas.
• Se actuó con hechos concretos, no solo con palabras.
• El proceso no ha terminado y la Municipalidad seguirá dando seguimiento.
• La Municipalidad continuará trabajando de la mano con el MOPT hasta que las obras se hagan correctamente y sin poner en riesgo a la comunidad.

Sabemos que esto requiere paciencia, pero nuestro compromiso es que los vecinos puedan recuperar condiciones adecuadas de seguridad, tranquilidad y calidad de vida.

Toda la actuación de la Municipalidad está respaldada por documentos oficiales y por la resolución de la Sala Constitucional del 21 de noviembre de 2025.

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La Sala IV condenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por no atender de manera oportuna las denuncias relacionadas con las obras pluviales del proyecto habitacional de la empresa Inmobiliaria Casa Max sobre la Ruta Nacional 129, las cuales afectaron a una vecina de Barrio Fátima.

La Sala determinó que el MOPT actuó de forma tardía hasta que se notificó la resolución de curso del proceso de amparo, a pesar de tener conocimiento de la situación. 

Según la resolución, la institución procedió “a realizar una inspección y revisión de lo denunciado y decidieron revocar temporalmente permiso previamente otorgado para la ejecución de obras dentro del derecho de vía de las rutas nacionales 129 y 111”.

El órgano judicial se manifestó mediante la resolución n.° 2025038436, el cual declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por María del Rosario Rodríguez Rodríguez.

Rodríguez, una adulta mayor con discapacidad y oxígeno dependiente, denunció que las intervenciones asociadas al proyecto estaban comprometiendo su salud y la de otros vecinos. 

Entre estas intervenciones se incluían las zanjas profundas sin señalización, la acumulación de escombros, polvo y las afectaciones a servicios como electricidad y agua.

En la misma resolución, la Sala absolvió al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a la Municipalidad. En el caso de CONAVI, el Tribunal concluyó que no tenía responsabilidad directa, pues no ejecutaba las obras ni contaba con competencia inmediata sobre las intervenciones cuestionadas. 

Respecto a la Municipalidad, la Sala estimó probado que el gobierno local sí realizó gestiones, tales como reuniones con vecinos, inspecciones en sitio, solicitud de informes técnicos al desarrollador y traslados formales de las inquietudes al MOPT. Según la Sala dichas actuaciones evidenciaron que dio seguimiento a las denuncias dentro de sus competencias, por lo que no incurrió en omisión que justificara una condena.

Asimismo, la Sala recordó a las autoridades la obligación de “continuar velando por la correcta ejecución de las obras objeto” del recurso cuando se decida que pueden reanudarse, para evitar que “se presenten nuevamente los hallazgos que originaron” la denuncia.