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Este 1 de mayo, el Concejo Municipal renovará su directorio como es costumbre cada 2 años.

Según fuentes consultadas, el regidor del PUSC, Gilbert González, ya tendría los votos requeridos para obtener el cargo de presidencia para los próximos 2 años,

Esto debido a un acuerdo entre dicha agrupación y el PLN, en representación de la regidora Teresita Venegas.

Por su parte, la vicepresidencia sería ocupada por Venegas quien ejerció el cargo de presidencia durante los 2 primeros años de gestión.

De esta forma, el PUSC y PLN renovarían un acuerdo que cumple ya dos periodos, mediante el cual los primeros dos años son para la regiduría del PLN y los últimos dos años para el PUSC.

La elección de los cargos se realizará en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 12 m.d.

El Concejo Municipal en Belén está integrado por 5 regidurías propietarias con derecho a voz y voto; además de 5 regidurías suplentes y 3 sindicaturas propietarias y suplentes.

• Las oficinas administrativas reabrirán el lunes  11 de mayo tras la medida adoptada en apego al decreto del Gobierno

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La Municipalidad anunció que se acogerá al asueto nacional decretado con motivo del traspaso de poderes del viernes 8 de mayo de 2026, por lo que sus oficinas permanecerán cerradas durante ese día.

La medida fue adoptada por la Alcaldía Municipal, en apego al Decreto Ejecutivo N.° 45680-MGP y con fundamento en lo dispuesto por el Código Municipal. 

Mediante un memorando remitido al Concejo Municipal en la sesión del Concejo Municipal del martes 28 de abril, se comunicó oficialmente la decisión de sumarse a la disposición nacional que concede asueto a las instituciones públicas en el marco de la Transmisión del Mando Presidencial.

A pesar del cierre de las oficinas administrativas, la Administración Municipal aclaró que los servicios esenciales continuarán operando con normalidad. Entre estos se incluyen la Policía Municipal, la Policía de Tránsito y el servicio de recolección de residuos. Asimismo, los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Barrio Escobal y La Ribera permanecerán abiertos.

Otros servicios como fontanería y el cementerio municipal funcionarán bajo la modalidad de disponibilidad. 

En caso de emergencias o requerir atención, la ciudadanía podrá comunicarse con la Policía Municipal a los teléfonos habilitados para estos fines.

Las labores administrativas se retomarán con normalidad el lunes 11 de mayo.

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La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que no votará nuevos permisos a la inmobiliaria Casas Max hasta que no se resuelvan las obras pendientes que la empresa tienen en Barrio Fátima.

El anuncio lo realizó la fracción en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del 24 de marzo de 2026, durante la discusión de un oficio de la Alcaldía sobre las obras que Casas Max realizará en el alcantarillado pluvial de Barrio Fátima.

El regidor Gilberth González mencionó que no va “a pasar ninguna aprobación de ningún documento, de ningún proyecto que tenga que ver con Casas Max, hasta que no estén a derecho con todo el desorden y el caos que han ocasionado a los vecinos de Barrio Fátima”.

Además, hizo un llamado para que el MOPT fiscalice las obras que actualmente se desarrollan y que quede resuelto a la brevedad.

 “No podemos esperar un invierno más para que los vecinos de Barrio Fátima sigan sufriendo”, agregó.

Por su parte, la regidora, Lourdes Villalobos,  mencionó que nunca han ido en contra de los vecinos de Barrio Fátima.

“Tenemos que ir con la ley, pero yo esta alcahuetería tampoco la voy a permitir. Yo no voy a levantar la mano y que sepan, si me están escuchando los señores de Casa Max 2, que esta regidora no levantará la mano para dar un permiso. Que lo den los demás, pero yo no”, mencionó.

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La desarrolladora Casas Max finalmente no tendrá que ejecutar la compleja instalación de nueva tubería pluvial hacia el río Segundo, como originalmente estaba previsto para el proyecto en Barrio Fátima. En su lugar, el desfogue se realizará a través de la finca Lehman, utilizando una servidumbre de aguas ya constituida, que termina en una quebrada natural y de esta al río Segundo.

La decisión se consolida tras una resolución reciente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que autorizó un nuevo esquema de intervención menos invasivo sobre la Ruta Nacional 129, permitiendo un cruce transversal para conectar el sistema pluvial hacia dicha finca.

Un cambio clave: de tubería extensa a desfogue por servidumbre

El diseño original contemplaba la construcción de una red de tuberías de gran diámetro a lo largo de las rutas nacionales 111 y 129, con una longitud aproximada de 1.480 metros. Sin embargo, la alternativa ahora avalada elimina esa necesidad, reduciendo la intervención a un cruce puntual y trasladando el desfogue hacia la quebrada sin nombre que atraviesa la finca Lehman, afluente del río Segundo.

Este cambio implica, en la práctica, que Casas Max ya no tendrá que desarrollar la infraestructura pluvial originalmente exigida para mitigar impactos en Barrio Fátima, trasladando el manejo de aguas hacia un sistema existente mediante servidumbre.

El papel (y silencio) de la Municipalidad

Uno de los elementos más relevantes del caso es que desde diciembre de 2025 el MOPT se encontraba a la espera de un pronunciamiento del Municipalidad de Belén sobre si esta modificación debía ser considerada un cambio sustantivo del permiso original.

Incluso, se había advertido la necesidad de una respuesta pronta para definir si la nueva propuesta podía aplicarse o si debía mantenerse el diseño inicial. No obstante, dicho pronunciamiento nunca se produjo.

A pesar de esa ausencia de criterio municipal, el MOPT avanzó con la autorización de la alternativa propuesta, argumentando razones de interés público, como la menor afectación a la infraestructura vial, reducción de tiempos de obra y menor impacto para la comunidad. Sin embargo su resolución omitió analizar lo que en su momento fue considerado como una carga urbanística implícita para la inmobiliaria, que se presentó como una mejora para la comunidad al contar con un nuevo sistema pluvial.

Actuaciones desde la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad

A este escenario se suma el papel del ingeniero David Umaña Corrales, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, quien ya había emitido un aval técnico para un segundo desfogue pluvial vinculado al proyecto Casas Max 2 (Condominio Residencial La Ribera 02 – Living).

Este aval resulta particularmente relevante porque se otorgó pese a que dicho proyecto aún no cuenta con permiso de construcción, lo que ha generado cuestionamientos sobre la secuencia y el alcance de las autorizaciones técnicas que se están concediendo en torno a estos desarrollos inmobiliarios.

Una decisión con carácter temporal

El permiso otorgado para el nuevo esquema de desfogue tiene carácter temporal en el caso del proyecto Distrito 7, y se mantendrá vigente hasta que la Municipalidad emita eventualmente un criterio definitivo.

En caso de que ese pronunciamiento no avale la modificación, se advierte que deberá replantearse técnicamente el sistema para volver a un esquema de conducción directa hacia el río Segundo.

Contexto de cuestionamientos

Este desenlace ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre una posible flexibilización de las obligaciones de la desarrolladora, señalados previamente por agrupaciones comunales. La principal preocupación ha girado en torno a si se está permitiendo a la empresa evitar obras originalmente planteadas para mitigar impactos en Barrio Fátima.

Con la resolución actual, el proyecto avanza bajo un esquema distinto al inicialmente previsto, en el que la carga de infraestructura se reduce significativamente, mientras el debate sobre la legalidad y conveniencia de estos cambios sigue abierto.

Belén será nuevamente sede del Picnic Festival 2026, evento musical que se realizará los días 14 y 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, en San Antonio de Belén.

El festival es organizado por la productora Jogo y, en ediciones anteriores, ha congregado a miles de asistentes por jornada, lo que lo convierte en una de las actividades musicales de mayor convocatoria del país.

Ante la afluencia de público prevista durante ambas fechas, la Municipalidad anunció la implementación de un operativo especial de movilidad y seguridad vial para regular el tránsito en los alrededores del recinto.

Operativo vial y cierres parciales

De acuerdo con la información divulgada por la Municipalidad, se realizarán cierres parciales en intersecciones estratégicas del cantón, particularmente en sectores cercanos a El Lagar, Mueblería Vanessa y Comidas La Abuela.

Las labores de control iniciarán a partir de la 1:00 p. m. y se extenderán hasta la medianoche, para reducir congestionamientos y facilitar la movilidad vehicular durante las jornadas del festival.

Las medidas también contemplan el cierre de la calle El Ande y la calle de los Bomberos durante los días 14 y 21 de marzo, como parte de las acciones preventivas para el desarrollo del evento.

El operativo será ejecutado mediante una coordinación interinstitucional en la que participan el Cuerpo de Bomberos, Fuerza Pública, Policía Municipal, Policía de Tránsito, Tránsito Nacional, el Ministerio de Salud y policías municipales de cantones vecinos.

Según la Municipalidad, este trabajo conjunto busca ‘’salvaguardar el orden, fortalecer la seguridad y mitigar posibles inconvenientes derivados del aumento en la circulación vehicular y la presencia de visitantes’’.

Tributos municipales

Además del impacto logístico que implica la organización de este tipo de actividades, el festival también genera ingresos municipales asociados a tributos específicos vinculados a eventos y espectáculos públicos.

De acuerdo con datos presupuestarios de la Municipalidad de Belén, anualmente se recaudan aproximadamente ₡251 millones por concepto de impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios, rubro que representa alrededor del 1,69 % del presupuesto ordinario municipal para el año 2026. Este rubro representa la totalidad de eventos y no únicamente relacionado con el Picnic 2026.

Entre preocupaciones por el tránsito y apoyo al impacto económico

Tras la publicación del anuncio del operativo en la página oficial de la municipalidad en Facebook, varios vecinos del cantón expresaron opiniones diversas sobre la realización del evento y las medidas de tránsito previstas.

Entre los comentarios críticos, algunos residentes señalaron preocupaciones relacionadas con la movilidad y el impacto del festival en la vida cotidiana del cantón.

Una vecina identificada como María Fernanda Rojas escribió que “cada año es lo mismo: presas enormes, ruido hasta la madrugada y a los vecinos nos toca asumir las consecuencias”, al referirse a las ediciones anteriores del evento.

En la misma línea, Luis Chacón, otro usuario que comentó en la publicación, indicó que “sería importante pensar primero en la calidad de vida de los vecinos de Belén, porque esos días prácticamente no se puede salir ni entrar con facilidad”.

No obstante, otros ciudadanos manifestaron posiciones favorables a la realización del festival y a las medidas anunciadas.

Por ejemplo, Andrea Mora señaló que “este tipo de eventos también traen movimiento económico y ponen a Belén en el mapa de conciertos internacionales”, agregando que el operativo de tránsito “ayuda a que todo se realice de forma más ordenada”.

De manera similar, Carlos Vargas expresó en la misma publicación que “el festival atrae turismo, trabajo y oportunidades para muchos comercios de la zona”, por lo que considera positivo que se planifique con tiempo la logística vial.

Planificación para eventos masivos

Desde la Municipalidad de Belén indicaron que este tipo de operativos forman parte de los procesos de planificación para eventos masivos que se realizan en el cantón.

La institución reiteró que el objetivo es garantizar condiciones de movilidad seguras para vecinos, visitantes y servicios de emergencia, al tiempo que se atiende el incremento en el tránsito y la presencia de público que genera la realización del festival.

La contaminación de la Quebrada del Humedal (El Yurro), un afluente que desemboca en el río Segundo y atraviesa el área de protección del humedal de La Ribera, volvió a colocarse en el centro del debate ambiental en Belén, luego de que vecinos ganaran un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y de que el tema fuera discutido recientemente en el Concejo Municipal.

El problema no es nuevo. Un informe técnico elaborado por la Unidad Ambiental de la Municipalidad en 2023 ya advertía que la situación de la Quebrada del Humedal (El Yurro) debía analizarse desde una perspectiva integral de microcuenca, debido a la presencia de descargas de aguas pluviales mezcladas con aguas residuales provenientes de distintos sectores cercanos.

Una quebrada con múltiples presiones

De acuerdo con el informe técnico UA-177-2023 de la Unidad Ambiental, la Quebrada del Humedal (El Yurro) “tiene su origen dentro de terrenos de la finca Akron, propiedad de Corporación Pipasa, y posteriormente continúa su recorrido natural hasta desembocar como tributario del río Segundo”.

El documento señala además que “en el punto inicial del cauce existe un aporte de un sistema de alcantarillado pluvial municipal que ingresa al terreno mediante una servidumbre de hecho”, lo que marca el inicio del curso del afluente.

A partir de ese punto, el agua fluye a través de un cauce natural con presencia de vegetación hidrófila y árboles de mediano y gran tamaño en sus márgenes. Sin embargo, la Unidad Ambiental advierte que la situación del afluente es compleja desde el punto de vista sanitario y ambiental.

El informe técnico indica que en la microcuenca confluyen distintos aportes, señalando que el área recibe escorrentías y descargas provenientes del barrio La Chácara, de la finca Akron y de la Ruta Nacional 129, lo que genera presiones sobre el ecosistema.

Además, el documento recuerda que “las municipalidades tienen la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental dentro de su territorio”, en concordancia con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas y la Ley Forestal.

El análisis técnico también subraya que se trata de una zona ambientalmente sensible, debido a su cercanía con el humedal de La Ribera y a la vulnerabilidad del acuífero Barva-Bermúdez, uno de los principales reservorios de agua subterránea del Valle Central.

Vecinos acuden a la Sala Constitucional

La problemática tomó un nuevo giro en 2026, cuando la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto por vecinos de La Ribera que denunciaron la contaminación de la Quebrada del Humedal (El Yurro).

En el recurso, los vecinos señalaron que durante los últimos años se habrían permitido descargas de aguas pluviales mezcladas con aguas grises y negras dentro del área protegida, sin una fiscalización efectiva por parte de las autoridades.

Los recurrentes también alegaron que en años recientes se gestionó el encauzamiento de aguas provenientes del caserío La Chácara hacia el humedal, mediante una servidumbre temporal que atravesaba propiedad privada. Según expusieron en el recurso, estas acciones se habrían realizado sin estudios técnicos suficientes ni permisos ambientales adecuados.

En la denuncia presentada ante la Sala Constitucional se advirtió que la situación podría generar impactos ambientales relevantes, entre ellos contaminación del agua, afectación a la biodiversidad del ecosistema y posibles riesgos para los mantos acuíferos que abastecen a la región.

Los vecinos también señalaron que la falta de acciones correctivas por parte de las autoridades vulneraba “el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, establecido en el artículo 50 de la Constitución Política.

El tema llega al Concejo Municipal

La situación también fue discutida en la sesión del Concejo Municipal del pasado 3 de marzo de 2026.

Durante la sesión, el regidor Ulises Araya consultó a la alcaldía sobre el cumplimiento de un acuerdo adoptado por el Concejo en diciembre de 2025, mediante el cual se había solicitado un informe técnico sobre los distintos puntos de descargas ilegales hacia la Quebrada del Humedal (El Yurro).

En su intervención, Araya recordó que “en ese acuerdo que tomamos se solicitó un informe técnico relacionado con los distintos puntos de descargas ilegales a esa quebrada”.

El regidor también señaló que el acuerdo establecía un plazo de un mes para la elaboración del informe, indicando que “ya de ese acuerdo han pasado casi tres meses, poquito más de tres meses al respecto”.

Asimismo, aclaró que el problema no se limita únicamente a la intervención del Ministerio de Salud, ya que también existen responsabilidades institucionales a nivel municipal.

Durante la sesión, Araya recordó que el tema viene siendo discutido desde años anteriores y señaló que “ya esto también viene desde el 2023”, cuando se adoptaron acuerdos que buscaban recuperar la quebrada y eliminar las descargas de aguas residuales que llegan al afluente.

Según indicó, estas descargas ocurren dentro de un terreno que forma parte del área de protección del humedal de La Ribera, una zona protegida por la legislación ambiental. En ese contexto, afirmó que “hay responsabilidad también por parte de la Administración Municipal, porque los desfogues que se hicieron directamente a esa quebrada en algún momento la Administración Municipal tuvo que haberlos visto o percibido”.

Plan remedial pendiente

Ante las consultas planteadas en la sesión, la alcaldesa municipal Zeneida Chaves indicó que el informe técnico de la Unidad Ambiental ya había sido elaborado anteriormente, pero que actualmente se encuentra pendiente la elaboración de un plan remedial para atender la situación de la Quebrada del Humedal (El Yurro).

Durante su intervención, la alcaldesa explicó que “del 2023 el UA-77 se generó y se vio en la Alcaldía” y añadió que posteriormente “se le solicitó a la Unidad Ambiental hacer un plan remedial”.

No obstante, indicó que ese proceso aún no ha concluido. Según expresó ante el Concejo Municipal, “eso es lo que está pendiente, el plan remedial, porque no me lo ha remitido el técnico”.

Debate ambiental y urbanístico

La situación de la Quebrada del Humedal (El Yurro) también se ha vinculado recientemente con un debate urbanístico en el cantón. Actualmente se tramita un permiso de construcción para un proyecto habitacional denominado condominio Los Toros, el cual contempla la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con la documentación del proyecto, las aguas tratadas del desarrollo habitacional serían descargadas en la Quebrada del Humedal (El Yurro), lo que ha generado cuestionamientos y preocupación entre vecinos y actores locales que siguen de cerca la situación ambiental del sector.

Este elemento se suma al contexto de denuncias, estudios técnicos y procesos administrativos que actualmente rodean el estado ambiental de la quebrada y su relación con el humedal de La Ribera.

Redacción El Guacho
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La Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, en el documento AAI-02-2020: Advertencia sobre el  diseño de los planos constructivos del edificio municipal de Belén, emitió una serie de conclusiones referentes al proyecto de construcción de la nueva edificación municipal.

El propósito de este documento es advertir al Concejo Municipal sobre distintos riesgos asociados a este proceso, para que este órgano realice las consideraciones  pertinentes  para definir el futuro de este proyecto; además, en el informe se deja claro que será el Concejo Municipal quien determine el futuro de dicho proyecto. 

Para realizar este documento, la auditora interna Maribelle Sancho García, se basó en el análisis de los informes generados por dicho órgano de fiscalización interna incluyendo advertencias y seguimientos sobre el proyecto de construcción del edificio municipal y el diseño de los planos constructivos, llevadas a cabo por los responsables asignados para tal fin.

En un inicio, el área total del proyecto estimada era de 4.935 m2, divididos en 3.595 m2 de la edificación y 1.340 m2 de instituciones aliadas. La empresa Consultécnica S.A., en su momento, estimó que el costo total de la edificación alcanzaría un total de ¢3.148.600.000,00. 

Posteriormente, la Administración contrató por servicios especiales a un grupo de profesionales, con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la anterior contratación, ya que esta no se finalizó. En este caso, el funcionario encargado del proyecto estimó el costo de la edificación en ¢5.000.000.000,00.

Más adelante, el Instituto Costarricense de Electricidad presentó un “Presupuesto detallado, construcción y equipamiento electromecánico del Edificio Municipal de Belén” por un costo total de ¢5.252.704.816, utilizando el tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica al 19 de junio de 2020.

El informe AAI-02-2020 recalca que la Administración Municipal es firme en asegurar que supedita el proyecto a la aprobación final del Concejo Municipal con previa recomendación de la comisión especial creada para tal fin, por lo que a la fecha de la presente advertencia, la decisión final se encuentra en dicho órgano.

Auditoría también manifestó que las observaciones presentadas ante el Concejo Municipal sobre los planos constructivos del edificio municipal, no fueron atendidas en su mayoría por el encargado de la obra.Dicha situación podría afectar el éxito del proyecto, al materializarse riesgos de tipo financiero, técnico, operativo y de seguridad e integridad de las personas usuarias del edificio.

Sobre la Comisión Especial del Edificio Municipal, informó que el actual Concejo Municipal debe darle continuidad a esta, ya que su vigencia fue hasta el 30 de abril del 2020, cuando finalizó el periodo del anterior órgano. 

También, se señala en este informe que la Municipalidad de Belén estaría frente a un riesgo de tipo financiero. Esto debido a que, si esta no solicita al ex funcionario contratado para la elaboración de los planos constructivos, que complete y remita el formulario de exoneración de honorarios y el contrato de consultoría en cero, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), este podría exigir a futuro como parte de este rubro, montos que rondarían entre ₡330,603,000 y ₡551.629.160.

Este proyecto de la construcción del edificio municipal,originó un gasto de servicios especiales a la Municipalidad por la suma de ₡49.587.902, lo cual representa una posible afectación a la Hacienda Municipal, en el caso de que los productos generados por los profesionales contratados no sean utilizados. 

 Dentro de los anexos de este informe, también se agregó un extracto del artículo 12 de la sesión ordinaria N.º 55-2017, donde Eddie Mendez,  presidente municipal, externó una serie de observaciones sobre el diseño de los planos de dicho proyecto, ya que este regidor posee formación profesional en el campo de la arquitectura.

La auditora concluye finalmente  en el documento AAI-02-202, que “el Concejo Municipal en el afán de la consecución exitosa del proyecto y valoración de los riesgos asociados al mismo, debe considerar en primera instancia dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio Municipal en el marco del grupo multidisciplinario que la integraba, asegurarse que los entregables de los funcionarios contratados estén respaldados con los cálculos y estudios técnicos (memorias de cálculo) correspondientes, y en el caso de utilizar dichos entregables tener la certeza que estos funcionarios presenten el formulario de exoneración de honorarios y el contrato de consultoría en cero».

«No se debe dejar de lado la atención de las observaciones a los planos que en su mayoría no fueron atendidas por los citados profesionales contratados temporalmente por parte de la administración municipal», enfatiza el informe AAI-02-2020. 

«De no corregirse esta situación, podrían exponer a la Municipalidad de Belén, no solo a la pérdida patrimonial sino también a la eventualidad de que al no solucionarse se puede poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas usuarias del edificio”, mencionó la Auditoría Interna. 

Este documento considera que, una vez que el Concejo Municipal evalúe todo lo expuesto anteriormente, de continuar con el proyecto, se debe realizar la valoración financiera correspondiente a este, tomando en cuenta el marco de la coyuntura nacional actual, que seguirá impactando las finanzas municipales. 

Roberto Rodríguez Sánchez

redaccion@periodicoelguacho.com   

El Concejo Municipal acordó oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración en los límites del cantón, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores. 

La oposición se efectuó mediante una moción presentada por la fracción de la Unión Belemita y aprobada el pasado martes 23 de junio y ratificada el martes 30 de junio de forma unánime por el Concejo Municipal.  

Dentro de los considerandos de la moción, se señala que: “El país tiene el plan de ser un país descarbonizado al año 2050, mediante el Decreto Ejecutivo 41561 se oficializó el Plan Nacional de Descarbonización. Dicho plan establece una reducción muy significativa de las emisiones del país que afectan el cambio climático, lo que se contrapone con una planta de incineración, que más bien aumenta las emisiones a la atmósfera y promueve el cambio climático”.

Ulises Araya Chaves, quien es regidor suplente, indicó que “con un contrato de incineración, las municipalidades que fuesen parte perderían autonomía sobre sus residuos, hipotecando un jugoso presupuesto y por consiguiente su futuro económico para implementar soluciones reales que vayan de acuerdo a la filosofía de un país verde. En este contexto, promover la incineración de residuos significa renunciar a abordar el problema desde la raíz’’. 

Ecologistas en alerta 

Fabián Pacheco, máster en Agrobiología Ambiental y ecologista, indicó lo siguiente:  “desde diversas organizaciones de la sociedad civil, nos oponemos por los graves impactos ambientales, ampliamente documentados, de la incineración de residuos sólidos”. 

El ambientalista agregó que “esa es una actividad que con la excusa de producir electricidad demanda enormes cantidades de energía y produce dioxinas contaminantes. Más del 70 % de las municipalidades sub ejecutan el 50% de su presupuesto, y muchas de ellas no cumplen con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Si tan solo destinaran un porcentaje de estos recursos sub-ejecutados a una verdadera campaña Hacia Basura Cero, basada en rechazo al consumo de artículos contaminantes, compostaje, reutilización y reciclaje, no se consideraría la opción de incinerar”. 

Así mismo, Pacheco asevera que: “La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos obliga en primera instancia a reducir la generación de residuos; sin embargo, la rentabilidad de la incineración depende más bien de que las cantidades de residuos se mantengan e incrementen. Lo anterior afecta directamente a las familias y organizaciones que actualmente dependen de actividades relacionadas con el reciclaje”. 

“La separación, el reciclaje y el tratamiento también son obligaciones estipuladas en la Ley, que establece asimismo la necesidad de redactar una política y un plan nacional de gestión de residuos que contenga una seria campaña de educación sobre el manejo responsable de los mismos”, indicó.

Marlen Chacón Cubillo, activista del Movimiento hacia Basura Cero Costa Rica, señaló que le preocupa el desconocimiento de la ciudadanía sobre los impactos negativos que hay en la salud humana y en el ambiente. “Se conocen estudios sobre el impacto de las dioxinas y furanos emitidos por estas plantas de incineración generan malformaciones congénitas, alergias, enfermedades respiratorias y cáncer”. 

“Las mujeres tienen derecho a una gestación sana y libre de dioxinas de las incineradoras en la GAM. Sabemos que no existe en Costa Rica ni siquiera una regulación de los gases que este tipo de incineradoras emiten ni capacidad tecnológica instalada para un adecuado monitoreo de sus emisiones de gases tóxicos”, explicó.

“Otro impacto es la desaparición de los centros de recuperación de residuos como cartón, plástico, etc. Todo se iría a la basura, porque ahora aparecería una planta que mágicamente desaparece. Hay una afectación económica seria a las personas que vivimos del reciclaje, ya que la incineradora acapara y monopoliza los residuos”, indicó Marlen Chacón. 

“La incineración no es una solución, sino que es un problema más y nadie lo debe querer cerca de su casa. Estamos en el absoluto derecho de decidir lo que se hace con los residuos que producimos. Optamos por una opción ecológica y de integración de actores ciudadanos y por la disminución en la producción de basura, la separación, el compostaje y el reciclaje. ¡No van a quemar nuestra esperanza y vamos a luchar con todos los mecanismos legales para que no se instalen incineradoras en la GAM!”, concluyeron los ecologistas.  

Roberto Rodríguez Sánchez

roberto.rodriguez@periodicoelguacho.com

Este primero de mayo asume un nuevo Concejo Municipal por un periodo de 4 años que concluye en el 2024 y tendrá la tarea, junto a la Administración Municipal, de dirigir el desarrollo del cantón, mediante la discusión y aprobación del presupuesto municipal, políticas públicas y reglamentos.

El Concejo está integrado por 5 regidores propietarios y 5 suplentes electos en febrero de 2020. Los regidores propietarios que integran este nuevo Concejo son: Zeneida Chaves Fernández y Minor José González Quesada, quien fue síndico de La Asunción en la legislatura pasada, del partido Unidad Social Cristiana; María Antonia Castro Franceschi, que repite en el mismo puesto, y Luis Rodríguez Ugalde de la Coalición Unión Belemita; y Eddie Mendéz Ulate, quien se queda en el mismo puesto por el partido Liberación Nacional.

Los regidores suplentes que asumen son Ana Lorena González Fuentes, quien fue regidora propietaria en el periodo 2016-2020, y José Pablo Delgado Morales del partido Unidad Social Cristiana; Ulises Araya Chaves y Marjorie Torres Borges de la Coalición Unión Belemita, y Edgar Álvarez González que repite en el mismo puesto por Liberación Nacional.

Además, estarán presentes los tres síndicos propietarios y suplentes, a saber: Rosa Murillo Rodríguez que continúa en el puesto, y José Francisco Zumbado Arce, ex-segundo vicealcalde, por San Antonio; María Lourdes Villalobos Morera y Gilberth Gerardo González González por La Ribera; y Jorge Luis Alvarado Tabosh e Ileana María Alfaro Rodríguez por La Asunción. Todos llegaron a esos puestos con la bandera del PUSC.

¿Quién asumirá la presidencia?

El 1 de mayo tendrá lugar la sesión solemne, donde asistirán todos los nuevos integrantes y elegirán los puestos de presidencia y vicepresidencia.

Ya sea la Coalición Unión Belemita, la oficialista Unidad Social Crisitiana o Liberación Nacional podrían asumir la presidencia. No obstante, para alcanzar los votos necesarios cualquiera de ellos requerirá el apoyo de una o dos de las fracciones presentes.

Zeneida Chaves, primera regidora propietaria por el PUSC, indicó que su “fracción sigue trabajando activamente para cumplir los objetivos plasmados para el bien de todos los belemitas, y sus estrategias están claras y bien planteadas”.

No obstante, no profundizó si contarían con el apoyo del PLN o la Coalición Unión Belemita para acceder a la presidencia y si han mantenido reuniones con esas fuerzas políticas. “A partir del próximo 1 de mayo, van a ir conociendo las estrategias”, mencionó.

Puntualizó que “confía que este Concejo en pleno tendrá la sabiduría de generar las acciones necesarias para una ágil administración”.

Por su parte, María Antonia Castro, regidora propietaria 1 por la Coalición Unión Belemita, indicó que a su fracción le gustaría una presidencia del Concejo no oficialista para que haya más equilibrio.

“Consideramos necesario abrir las Comisiones a mayor participación ciudadana y ampliar la deliberación en el Concejo. Desde la fracción de la Coalición se apoyará cada proyecto que cumpla a cabalidad y sea para mejorar nuestro cantón. La transparencia ha sido nuestra bandera y lo seguirá siendo”, agregó.

Además, mencionó que han mantenido acercamientos con otras fracciones representadas en el Concejo y continuarán procurando más.

Respecto a la labor del nuevo Concejo, mencionó que esperan reflejar la democracia en toda su expresión, colaborar con esa mejora continua y ayudar a incrementar el índice de transparencia en Belén. “Ya no hay partidos, hay un cantón que confió en cada miembro electo del nuevo Concejo 2020-2024, al que nos debemos como representantes”.

En el caso de Liberación Nacional, Eddie Méndez Ulate, regidor propietario electo, indicó que está pendiente la realización de una reunión a lo interno de la fracción para ver el accionar del partido.

La Presidencia del Concejo se elige por un periodo de dos años y tiene la potestad de, según el Código Municipal: presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y cerrarlas; preparar el orden del día; recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto y conceder la palabra y retirársela, a quien haga uso de ella sin permiso.

Asimismo, puede vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar de ellas a quienes presencien el acto y se comporten indebidamente; firmar, junto con el secretario, las actas de las sesiones; y nombrar a los miembros de las comisiones ordinarias y especiales.

La tarde del pasado martes, el Plenario Legislativo aprobó de forma unánime en primer debate el proyecto de ley “Contra el Adultocentrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven” (N.º 20.205).

El proyecto, presentado por la fracción del Frente Amplio 2014-2018, reforma la Ley General de la Persona Joven para que sean los propios Comités Cantonales de la Persona Joven quienes elijan la persona que ocupará el puesto de presidencia. De esta manera se elimina la injerencia partidaria de los Concejos Municipales que actualmente tienen la potestad de nombrar a la persona que ocupará este puesto. Las designaciones deben cumplir los principios de paridad de género, publicidad y transparencia.

“Agradezco a las fracciones por su apoyo a este proyecto y especialmente a las y los miembros de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia con quienes consensuamos este proyecto. Combatir las prácticas adultocentristas en órganos de representación es necesario para reconocer los derechos políticos de las personas jóvenes. La ley actual parte del prejuicio de que las personas jóvenes no son capaces de definir por sí mismas sus liderazgos y entonces deben ser tutelados por personas adultas de los Concejos Municipales. Con esta reforma se les permite definir su presidencia y reconocer sus propios liderazgos”, afirmó el diputado José María Villalta.