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El presupuesto municipal para el 2027 tendrá una disminución de 5,16% comparado al del 2026, con recortes en programas sociales y comunitario.

El proyecto de presupuesto ordinario para el próximo año asciende a ₡14.062.687.671,16, aproximadamente ₡765 millones menos que el presupuesto aprobado para 2026.

La disminución se relaciona principalmente con una menor estimación de los ingresos municipales. 

Los ingresos corrientes municipales experimentarán una caída del 6,22%, pasando de ₡11.329 millones en 2026 a ₡10.624.353.387,33 para 2027 (una diferencia a la baja de unos ₡704,7 millones)

Caída en ingresos tributarios y patentes

Una de las principales presiones sobre las finanzas municipales está en los ingresos tributarios, que presentan una reducción cercana a ₡1.115 millones, al pasar de unos ₡7.711 millones en 2026 a aproximadamente ₡6.596 millones en 2027.

Dentro de este rubro destaca la caída proyectada en las patentes municipales. Para 2026 se presupuestaron aproximadamente ₡4.077 millones, mientras que para 2027 se estiman ₡3.500 millones, una disminución de ₡577 millones, equivalente a un 14,15%, debido al traslado de empresas hacia el régimen de zonas francas 

También disminuyeron los ingresos provenientes de impuestos sobre bienes y servicios, que pasaron de aproximadamente ₡4.873 millones a ₡3.881 millones, una reducción cercana al 20%.

Por su parte, la proyección para los impuestos sobre la construcción ordinaria y extraordinaria se ha estimado de manera prudente en ₡100 millones para 2027 (frente a los ₡465 millones del año anterior) al no tenerse garantías sobre la aprobación final de desarrollos inmobiliarios de gran magnitud al momento de formular el plan presupuestario

Impacto en programas sociales

La menor disponibilidad de recursos tiene un impacto directo en diferentes programas sociales municipales. 

Entre los recortes más significativos se encuentran las ayudas sociales temporales para familias en situación de pobreza extrema sufrirán un recorte del 82,26%, pasando de ₡56,36 millones a ₡10 millones.

Las becas para terceras personas bajarán un 49,07%, pasando de ₡115,6 millones en 2026 a ₡58.875.000,00 en 2027.  

Los recursos transferidos para cuidados paliativos y control del dolor también descenderán un 42,05%, fijándose en ₡52.215.513,68.

Ademas, desaparece para 2027 la partida de ₡200 millones contemplada en 2026 para planos relacionados con el teatro.

A pesar de dichas reducciones, el presupuesto incluye una partida destinada a la Asociación de Adultos Belemitas con un incremento del 43,23%, elevando su presupuesto de ₡24,02 millones en 2026 a ₡34.413.665,40 para el año 2027.

 y contempla la creación de una plaza laboral dedicada exclusivamente a la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de la Persona con Discapacidad (OPAMDIS).

El Centro de Desarrollo Humano 

Por otro lado, el presupuesto incorpora ₡751.741.409,62 del superávit libre para la construcción del Centro de Desarrollo Humano, el cual se pretende construir sobre el terreno actual de la biblioteca pública . 

Dicho proyecto ya aparecía contemplado en el presupuesto 2026, cuando se asignaron ₡537 millones para su construcción.

El superávit libre restante financiará obras de mejoramiento en la vía férrea del Polideportivo mediante placas de concreto por un monto de ₡90 millones 

Enmienda 

La propuesta original de presupuesto 2027 también plantea una reducción en los recursos destinados a los programas de formación y sensibilización artística que desarrollan la Asociación Cultural El Guapinol y las asociaciones de desarrollo integral de La Asunción y La Ribera.

En 2026, estos tres programas recibieron conjuntamente alrededor de ₡138,6 millones. Para 2027, la propuesta inicial contemplaba aproximadamente ₡97,8 millones, lo que representa una reducción cercana a ₡40,8 millones.

La Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera pasaba de ₡45,05 millones a ₡34,40 millones; La Asunción de ₡34,04 millones a ₡21,85 millones; mientras que El Guapinol pasaba de ₡59,5 millones a ₡41,53 millones.

Según conoció El Guacho, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó por unanimidad el presupuesto ordinario 2027, luego de introducir una única enmienda que permitió recuperar recursos para los programas de formación y sensibilización artística ejecutados por El Guapinol y las Asociaciones de Desarrollo Integral de La Asunción y La Ribera.

La modificación asignó ₡42.561.525,80 a estos programas. Según la información conocida por este medio, los recursos fueron tomados de partidas correspondientes a la Unidad de Alcantarillado Sanitario, la Unidad de Ambiente y la Unidad de Obras.

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Un diferendo en torno al proceso de creación de una plaza laboral especializada para la atención de personas adultas mayores y con discapacidad generó discrepancias entre la Alcaldía Municipal y algunas regidurías. 

La alcaldesa, Zeneida Chaves Fernández, defendió, mediante un video publicado en redes sociales, la urgencia de aprobar el puesto de forma inmediata apoyándose en la viabilidad financiera del proyecto.

Por su parte, desde la fracción de la Unión Belemita se mencionó que se debe respetar el trámite ordinario de comisión para evitar riesgos técnicos y legales y poder estudiar la documentación remitida al Concejo.

Durante la sesión municipal 51-2026, se sometió a votación la propuesta de acuerdo para dar por recibido el oficio de la alcaldía, dispensar la iniciativa del trámite de comisión y proceder a su aprobación inmediata. Sin embargo, la propuesta de acuerdo recibió tres votos a favor de las regidurías del PUSC y el PLN, y dos en contra de la Coalición Unión Belemita, resultado que impidió la dispensa de trámite de comisión y derivó en que el proyecto tenga que ser estudiado en comisión. 

Según señala la Ley del Código Municipal, todo asunto remitido al Concejo Municipal por la Alcaldía debe pasar por trámite de comisión y para eximir este requisito se requiere de mayoría calificada, que en el caso de Belén serían cuatro votos. 

La propuesta

Según detalló Chaves, el puesto se financiaría mediante la redirección de recursos que habitualmente se giran al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). 

Asimismo, una de las funcionarias que acompañó a Chaves en el video publicado en redes sociales, justificó que los fondos equivalen al 0,5% de los ingresos municipales proyectados para el año 2027, lo que representa aproximadamente 53 millones de colones anuales. 

Dicho monto cubriría la contratación de un profesional especializado y el fortalecimiento de servicios sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, aseguró la funcionaria.

Por su parte, la funcionaria, Yanory Abarca, de recursos humanos  puntualizó que los estudios técnicos de recursos humanos —que contemplan la valoración de puestos y los cambios de perfil— se entregaron al Concejo hace dos meses, específicamente el 26 de junio. 

Añadió que la documentación presentada recientemente correspondía al estudio de viabilidad financiera elaborado por la Unidad de Presupuesto de la Municipalidad para garantizar la existencia de contenido económico.

Tergiversación

El regidor Ulises Araya Chaves, reaccionó a las declaraciones publicadas por la Alcaldesa, las cuales las calificó como tergiversadas y aclaró que su agrupación política no está en contra de la creación de la plaza para el adulto mayor y las personas con discapacidad. 

El conflicto, según indicó, radica en lo que calificó como «procedimientos atropellados y antojadizos» que buscan omitir las normativas del Concejo Municipal.

Araya argumentó que es conveniente que toda reasignación, recalificación o aumento de personal cuente con un debido proceso respaldado por un dictamen de comisión técnica antes de ser votado. 

Advirtió, además, sobre las repercusiones de saltarse etapas de revisión, recordando un informe de la auditoría interna que determinó la pérdida de 152 millones de colones por salarios mal pagados debido a reasignaciones de puestos deficientes en el pasado.

Asimismo, cuestionó que la Alcaldesa pretendiera la aprobación del puesto el mismo día en que entregaba la viabilidad financiera, y criticó las formas de comunicación e hizo hincapié en que el presupuesto general para 2027 incluye recortes severos al Área Social.

Trámite pendiente para la plaza

Según declaró el regidor Sigifredo Villegas en la sesión del martes 25 de agosto, existe un trámite adicional que se encuentra todavía en la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos, que consistiría en la recalificación de la plaza, la cual la dotaría de un salario más alto así como de la actualización del perfil ocupacional del puesto que se aprobaría. 

La regidora Ana Betty Valenciano, también de la Unión Belemita, aclaró que el debido proceso no debe confundirse con el apoyo a la causa de las personas con discapacidad y adultos mayores.

“Hay un debido proceso para modificar el perfil de la plaza y la aprobación de la misma. Que eso no tiene relación con el sentimiento, estima y valor que tienen las poblaciones de adultos mayores y personas con alguna condición de discapacidad es el cumplimiento del debido proceso”, señaló.  

El 27 de agosto, luego de la intervención del vicealcalde, Minor González, en la negociación con el Concejo Municipal, la discusión de la plaza se realizará siguiendo el proceso establecido por el Código Municipal.

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La Municipalidad abrió el periodo para solicitar becas municipales correspondientes al periodo lectivo 2027.

De acuerdo con el gobierno local, los formularios estarán disponibles en formato físico en la Unidad de Servicio al Cliente de la institución a partir del 1 de setiembre de 2026.

Los formularios deberán entregarse entre el 5 y el 9 de octubre de 2026.

Las personas interesadas en solicitar una beca deberán asistir obligatoriamente a una charla informativa antes de completar el formulario. 

La Municipalidad habilitó dos horarios para estas charlas: el primero será el 17 de setiembre a las 7 p. m. y el segundo, el 18 de setiembre a las 8 a. m.

Asimismo, la institución informó que se entregará un único formulario por núcleo familiar.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse mediante WhatsApp al número 8892-4988.

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La Administración de la Municipalidad de Belén rechazó la posibilidad de establecer un transitorio que suspenda los permisos de construcción de grandes proyectos inmobiliarios mientras concluye el proceso de actualización del Plan Regulador.

La respuesta fue comunicada al Concejo Municipal por la Alcaldía mediante el oficio AMB-MC-176-2026, conocido durante la sesión ordinaria 48-2026. La Administración sostiene que, después de analizar la solicitud junto con la Dirección Jurídica, la Dirección Técnica Operativa, la Unidad de Planificación Urbana, la Oficina del Plan Regulador y la Unidad Ambiental, no existen los presupuestos legales ni técnicos para establecer una suspensión generalizada de permisos o paralizar proyectos específicos.

La decisión representa la respuesta de la Municipalidad a una iniciativa ciudadana presentada meses atrás por el colectivo Defensores de la Casa Común.

Una petición surgida desde la comunidad

El 20 de noviembre de 2025, Laura Carolina Garrigues Herrera, en representación de Defensores de la Casa Común, compareció ante el Concejo Municipal para presentar la Declaratoria Pública para el Desarrollo Integral y la Restauración Ecológica del Cantón de Belén: Hacia una Visión de Sostenibilidad Avanzada y Carbono Positivo.

La propuesta surgió en el marco de la campaña #WeLoveBelén, impulsada por grupos comunales organizados y defensores del agua, la biodiversidad y el derecho a un ambiente sano.

Uno de los principales planteamientos fue la suspensión inmediata de los permisos de construcción hasta que se actualizara el Plan Regulador, utilizando como fundamento el principio precautorio ambiental.

El colectivo argumentó que los grandes proyectos podían incrementar la presión sobre los acuíferos, generar mayor impermeabilización de los suelos, aumentar las escorrentías y profundizar los problemas de tránsito del cantón.

La propuesta identificó específicamente varios proyectos de alto impacto, entre ellos Lagos de Belén, Casas Max 1 y 2, Veredas de Belén, Los Toros, Belén Urbano, Wal-Mart y locales comerciales en La Asunción.

La petición también planteó la utilización de un transitorio como mecanismo para detener temporalmente la aprobación de megaproyectos mientras se garantizaban determinadas condiciones de planificación.

“Ordenar la casa” antes de continuar construyendo

Durante aquella sesión, el regidor Ulises Araya respaldó la discusión sobre un nuevo transitorio y recordó que Belén ya había utilizado esta herramienta anteriormente.

Araya señaló que el primer transitorio del cantón fue aprobado hace aproximadamente 20 años y que su objetivo era darle tiempo a Belén para prepararse ante el crecimiento inmobiliario. En su intervención planteó diez condiciones que, a su criterio, deberían considerarse antes de continuar autorizando megaproyectos.

Entre ellas mencionó la actualización del Plan Regulador, las proyecciones viales, el proyecto de la radial Lindora-Panasonic, la protección y ampliación de áreas verdes, el cumplimiento del Plan Maestro del Acueducto, el Plan Hídrico Cantonal, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la capacidad de los centros educativos y de salud, terrenos para vivienda municipal y la construcción de una planta de tratamiento con alcantarillado sanitario para el cantón.

El regidor sostuvo que Belén enfrenta fuertes presiones inmobiliarias precisamente por sus condiciones estratégicas y disponibilidad hídrica y advirtió sobre un crecimiento urbano que, a su criterio, no ha estado acompañado de las obras necesarias.

La preocupación también fue expresada por otros regidores, aunque la propuesta no recibió una respuesta unánimemente favorable en el Concejo.

La regidora Ana Betty Valenciano recordó que el Plan Regulador de Belén arrastra un proceso de actualización desde años atrás y que durante un período anterior del Concejo se había aprobado un transitorio para darle al cantón tiempo para avanzar en ese proceso. Afirmó que el crecimiento constructivo terminó avanzando más rápidamente que la actualización de la planificación territorial.

Valenciano también relacionó el crecimiento urbano con problemas de impermeabilización del suelo, alcantarillado sanitario, congestionamiento vial, contaminación y reducción de zonas verdes.

Por su parte, el regidor José Pablo Delgado manifestó que la suspensión de permisos requería un análisis jurídico cuidadoso, particularmente cuando un desarrollador cumple con todos los requisitos establecidos por el Plan Regulador vigente.

La regidora Francina Quesada también llamó a encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y el cumplimiento del debido proceso y la legislación vigente.

La Administración sostiene que el Plan Regulador ya está avanzado

En su respuesta de agosto de 2026, la Administración utilizó precisamente el estado de actualización del Plan Regulador como uno de sus principales argumentos.

Según el oficio AMB-MC-176-2026, la propuesta ya obtuvo la viabilidad ambiental de SETENA y se encuentra en revisión ante el INVU, antes de las etapas de audiencia pública, aprobación y oficialización por parte del Concejo Municipal.

La Municipalidad sostiene además que la propuesta incorpora variables ambientales, gestión del riesgo, protección del recurso hídrico, criterios de sostenibilidad y los lineamientos estratégicos del Plan GAM.

Por esa razón, la Administración considera que buena parte de las preocupaciones planteadas por el colectivo ya están siendo atendidas dentro del proceso formal de actualización del Plan Regulador.

“No existe fundamento técnico ni jurídico”

La conclusión de la Administración es tajante: no existe fundamento técnico ni jurídico para suspender de manera general los permisos de construcción ni paralizar proyectos específicos en los términos solicitados.

El informe invoca los principios de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad y respeto a los derechos adquiridos.

La Administración también reconoce que la propuesta de Defensores de la Casa Común constituye un aporte ciudadano relevante para discutir el futuro ambiental, urbanístico y territorial de Belén, pero sostiene que cualquier decisión debe ajustarse a las competencias municipales y a los procedimientos establecidos por ley.

La discusión todavía no está cerrada

Aunque la Administración rechazó la suspensión solicitada, el Concejo Municipal no dio por concluido el tema.

En la sesión 48-2026, el oficio fue recibido y remitido al Asesor Legal del Concejo para que emita un análisis y una recomendación.

La decisión tuvo tres votos a favor —Gilberth González, Teresita Venegas y Lourdes Villalobos— y dos en contra —Ana Betty Valenciano y Ulises Araya— estos últimos solicitaron trasladar el debate a la Comisión de Plan Regulador.

Por lo tanto, la discusión sobre si Belén necesita o no un transitorio para poner una pausa al crecimiento de los grandes proyectos inmobiliarios continúa abierto.

La diferencia ahora es que la discusión ya no se encuentra únicamente en el terreno de la petición ciudadana: la Administración fijó formalmente su posición y el Concejo deberá valorar el criterio jurídico solicitado antes de determinar qué camino seguirá.

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Tres años después de que el Concejo Municipal ordenara iniciar un procedimiento para declarar la nulidad de actos administrativos, relacionados con el intento de reducir el área de protección del tubo de flujo del manantial La Gruta, 28 vecinos de La Asunción exigieron explicaciones a la Municipalidad sobre el estado real del proceso y las acciones emprendidas para determinar eventuales responsabilidades.

La solicitud fue presentada ante el Concejo Municipal mediante el trámite 2910-2026 y lleva por asunto “Solicitud de información pública y rendición de cuentas”. 

Los vecinos cuestionan específicamente qué ha ocurrido desde el acuerdo adoptado el 19 de diciembre de 2023, cuando el Concejo Municipal ordenó la apertura del procedimiento de nulidad administrativa. 

El antecedente se remonta a actuaciones relacionadas con los usos de suelo de las fincas matrícula N.° 4-154664-000 y N.° 4-82013-000 y la afectación del área de protección del manantial La Gruta. 

Según el expediente citado por los vecinos, el Concejo Municipal ordenó el 19 de diciembre de 2023 la apertura del procedimiento de nulidad administrativa mediante el Acta 76-2023, artículo 25. 

Posteriormente, el 5 de marzo de 2024, el propio Concejo dejó constancia de que el órgano director todavía no había sido conformado. A la fecha, según lo expuesto en la sesión municipal y la respuesta de la Alcaldía, dicho órgano director continúa sin conformarse. 

Cinco preguntas a la Municipalidad

Los vecinos solicitaron una respuesta escrita y certificada sobre cinco aspectos concretos.

En primer lugar, preguntaron si finalmente fue conformado el órgano director técnico y legal encargado del procedimiento. En caso contrario, solicitaron conocer qué gestiones se realizaron ante otras municipalidades o el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para lograr su conformación y cuáles fueron las razones del retraso. 

También pidieron conocer el estado procesal del procedimiento de nulidad, incluyendo si ya se produjo el traslado de cargos, las audiencias, la recepción de prueba y la eventual remisión del expediente a la Procuraduría General de la República para obtener el dictamen previo y vinculante previsto en el artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública. 

Un tercer punto se refiere al riesgo de caducidad y prescripción. Los vecinos preguntaron qué valoración ha realizado la Administración sobre la vigencia de la potestad de revisión de oficio y si alguno de los actos cuestionados podría haber caducado o estar próximo a hacerlo. 

La cuarta pregunta apunta directamente a las posibles responsabilidades. Los firmantes quieren saber si se ha iniciado algún procedimiento administrativo sancionatorio para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias y civiles de funcionarios relacionados con el otorgamiento de los usos de suelo cuestionados, incluyendo al entonces director del Área Técnica Operativa, José Zumbado. De no existir un procedimiento, solicitan que se explique técnicamente el motivo de la inacción. 

Finalmente, preguntaron si la Municipalidad o el Concejo han valorado o presentado una eventual denuncia penal ante el Ministerio Público, conforme al artículo 281 inciso a) del Código Procesal Penal, y solicitaron el número de causa en caso de que esta ya hubiera sido interpuesta. 

“Es demasiado el tiempo que ha pasado”

Durante la discusión del trámite, el regidor Ulises Araya respaldó la solicitud de los vecinos y calificó como injustificable que hayan transcurrido tres años desde que el Concejo conoció y aprobó los informes legales relacionados con los actos mediante los cuales se pretendió reducir el área de protección de La Gruta.

“Son 3 años que estamos cumpliendo ya”, manifestó Araya, quien cuestionó que un caso que, según los criterios legales conocidos por el Concejo, presenta vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, haya permanecido sin una resolución definitiva durante ese período. 

El regidor recordó, además, que el conflicto no es nuevo y que tiene sus raíces en una movilización comunal iniciada en 2019. 

Según relató ante el Concejo, alrededor de 250 personas se reunieron entonces en el salón de Los Franciscanos y, posteriormente, más de 500 vecinos suscribieron una nota dirigida al gobierno local para expresar su preocupación por el intento de reducir un área de protección que estaba establecida en el Plan Regulador.

Araya sostuvo que, según la documentación existente, un funcionario subalterno no ejecutó la orden que habría recibido para modificar el área y conservó respaldo de quién se la habría girado. También recordó que posteriormente el INVU habría señalado que esa modificación no podía realizarse de esa manera. 

La importancia ambiental de La Gruta ya había sido destacada cuando el Concejo Municipal acordó iniciar el procedimiento de nulidad en diciembre de 2023. En ese momento, se señaló que la zona alberga más de 14 nacientes y que el intento de modificar el área de protección estaba relacionado con trámites que podían permitir el desarrollo de un proyecto hotelero.

¿Existe riesgo de prescripción?

Una de las principales preocupaciones planteadas durante la sesión fue precisamente el paso del tiempo.

La regidora Ana Betty Valenciano consultó al asesor legal del Concejo, Luis Álvarez, sobre los plazos de prescripción y las consecuencias que podría tener que el órgano director todavía no haya sido conformado.

Álvarez explicó que no resulta responsable afirmar de manera general que el caso ya esté prescrito, pues la prescripción puede ser interrumpida y comenzar nuevamente a computarse. 

Además, señaló que cada caso debe analizarse de manera concreta y que, si existe un riesgo de prescripción, corresponde advertirlo a quien tenga la responsabilidad de abrir el procedimiento. 

El asesor agregó que las responsabilidades administrativas vinculadas con la Hacienda Pública tienen, en términos generales, un plazo de prescripción de cinco años, aunque este puede interrumpirse y reiniciarse dependiendo de las circunstancias del caso. 

Araya, por su parte, recordó una explicación jurídica anterior según la cual el momento relevante para el cómputo de determinados plazos estaría vinculado con la actuación que debe realizar la Administración para conformar el órgano director. 

Alcaldesa: el órgano director no ha podido conformarse

Ante los cuestionamientos de la regidora Valenciano sobre por qué la Administración no había logrado integrar el órgano director, la alcaldesa, Zeneida Chaves, rechazó que pudiera afirmarse simplemente que la Municipalidad no había realizado gestiones.

Chaves explicó que existen dificultades para conformar porque no pueden ser designadas personas que ya estén involucradas en el expediente. 

Señaló, además, que la Administración se encuentra a la espera de cotizaciones para contratar los servicios profesionales necesarios y que el costo dependerá del volumen del expediente. 

La alcaldesa indicó que podría remitir una carta explicando las razones por las cuales no se ha logrado completar la conformación del órgano director.

El caso permanece abierto

Al final de la discusión, el Concejo Municipal acordó por unanimidad dar por recibido el trámite y remitir a la Administración para que brinde una respuesta, con copia al Concejo Municipal. 

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La Sala Constitucional declaró acreditada la desobediencia de la Municipalidad de Belén por incumplir la sentencia que le ordenaba resolver de manera definitiva una denuncia ambiental relacionada con presuntas descargas de aguas residuales en la quebrada El Yurro, ubicada dentro de la zona de protección del Humedal La Ribera. En consecuencia, el Tribunal reiteró la orden de cumplimiento inmediato a las autoridades municipales y advirtió que, de persistir el incumplimiento, se remitirán piezas al Ministerio Público.

La resolución, emitida el 7 de julio de 2026, constituye un nuevo pronunciamiento dentro del mismo expediente constitucional. A diferencia de la sentencia dictada en febrero pasado —que ordenó resolver la denuncia en un plazo de dos meses—, este nuevo fallo concluye que dicho mandato no fue acatado, al considerar que la Municipalidad no emitió una resolución administrativa definitiva sobre la denuncia presentada el 30 de octubre de 2025.

El proceso fue promovido por los dirigentes comunales Carlos Andrés Seas Rodríguez, vecino de Barrio Fátima, y Víctor Julio González Cordero, vecino de la urbanización La Ribera, comunidades ubicadas en el entorno del Humedal La Ribera y donde se localiza la problemática denunciada. Ambos acudieron a la Sala Constitucional luego de cuestionar la falta de una resolución definitiva sobre una denuncia ambiental relacionada con presuntas descargas de aguas negras, grises y pluviales hacia la quebrada El Yurro.

La Sala determinó que, aunque la Municipalidad informó haber realizado monitoreos, inspecciones, coordinaciones interinstitucionales y la elaboración de un plan remedial, esas actuaciones no sustituyen la obligación impuesta en la sentencia original, pues el propio gobierno local reconoció que dicho plan continúa en elaboración. Con base en ello, los magistrados concluyeron que la denuncia ambiental «no ha sido resuelta de forma definitiva» y que el plazo otorgado por la Sala ya había vencido.

Funcionarios advertidos se exponen a sanciones por desacato

El nuevo fallo mantiene la orden dirigida a la alcaldesa de Belén, Zeneida Chaves Fernández, y al contralor ambiental, Esteban Ávila Fuentes, y la extiende al actual presidente del Concejo Municipal, Gilberth González González, debido a que la persona que ocupaba ese cargo cuando se dictó la sentencia original ya no ejerce esa función.

La resolución advierte que, si las autoridades no cumplen la orden constitucional, la Sala testimoniará piezas ante el Ministerio Público para que valore la eventual comisión del delito de desobediencia. Este procedimiento, conocido como desacato en el ámbito constitucional, puede iniciarse cuando un funcionario incumple una orden expresa dictada por la Sala Constitucional. Además, el Tribunal recordó que el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece penas de prisión de tres meses a dos años, o multas de veinte a sesenta días, para quien incumpla una orden emitida dentro de un recurso de amparo, siempre que el hecho no constituya un delito con una sanción mayor.

El expediente tiene origen en un recurso de amparo presentado por Seas Rodríguez y González Cordero, quienes denunciaron la presunta existencia de descargas de aguas negras, grises y pluviales en la quebrada El Yurro, dentro de la zona de protección del Humedal La Ribera. En febrero de este año, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y ordenó a la Municipalidad resolver definitivamente la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente administrativo N.° 3341-2025 en un plazo de dos meses.

Posteriormente, los recurrentes promovieron una gestión de desobediencia al considerar que la respuesta municipal consistió únicamente en informes técnicos y actuaciones preliminares, sin que existiera una resolución administrativa definitiva ni la adopción de medidas concretas para atender la denuncia.

Al analizar los informes remitidos por la Municipalidad, la Sala concluyó que la propia Administración reconoció que el plan remedial aún se encuentra en elaboración, circunstancia que impide considerar cumplida la sentencia original. Por ese motivo, acogió la gestión de desobediencia y reiteró la obligación de cumplir de inmediato con lo ordenado en febrero.

Este nuevo pronunciamiento representa un cambio relevante respecto al antecedente de febrero, ya que la Sala Constitucional pasó de ordenar a la Municipalidad resolver la denuncia ambiental a declarar formalmente que esa orden fue incumplida, manteniendo vigente la obligación de emitir una resolución definitiva sobre el caso.

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Este 1 de mayo, el Concejo Municipal renovará su directorio como es costumbre cada 2 años.

Según fuentes consultadas, el regidor del PUSC, Gilbert González, ya tendría los votos requeridos para obtener el cargo de presidencia para los próximos 2 años,

Esto debido a un acuerdo entre dicha agrupación y el PLN, en representación de la regidora Teresita Venegas.

Por su parte, la vicepresidencia sería ocupada por Venegas quien ejerció el cargo de presidencia durante los 2 primeros años de gestión.

De esta forma, el PUSC y PLN renovarían un acuerdo que cumple ya dos periodos, mediante el cual los primeros dos años son para la regiduría del PLN y los últimos dos años para el PUSC.

La elección de los cargos se realizará en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 12 m.d.

El Concejo Municipal en Belén está integrado por 5 regidurías propietarias con derecho a voz y voto; además de 5 regidurías suplentes y 3 sindicaturas propietarias y suplentes.

• Las oficinas administrativas reabrirán el lunes  11 de mayo tras la medida adoptada en apego al decreto del Gobierno

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La Municipalidad anunció que se acogerá al asueto nacional decretado con motivo del traspaso de poderes del viernes 8 de mayo de 2026, por lo que sus oficinas permanecerán cerradas durante ese día.

La medida fue adoptada por la Alcaldía Municipal, en apego al Decreto Ejecutivo N.° 45680-MGP y con fundamento en lo dispuesto por el Código Municipal. 

Mediante un memorando remitido al Concejo Municipal en la sesión del Concejo Municipal del martes 28 de abril, se comunicó oficialmente la decisión de sumarse a la disposición nacional que concede asueto a las instituciones públicas en el marco de la Transmisión del Mando Presidencial.

A pesar del cierre de las oficinas administrativas, la Administración Municipal aclaró que los servicios esenciales continuarán operando con normalidad. Entre estos se incluyen la Policía Municipal, la Policía de Tránsito y el servicio de recolección de residuos. Asimismo, los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Barrio Escobal y La Ribera permanecerán abiertos.

Otros servicios como fontanería y el cementerio municipal funcionarán bajo la modalidad de disponibilidad. 

En caso de emergencias o requerir atención, la ciudadanía podrá comunicarse con la Policía Municipal a los teléfonos habilitados para estos fines.

Las labores administrativas se retomarán con normalidad el lunes 11 de mayo.

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La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció que no votará nuevos permisos a la inmobiliaria Casas Max hasta que no se resuelvan las obras pendientes que la empresa tienen en Barrio Fátima.

El anuncio lo realizó la fracción en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del 24 de marzo de 2026, durante la discusión de un oficio de la Alcaldía sobre las obras que Casas Max realizará en el alcantarillado pluvial de Barrio Fátima.

El regidor Gilberth González mencionó que no va “a pasar ninguna aprobación de ningún documento, de ningún proyecto que tenga que ver con Casas Max, hasta que no estén a derecho con todo el desorden y el caos que han ocasionado a los vecinos de Barrio Fátima”.

Además, hizo un llamado para que el MOPT fiscalice las obras que actualmente se desarrollan y que quede resuelto a la brevedad.

 “No podemos esperar un invierno más para que los vecinos de Barrio Fátima sigan sufriendo”, agregó.

Por su parte, la regidora, Lourdes Villalobos,  mencionó que nunca han ido en contra de los vecinos de Barrio Fátima.

“Tenemos que ir con la ley, pero yo esta alcahuetería tampoco la voy a permitir. Yo no voy a levantar la mano y que sepan, si me están escuchando los señores de Casa Max 2, que esta regidora no levantará la mano para dar un permiso. Que lo den los demás, pero yo no”, mencionó.

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La desarrolladora Casas Max finalmente no tendrá que ejecutar la compleja instalación de nueva tubería pluvial hacia el río Segundo, como originalmente estaba previsto para el proyecto en Barrio Fátima. En su lugar, el desfogue se realizará a través de la finca Lehman, utilizando una servidumbre de aguas ya constituida, que termina en una quebrada natural y de esta al río Segundo.

La decisión se consolida tras una resolución reciente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que autorizó un nuevo esquema de intervención menos invasivo sobre la Ruta Nacional 129, permitiendo un cruce transversal para conectar el sistema pluvial hacia dicha finca.

Un cambio clave: de tubería extensa a desfogue por servidumbre

El diseño original contemplaba la construcción de una red de tuberías de gran diámetro a lo largo de las rutas nacionales 111 y 129, con una longitud aproximada de 1.480 metros. Sin embargo, la alternativa ahora avalada elimina esa necesidad, reduciendo la intervención a un cruce puntual y trasladando el desfogue hacia la quebrada sin nombre que atraviesa la finca Lehman, afluente del río Segundo.

Este cambio implica, en la práctica, que Casas Max ya no tendrá que desarrollar la infraestructura pluvial originalmente exigida para mitigar impactos en Barrio Fátima, trasladando el manejo de aguas hacia un sistema existente mediante servidumbre.

El papel (y silencio) de la Municipalidad

Uno de los elementos más relevantes del caso es que desde diciembre de 2025 el MOPT se encontraba a la espera de un pronunciamiento del Municipalidad de Belén sobre si esta modificación debía ser considerada un cambio sustantivo del permiso original.

Incluso, se había advertido la necesidad de una respuesta pronta para definir si la nueva propuesta podía aplicarse o si debía mantenerse el diseño inicial. No obstante, dicho pronunciamiento nunca se produjo.

A pesar de esa ausencia de criterio municipal, el MOPT avanzó con la autorización de la alternativa propuesta, argumentando razones de interés público, como la menor afectación a la infraestructura vial, reducción de tiempos de obra y menor impacto para la comunidad. Sin embargo su resolución omitió analizar lo que en su momento fue considerado como una carga urbanística implícita para la inmobiliaria, que se presentó como una mejora para la comunidad al contar con un nuevo sistema pluvial.

Actuaciones desde la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad

A este escenario se suma el papel del ingeniero David Umaña Corrales, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, quien ya había emitido un aval técnico para un segundo desfogue pluvial vinculado al proyecto Casas Max 2 (Condominio Residencial La Ribera 02 – Living).

Este aval resulta particularmente relevante porque se otorgó pese a que dicho proyecto aún no cuenta con permiso de construcción, lo que ha generado cuestionamientos sobre la secuencia y el alcance de las autorizaciones técnicas que se están concediendo en torno a estos desarrollos inmobiliarios.

Una decisión con carácter temporal

El permiso otorgado para el nuevo esquema de desfogue tiene carácter temporal en el caso del proyecto Distrito 7, y se mantendrá vigente hasta que la Municipalidad emita eventualmente un criterio definitivo.

En caso de que ese pronunciamiento no avale la modificación, se advierte que deberá replantearse técnicamente el sistema para volver a un esquema de conducción directa hacia el río Segundo.

Contexto de cuestionamientos

Este desenlace ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre una posible flexibilización de las obligaciones de la desarrolladora, señalados previamente por agrupaciones comunales. La principal preocupación ha girado en torno a si se está permitiendo a la empresa evitar obras originalmente planteadas para mitigar impactos en Barrio Fátima.

Con la resolución actual, el proyecto avanza bajo un esquema distinto al inicialmente previsto, en el que la carga de infraestructura se reduce significativamente, mientras el debate sobre la legalidad y conveniencia de estos cambios sigue abierto.