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Una publicación de una página de Instagram da cuenta de una particular convocatoria realizada por un grupo anónimo de estudiantes del Liceo Bilingüe de Belén, quienes estarían invitando para este jueves 20 de agosto, en horas de la mañana, a una “batalla de farmear aura” en la soda del centro educativo.

Aunque el término puede resultar extraño para quienes no están familiarizados con las expresiones de las nuevas generaciones, “farmear aura” es una expresión surgida de la cultura de internet y las redes sociales, especialmente de TikTok. 

Se utiliza de manera humorística para describir acciones mediante las cuales una persona busca proyectar carisma, seguridad, estilo o una actitud llamativa frente a los demás, como si estuviera acumulando “puntos de aura”.

Las llamadas “batallas de aura” llevan este concepto a un formato competitivo y, generalmente, espontáneo. 

Dos o más personas realizan acciones, poses, gestos o demostraciones con el objetivo de impresionar al público y “ganar aura”. 

El resultado suele depender de la reacción de quienes observan y del componente de creatividad y humor.

De acuerdo con la opinión de comunicadores costarricenses, la actividad es una nueva forma de expresión y entretenimiento de las juventudes.

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La Asociación Deportiva Belén Fútbol disputará el próximo campeonato en la Segunda B de LINAFA, la tercera categoría del fútbol costarricense, luego de alcanzar un acuerdo con Poetas F.C. 

La incorporación de Belén a esta categoría fue confirmada dentro de la organización del Torneo Apertura 2026 de Tercera División, donde se estableció que Poetas F.C. será sustituido en la competencia y que ese espacio sería asumido por la Asociación Deportiva Belén Fútbol.

Segunda División

La Segunda B de LINAFA, conocida también como la Tercera División de Costa Rica, constituye el tercer nivel dentro de la estructura del fútbol nacional y se encuentra inmediatamente por debajo de la Segunda División o Liga de Ascenso.

El campeonato se disputa mediante torneos de Apertura y Clausura. Los ganadores de ambos certámenes se enfrentan posteriormente en una gran final para definir al equipo que obtiene el ascenso a la Segunda División. Si un mismo club gana ambos torneos, el ascenso se define directamente.

El objetivo de Belén será mucho más que competir: si logra conquistar el campeonato de Segunda B y obtener el ascenso, volverá a disputar la Segunda División del fútbol costarricense.

Esto resulta especialmente significativo porque la Asociación Deportiva Belén Fútbol venía compitiendo en la cuarta división, por lo que el acuerdo con Poetas F.C. permite al cuadro belemita avanzar directamente a una categoría de mayor nivel competitivo y quedar a un paso de la Liga de Ascenso.

Una historia

El regreso de Belén a una categoría nacional de ascenso también conecta con una extensa historia del fútbol del cantón.

La Asociación Deportiva Belén tiene sus raíces en el fútbol aficionado belemita y, bajo el nombre de Belén-Calle Flores, consiguió en 1987 el campeonato de la Primera División de LINAFA —entonces bajo otra denominación—, logrando por primera vez el ascenso a la Segunda División.

El equipo, posteriormente, alcanzó la máxima categoría del fútbol costarricense. 

Su debut en Primera División se produjo en la temporada 1993-1994, y a lo largo de su historia, llegó a disputar tres etapas en la máxima categoría, cada una de ellas ganadas en la cancha, mediante la obtención de los tres campeonatos de Segunda División, en las temporadas 1992-1993, 2002-2003 y 2010-2011.

En su etapa más reciente en Primera División, el equipo compitió bajo el nombre, Belén Siglo XXI, hasta que en 2017 la franquicia fue trasladada a Goicoechea y pasó a denominarse Guadalupe FC.

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Una alerta temprana generada por el sistema de monitoreo de la Municipalidad permitió detectar un vehículo que transportaba carne que no contaba con el etiquetado correspondiente ni con los permisos sanitarios requeridos.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes 10 de agosto.

Tras la detección, oficiales de la Policía Municipal intervinieron el vehículo y realizaron las coordinaciones correspondientes con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Funcionarios de SENASA se presentaron al lugar y, luego de realizar las verificaciones correspondientes, procedieron con el decomiso de la carne, debido a que el producto no cumplía con los requisitos sanitarios y de identificación establecidos.

¿Por qué es importante que la carne esté debidamente etiquetada?

En Costa Rica, el RTCR 400:2006, Reglamento Técnico para el Etiquetado de la Carne Cruda, Molida, Marinada, Adobada, Tenderizada y Vísceras, establece que estas disposiciones buscan que los consumidores puedan seleccionar los productos basándose en información “veraz, oportuna y suficiente”.

La normativa establece, entre otros requisitos, que la carne preempacada debe indicar información como el nombre del corte y la especie, fecha de vencimiento, instrucciones de conservación y origen. 

Además, dispone que el etiquetado no debe contener información falsa, equívoca o engañosa para el consumidor.

Estos requisitos permiten al consumidor contar con información esencial sobre el producto que está adquiriendo y facilitan los controles sobre la carne que se comercializa en el país.

Por ello, ante un producto cárnico que carece del etiquetado correspondiente o de los permisos sanitarios requeridos, las autoridades pueden intervenir para evitar que llegue al consumidor un producto cuya procedencia y condiciones no puedan ser debidamente verificadas.

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La Sala Constitucional declaró acreditada la desobediencia de la Municipalidad de Belén por incumplir la sentencia que le ordenaba resolver de manera definitiva una denuncia ambiental relacionada con presuntas descargas de aguas residuales en la quebrada El Yurro, ubicada dentro de la zona de protección del Humedal La Ribera. En consecuencia, el Tribunal reiteró la orden de cumplimiento inmediato a las autoridades municipales y advirtió que, de persistir el incumplimiento, se remitirán piezas al Ministerio Público.

La resolución, emitida el 7 de julio de 2026, constituye un nuevo pronunciamiento dentro del mismo expediente constitucional. A diferencia de la sentencia dictada en febrero pasado —que ordenó resolver la denuncia en un plazo de dos meses—, este nuevo fallo concluye que dicho mandato no fue acatado, al considerar que la Municipalidad no emitió una resolución administrativa definitiva sobre la denuncia presentada el 30 de octubre de 2025.

El proceso fue promovido por los dirigentes comunales Carlos Andrés Seas Rodríguez, vecino de Barrio Fátima, y Víctor Julio González Cordero, vecino de la urbanización La Ribera, comunidades ubicadas en el entorno del Humedal La Ribera y donde se localiza la problemática denunciada. Ambos acudieron a la Sala Constitucional luego de cuestionar la falta de una resolución definitiva sobre una denuncia ambiental relacionada con presuntas descargas de aguas negras, grises y pluviales hacia la quebrada El Yurro.

La Sala determinó que, aunque la Municipalidad informó haber realizado monitoreos, inspecciones, coordinaciones interinstitucionales y la elaboración de un plan remedial, esas actuaciones no sustituyen la obligación impuesta en la sentencia original, pues el propio gobierno local reconoció que dicho plan continúa en elaboración. Con base en ello, los magistrados concluyeron que la denuncia ambiental «no ha sido resuelta de forma definitiva» y que el plazo otorgado por la Sala ya había vencido.

Funcionarios advertidos se exponen a sanciones por desacato

El nuevo fallo mantiene la orden dirigida a la alcaldesa de Belén, Zeneida Chaves Fernández, y al contralor ambiental, Esteban Ávila Fuentes, y la extiende al actual presidente del Concejo Municipal, Gilberth González González, debido a que la persona que ocupaba ese cargo cuando se dictó la sentencia original ya no ejerce esa función.

La resolución advierte que, si las autoridades no cumplen la orden constitucional, la Sala testimoniará piezas ante el Ministerio Público para que valore la eventual comisión del delito de desobediencia. Este procedimiento, conocido como desacato en el ámbito constitucional, puede iniciarse cuando un funcionario incumple una orden expresa dictada por la Sala Constitucional. Además, el Tribunal recordó que el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece penas de prisión de tres meses a dos años, o multas de veinte a sesenta días, para quien incumpla una orden emitida dentro de un recurso de amparo, siempre que el hecho no constituya un delito con una sanción mayor.

El expediente tiene origen en un recurso de amparo presentado por Seas Rodríguez y González Cordero, quienes denunciaron la presunta existencia de descargas de aguas negras, grises y pluviales en la quebrada El Yurro, dentro de la zona de protección del Humedal La Ribera. En febrero de este año, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y ordenó a la Municipalidad resolver definitivamente la denuncia ambiental tramitada bajo el expediente administrativo N.° 3341-2025 en un plazo de dos meses.

Posteriormente, los recurrentes promovieron una gestión de desobediencia al considerar que la respuesta municipal consistió únicamente en informes técnicos y actuaciones preliminares, sin que existiera una resolución administrativa definitiva ni la adopción de medidas concretas para atender la denuncia.

Al analizar los informes remitidos por la Municipalidad, la Sala concluyó que la propia Administración reconoció que el plan remedial aún se encuentra en elaboración, circunstancia que impide considerar cumplida la sentencia original. Por ese motivo, acogió la gestión de desobediencia y reiteró la obligación de cumplir de inmediato con lo ordenado en febrero.

Este nuevo pronunciamiento representa un cambio relevante respecto al antecedente de febrero, ya que la Sala Constitucional pasó de ordenar a la Municipalidad resolver la denuncia ambiental a declarar formalmente que esa orden fue incumplida, manteniendo vigente la obligación de emitir una resolución definitiva sobre el caso.

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La Municipalidad enfrenta una caída de ₡810,6 millones en sus ingresos, por lo que deberá recortar el presupuesto 2026, lo que provocará que metas que se aprobaron para este año queden sin cumplirse.

El ajuste fue informado por la Dirección Administrativa Financiera mediante el informe DAF-INF-08-2026, remitido a la Alcaldía el pasado 5 de junio para su posterior conocimiento por parte del Concejo Municipal.

La disminución de los ingresos afecta principalmente cuatro rubros: ₡700 millones en patentes municipales, ₡365 millones en el impuesto específico sobre construcciones, ₡97 millones en el impuesto sobre bienes inmuebles y ₡13,5 millones por concepto de timbres, obligando a la Administración Municipal a presentar un ajuste presupuestario para evitar un eventual déficit.

Durante la Sesión Ordinaria N° 36-2026 del Concejo Municipal, celebrada el 16 de junio, varios regidores manifestaron su preocupación por las consecuencias que tendrá esta reducción sobre los programas municipales.

La regidora propietaria Ana Betty Valenciano señaló que, aunque el informe explica las razones que motivan la disminución de ingresos, no detalla cuáles metas serán eliminadas o reducidas.

Además, advirtió que los recursos provenientes de las patentes financian áreas como educación, salud, cultura y deporte, por lo que hizo un llamado a la Administración Municipal para priorizar cuidadosamente los proyectos que se mantendrán y revisar la metodología utilizada para estimar los ingresos municipales. Por otro lado, cuestionó que para calcular la proyección de patentes se hubieran utilizado datos del 2024 pese a que durante el 2025 ya era evidente una tendencia a la baja.

En la misma línea, la regidora Marita Arguedas calificó el informe como insuficiente al considerar que no identifica cuáles empresas dejaron de tributar en el cantón, cuáles metas sufrirán recortes ni el impacto específico sobre programas dirigidos a la comunidad, organizaciones comunales y centros educativos públicos.

Por su parte, el regidor Ulises Araya centró su intervención en la caída de ₡700 millones en la recaudación por patentes municipales. Indicó que el informe únicamente menciona que varias empresas migraron al régimen de zonas francas, pero no identifica cuáles fueron ni cuánto representaba cada una para las finanzas cantonales.

Además, Araya recordó que durante la discusión del presupuesto 2026, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, varios regidores habían advertido sobre el riesgo de proyectar ingresos provenientes de permisos de construcción de desarrollos inmobiliarios que todavía no contaban con disponibilidad de agua potable ni otras condiciones indispensables para ejecutarse.

Araya sostuvo que «es mejor presupuestar con la realidad de lo que tenemos y no con lo que podría entrar», pues estimaciones excesivamente optimistas terminan generando recortes durante la ejecución presupuestaria. Asimismo, pidió que las reducciones no afecten programas sociales destinados a asociaciones de desarrollo, personas adultas mayores y cuidados paliativos, al tratarse de sectores particularmente vulnerables.

Información en poder de El Guacho desde los primeros meses del año ya advertía que la Administración Municipal había girado directrices internas a las distintas dependencias para que iniciaran procesos de contención del gasto y realizaran recortes en sus presupuestos, anticipando el deterioro en los ingresos que ahora fue oficialmente reconocido mediante el informe financiero.

Al finalizar la discusión, el Concejo Municipal acordó por unanimidad dar por recibido el informe remitido por la Administración y trasladarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y la emisión de una recomendación al órgano colegiado antes de conocer el ajuste presupuestario que deberá aprobarse.

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El Cementerio Municipal permanecerá abierto este sábado 20 y domingo 21 de junio, en horario especial de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con motivo de la celebración del Día del Padre, informó la Municipalidad

La medida pretende brindar a las familias un espacio para visitar a sus seres queridos que ya falllecieron y compartir momentos de recuerdo y reflexión durante esta fecha.

Como parte de las actividades conmemorativas, el domingo 21 de junio a las 11:00 a.m. se celebrará una Santa Misa en las instalaciones del Campo Santo, dedicada a la memoria de todos los padres.

La Municipalidad también recordó que durante la jornada del sábado únicamente se permitirá el ingreso para realizar labores de limpieza, lavado de nichos y colocación de flores. Por lo que no estarán autorizados los trabajos de construcción, reparación, pintura u otras intervenciones dentro del cementerio.

La alcaldesa, Zeneida Chaves Fernández, invitó a la comunidad a visitar el Campo Santo durante este fin de semana y a participar de la celebración religiosa programada para el domingo.

Además, destacó la importancia de preservar estos espacios hacia quienes dejaron una huella en la vida de sus familias.

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La Municipalidad suspendió y denegó temporalmente el trámite de permiso de demolición solicitado para el inmueble conocido como “El Sesteo”, ubicado en San Antonio. 

Esto en el marco del proceso impulsado por el Concejo Municipal para valorar su protección, preservación y eventual adquisición por interés público.

La decisión fue comunicada mediante el oficio ODU-0045-2026 de la Unidad de Desarrollo Urbano y Control Constructivo, firmado por el ingeniero David Umaña Corrales, en respuesta a la gestión presentada por la sociedad Inmobiliaria Paramount JMA Limitada. 

Ambos informes fueron dados a conocer durante la sesión del Concejo Municipal celebrada el 5 de mayo del 2026.

Según detalla el informe técnico, el Concejo Municipal acordó de manera unánime, en la sesión ordinaria N.° 18-2026, celebrada el 24 de marzo, instruir a la Administración Municipal para realizar una valoración técnica integral del inmueble para determinar “su relevancia histórica, arquitectónica y sociocultural”; así como analizar la eventual declaratoria de interés público cantonal y posibles medidas de protección o adquisición.

El oficio, además, señala que el acuerdo municipal contempló expresamente la posibilidad de aplicar una medida cautelar consistente en la denegatoria de permisos de demolición mientras se desarrolla el análisis técnico correspondiente. Por ello, la Unidad Técnica indicó que no podía desvincularse de lo dispuesto por el Concejo Municipal “en virtud del deber de sujeción a las disposiciones del órgano superior del gobierno local”.

De igual manera, un segundo informe técnico emitido por la Unidad de Planificación Urbana, bajo el oficio UPU-033-2026, informó que ya se coordinó con el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura una inspección conjunta al inmueble para realizar una valoración técnica especializada sobre su eventual declaratoria como Patrimonio Histórico-Arquitectónico a nivel nacional.

El documento firmado por la arquitecta Ligia Franco García indica, además, que funcionarios del Centro de Patrimonio manifestaron plena disposición para participar en la inspección del sitio. 

Sin embargo, la Municipalidad aún se encuentra a la espera de la autorización formal de ingreso por parte de la propiedad, la cual —según se indicó— continúa bajo análisis legal por parte de los propietarios y podría resolverse hacia finales de mayo. 

Debido a ello, la Administración señaló que todavía no es posible emitir el informe técnico definitivo solicitado por el Concejo Municipal.

La discusión sobre la preservación de El Sesteo y su eventual adquisición por parte de la Municipalidad no es reciente. Las gestiones para procurar una declaratoria de interés público del inmueble se remontan al 2020, cuando el gestor cultural y exregidor Juan Carlos Murillo, presentó la propuesta ante el Concejo Municipal. Desde entonces, distintos sectores han señalado el valor histórico, arquitectónico y cultural de la edificación, considerada una de las más antiguas del cantón.

Según referencias históricas locales, se estima que la construcción de El Sesteo data del siglo XIX. Además, el inmueble habría funcionado en el pasado como punto de estancia y descanso para los viajeros que transitaban la antigua carretera nacional que conectaba San José con Puntarenas, principal puerto de ingreso y exportación de mercancías del país durante buena parte de la historia republicana.

Finalmente, el Concejo Municipal acordó agradecer a la Administración Municipal las gestiones realizadas en torno al caso, las cuales se enmarcan dentro de la iniciativa municipal para adquirir El Sesteo mediante una eventual declaratoria de interés público.

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El Concejo Municipal aprobó por unanimidad, en la sesión ordinaria 18-2026 del 24 de marzo, una moción que inicia un proceso para proteger el inmueble conocido como El Sesteo y así evitar su posible demolición.

La iniciativa contempla la valoración técnica del edificio ubicado en San Antonio centro, y la eventual aplicación de medidas cautelares mientras se define su situación.

El acuerdo instruye a la Administración Municipal a realizar, en un plazo de 30 días hábiles, un análisis integral sobre la relevancia histórica, arquitectónica y sociocultural del inmueble, así como posibles mecanismos para su preservación, incluyendo una eventual adquisición.

Además, se prevé la participación del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud en el proceso. Paralelamente, se solicitó a la Alcaldía valorar la aplicación de una medida cautelar para impedir la emisión de permisos de demolición mientras se desarrolla el estudio.

Importancia

Según German Daniel Alvarado Luna y Raquel Soto Núñez en el folleto «Por el Camino Nacional San Antonio», El Sesteo fue construido en 1856 y es una de las casas de adobe más antiguas de Belén.

En 1986, los hermanos Villegas abrieron en el lugar el restaurante El Sesteo, evocando los antiguos centros de descanso vinculados al tránsito entre San José y Puntarenas por la Carretera Nacional desde el siglo XIX.

Estos espacios, conocidos como “sesteos”, funcionaban como puntos de descanso, comercio y encuentro social para viajeros, boyeros y pobladores. Entre los más conocidos se encontraban el de la familia Moya, en La Asunción, y la Casa del Guapinol, en San Antonio. Su relevancia histórica fue tal que incluso fueron visitados por expresidentes como Mora e Iglesias, y descritos con fines militares por el espía filibustero Meagher.

Durante finales del siglo XX e inicios del XXI, el inmueble también funcionó como bar-restaurante con relevancia cultural, albergando actividades artísticas y la presencia de figuras como Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez y el cantautor Dionisio Cabal.

Intentos anteriores

El regidor Ulises Araya Chaves explicó que la moción busca retomar gestiones iniciadas años atrás: “la moción lo que está pidiendo es que la Administración haga la valoración, porque esto había iniciado desde 2020. Inclusive la Unidad de Cultura había emitido un informe técnico. La idea es que terminen de hacer la valoración, para efectos de que suban al Concejo Municipal los documentos para hacer la declaratoria”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Cultura y regidora, Lourdes Villalobos, señaló las dificultades enfrentadas en intentos previos de gestión con los propietarios.

“La comisión de cultura hizo todo lo que pudo en su momento. Se llamaron a los propietarios, al comienzo no querían atender, se solicitó que vinieran aquí, entonces, al final, la empleada doméstica era la que atendía. La señora no podía, ellos no querían vender, por favor no molesten más, no queremos vender, y así nos fuimos. No hubo manera, ellos no querían en ese instante vender. Nosotros no podíamos pelear contra eso, pero se insistió una y mil veces”.

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Una nueva investigación por corrupción alcanza a la Municipalidad, esta vez, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción – sede Heredia, abrió un proceso penal por el presunto delito de peculado en perjuicio de los deberes de la función pública.

La causa, tramitada bajo el expediente 24-000008-1880-PE, solicitó al Concejo Municipal certificar las actas relacionadas con la contratación de mantenimiento de aires acondicionados institucionales. El oficio, firmado por el fiscal auxiliar Melvin Leonel Mora Hernández, ordenó que la información se entregara en un plazo de una semana.

Durante la sesión consignada en el acta 47-2025, el regidor propietario Ulises Araya subrayó la necesidad de que el gobierno local coopere con la Fiscalía: “Ante una nota de esta envergadura de la Fiscalía Anticorrupción del país, la Municipalidad de Belén tiene que facilitar ponerse a disposición y entregar toda la documentación que sea necesaria para que se llegue al fondo de este asunto”.

“Creo que es un tema para no tomar a la ligera. Muchas veces la persona investigada habrá tenido que firmar documentos en los que confió, pero esto nos recuerda la importancia de ser muy juiciosos con cada firma de modificaciones, contratos de proveedores y demás, porque en ocasiones se termina cargando con errores o irregularidades cometidas por otras personas”, agregó.

Tras el debate, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad dar por recibido el oficio 240000081880PE de la Fiscalía y Remitir a la Secretaría la instrucción de brindar la certificación solicitada en el plazo establecido.

La investigación sigue su curso bajo la dirección de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en Heredia.

El peculado, tipificado en el artículo 361 del Código Penal costarricense, se refiere al uso indebido, sustracción o apropiación de fondos o bienes públicos por parte de un funcionario en beneficio propio o de terceros, constituyendo una de las faltas más graves contra la función pública.

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La dirigencia socialcristiana de Belén anunció que no respaldará la candidatura presidencial de Juan Carlos Hidalgo, tras su decisión de excluir al diputado Horacio Alvarado Bogantes de la campaña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Mediante un comunicado emitido este 27 de septiembre, el Comité Ejecutivo Cantonal de Belén, la Juventud Socialcristiana y sus delegados cantonales manifestaron su “profunda inconformidad y rechazo” ante la medida tomada por Hidalgo.

Según el documento, la exclusión del legislador herediano constituye un “agravio” tanto para Alvarado como para las bases partidarias que lo respaldan. “La exclusión del diputado Alvarado significa, en los hechos, debilitar la unidad y provocar una ruptura innecesaria que pone en riesgo la credibilidad y el futuro del proyecto socialcristiano”, señala el texto.

Los socialcristianos belemitas también defendieron la trayectoria del diputado, a quien calificaron como un representante legítimo y un político comprometido con Heredia y con el país. “Pretender sancionar esa autonomía es un retroceso para la democracia interna del partido y para la representación política en el país”, agregaron.

En consecuencia, los líderes locales adelantaron que no participarán en la campaña de Hidalgo, al considerar que “se aparta de los valores de respeto, unidad y trabajo conjunto que deben guiar al Partido Unidad Social Cristiana”.

Posibles acercamientos con Pueblo Soberano

Fuentes consultadas por El Guacho indicaron que el PUSC de Belén estaría en conversaciones para valorar un eventual apoyo a la candidatura presidencial de Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano.

Además, trascendió que un hijo de un importante dirigente del PUSC ya trabaja activamente con Pueblo Soberano. A esto se suma que Calixto Chaves, tío de la alcaldesa de Belén, Zeneida Chaves, es reconocido como una figura relevante del denominado “Rodriguismo”.