• La decisión de 2022 fue adoptada cuando el vicealcalde presidía el Concejo y la alcaldesa ocupaba una regiduría

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El Concejo Municipal acordó, por unanimidad, ratificar el acuerdo adoptado en el Acta 52-2022, relacionado con las irregularidades detectadas en los procesos de reasignación de puestos de la Municipalidad. 

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria 61-2026, celebrada el 13 de octubre, luego de conocer el criterio del asesor legal municipal, Luis Álvarez, contenido en el oficio MB-081-2026.

El acuerdo ratificado recomienda a la Administración iniciar los procedimientos administrativos de nulidad y reintegro que correspondan. Además de mantener vigente lo dispuesto anteriormente en el acuerdo del Acta 47-2022, artículo 25, relacionado con el dictamen CHAP-15-2022.

El caso tiene como antecedente el informe de Auditoría Interna INF-AI-05-2021, que examinó 24 reasignaciones de personal realizadas entre 2018 y 2020. 

Según ese estudio, la Municipalidad pagó más de ₡152 millones por estos movimientos, de los cuales más de ₡95 millones correspondieron a incrementos salariales.

La Auditoría Interna identificó deficiencias en los procedimientos, entre ellas: la ausencia de expedientes individuales completos, falta de evidencia sobre la verificación de requisitos técnicos, carencia de análisis de factibilidad debidamente respaldados y deficiencias en la documentación presupuestaria. 

El informe concluyó que no existía evidencia suficiente para acreditar que las reasignaciones estuvieran debidamente respaldadas desde el punto de vista técnico, presupuestario y legal.

El Guacho había abordado este caso en la publicación “24 reasignaciones de personal le costaron a la Municipalidad de Belén más de 152 millones entre el 2018 y 2020”.

Firme y obligatorio

Uno de los antecedentes más relevantes es el oficio OAI-130-2026, emitido el 23 de abril de 2026 por la auditora interna, Maribelle Sancho García, dirigido al Concejo Municipal.

En ese documento, la Auditoría aclaró que el informe INF-AI-05-2021 contenía recomendaciones dirigidas tanto a la Administración Activa como al Concejo Municipal.

En particular, las recomendaciones 11 y 12 correspondían al órgano colegiado y se relacionaban con la revisión de la legalidad de las reasignaciones y el establecimiento de mecanismos de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos.

La Auditoría recordó que el Concejo atendió esas recomendaciones mediante el acuerdo N.° 5202-2022, del 7 de septiembre de 2022, en el cual se recomendó a la Administración iniciar los procedimientos administrativos de nulidad y reintegro.

El oficio OAI-130-2026 señaló que la Administración Municipal no ejerció el veto contra ese acuerdo. Por esa razón, la Auditoría sostuvo que adquirió firmeza y plena validez jurídica y que resulta obligatorio y vinculante para la Administración.

El documento señaló que, desde su emisión, la Auditoría Interna ha dado seguimiento a ese acuerdo y que no se habían ejecutado acciones concretas por parte de la Administración Municipal para cumplir la instrucción de iniciar los procedimientos de nulidad y reintegro.

Asimismo, explicó que la alegada pérdida de interés actual planteada por la Administración Municipal no constituye una razón suficiente para desconocer el acuerdo municipal ni para dar por atendida la recomendación.

Competencias 

El oficio OAI-130-2026 también abordó la discusión sobre la posibilidad de acudir al procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley General de Control Interno para que la Contraloría General de la República dirima una eventual discrepancia entre la Administración Municipal y la Auditoría Interna.

La Auditoría Interna señaló que el plazo legal para formular una discrepancia había transcurrido sin que la Administración Municipal emitiera oportunamente una resolución jerárquica motivada que se apartara de las recomendaciones. 

Por ello, consideró que no era posible reabrir ese plazo ni constituir extemporáneamente un conflicto al amparo del artículo 38.

Como respaldo, citó el oficio DFOE-CIU-0378, del 1 de agosto de 2025, en el que la Contraloría General de la República indicó que no es viable reabrir plazos que ya precluyeron por inacción de la Administración.

Por su parte, el criterio legal MB-081-2026, conocido por el Concejo el 13 de octubre, llegó a una conclusión coincidente respecto a la imposibilidad de constituir tardíamente ese conflicto. Sin embargo, el asesor legal también advirtió que ello no extingue las recomendaciones ni libera a la Administración de atender las responsabilidades que le corresponden.

Acuerdo

Durante la discusión, la regidora Ana Betty Valenciano hizo un repaso de los antecedentes y de las distintas gestiones que el Concejo ha realizado para dar seguimiento al informe de Auditoría Interna. Recordó que dicho ente había reiterado su posición sobre las reasignaciones y que correspondía a la Administración Municipal atender las diez recomendaciones dirigidas a ese órgano, mientras que el Concejo debía cumplir las dos restantes.

Valenciano propuso ratificar el acuerdo del Acta 52-2022, al considerar que continúa vigente y que el oficio MB-081-2026 no incorporaba elementos nuevos que justificaran modificar lo actuado. También planteó solicitar a la Administración Municipal que tomara las acciones correspondientes.

Por su parte, el regidor Ulises Araya respaldó la propuesta y recordó que han transcurrido más de cuatro años desde la aprobación del acuerdo original. Cuestionó que, durante ese periodo, la Administración Municipal haya sostenido ante la Auditoría Interna que las recomendaciones estaban atendidas, mientras persistían observaciones sobre la falta de respaldo documental de las reasignaciones.

Araya hizo referencia a los 24 casos examinados y señaló que algunos expedientes fueron reconstruidos posteriormente, pero que eso no resolvía las deficiencias existentes al momento en que se aprobaron los movimientos de personal.

El regidor también cuestionó que, en una sesión anterior, las reasignaciones hubieran sido calificadas como “un fantasma del que hay que pasar la página”.

“No, no son un fantasma del que hay que pasar la página”, expresó. Añadió que detrás del caso hubo recursos públicos destinados a reasignaciones cuyo origen, según las observaciones de Auditoría, no contaba con el respaldo requerido.

Araya indicó que desconocía si el asunto había sido trasladado a instancias judiciales, por lo que no afirmó que existiera una resolución en esa vía.

Ambos regidores coincidieron en que el acuerdo de 2022 debía mantenerse vigente y que correspondía a la Administración tomar las acciones pertinentes, sin que el Concejo asumiera funciones propias de la gestión administrativa.

Vicealcalde presidía el Concejo

La ratificación adquiere relevancia política al revisar cómo se adoptó el acuerdo original. 

En el Acta 52-2022, la regidora María Antonia Castro presentó una moción de orden para corregir lo actuado anteriormente y establecer expresamente la recomendación de iniciar procedimientos administrativos de nulidad y reintegro.

Antes de la votación, el entonces presidente municipal y actual vicealcalde, Minor González, manifestó que el informe mencionado había quedado en estudio y que nunca se había tomado un acuerdo.

Finalmente, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad y en forma definitivamente aprobada la modificación del orden del día, revocó el acuerdo del Acta 51-2022, recomendó a la Administración Municipal iniciar los procedimientos de nulidad y reintegro, ratificó el acuerdo del Acta 47-2022 y dispuso comunicar lo resuelto a la Auditoría Interna.

En aquel momento, Minor González ocupaba la Presidencia Municipal y Zeneida Chaves, actual alcaldesa, formaba parte del Concejo Municipal como regidora.

Actualmente, desde la Administración Municipal se han planteado posiciones dirigidas a que el Concejo deje sin efecto o dé por superadas las actuaciones relacionadas con este caso.

Acuerdo vigente

La decisión del 13 de octubre fue unánime. El Concejo acordó dar por recibido el oficio MB-081-2026 y ratificar el acuerdo del Acta 52-2022, artículo 2, cuyo contenido incluye la recomendación de iniciar los procedimientos administrativos de nulidad y reintegro, así como la ratificación del acuerdo del Acta 47-2022, artículo 25, correspondiente al dictamen CHAP-15-2022.

Con esta decisión, el Concejo Municipal mantiene vigente el antecedente institucional de 2022 y reitera la necesidad de que la Administración Municipal atienda las actuaciones que le corresponden frente a las observaciones de la Auditoría Interna.

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El mismo día en que vencía su permiso temporal, la sociedad Escorpiones con Valores del Oeste S.A.D. afirmó que el convenio de uso y mantenimiento del Polideportivo de Belén se mantenía vigente hasta el 1 de julio de 2029 y anunció que defendería esa posición.

Mediante un comunicado de prensa del 22 de octubre, la sociedad indicó que, a esa fecha, no había sido notificada de ningún acto administrativo que anulara, suspendiera o terminara el convenio aprobado en julio de 2021, con una vigencia de ocho años.

La posición de Escorpiones contrastó con lo expuesto en la sesión municipal 63-2026, del pasado 20 de octubre, donde se señaló que la Dirección Jurídica municipal había determinado la nulidad de ese convenio.

Dictámenes

En su comunicado, Escorpiones afirmó que la Dirección Jurídica de la Municipalidad avaló el convenio mediante el oficio DJ-287-2021, del 2 de julio de 2021, al encontrarlo ajustado a derecho.

Según la sociedad, en el dictamen DJ-051-2026, del 28 de enero de 2026, esa misma dependencia reconoció la vigencia del convenio y calificó la falta de remisión al Concejo Municipal como un vicio que “constituye una nulidad relativa del mismo y, como tal, es susceptible de ser enmendada”.

Escorpiones agregó que ese dictamen contempló el saneamiento del convenio, sujeto a comprobar el cumplimiento de sus obligaciones y su finalidad, y que el oficio DJ-184-2026 mantuvo esa posición. “Ninguno de estos pronunciamientos concluye que el convenio presente una nulidad absoluta”, sostuvo el texto.

Lesividad

La sociedad argumentó que una observación formal no eliminaba automáticamente los efectos del convenio ni constituía una orden de desalojo.

Según el comunicado, si la Administración pretendía anular sus propios actos declaratorios de derechos, debía acudir al proceso de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, cumpliendo los requisitos legales.

“Nuestra posición es clara: el convenio continúa vigente y su plazo se extiende hasta 2029. Defenderemos los derechos de los cientos de niños y jóvenes que practican deporte bajo nuestra organización”, concluyó el documento.

Reacción

La Coalición Unión Belemita respondió este viernes con un pronunciamiento en el que afirmó que Escorpiones carecía de título habilitante para seguir ocupando el Polideportivo y debía retirarse de inmediato.

La agrupación sostuvo que el Concejo Municipal nunca aprobó el convenio de 2021 y que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (CCDR) conocía desde enero de 2026 los oficios de la Dirección Jurídica sin comunicarlos oportunamente al Concejo.

Además, reclamó que 49 de las 75 horas semanales que utilizaba Escorpiones correspondían a espacios de ligas menores que, según la agrupación, la Asociación Deportiva Belén Fútbol no cedió voluntariamente, y exigió que le fueran restituidas.

Antecedentes

En su oficio del 15 de octubre, la Junta Directiva del CCDR reconoció que incumplió el plazo otorgado por el Concejo para acreditar el título jurídico de Escorpiones y solicitó que cualquier decisión de no continuidad respetara un preaviso de 365 días.

El Comité advirtió además sobre eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales si se ordenaba la salida inmediata de la sociedad, con base en supuestas inversiones superiores a ₡164 millones.

Durante la sesión 63-2026, el Concejo Municipal acordó solicitar a su asesor legal, Luis Álvarez, una propuesta de contestación para fijar una posición institucional sobre el caso.

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Vecinos de La Ribera solicitaron al Concejo Municipal realizar gestiones para proteger un higuerón ubicado en la propiedad donde se pretende desarrollar el proyecto inmobiliario Belén Urbano.

La petición fue presentada en la Sesión Ordinaria N.° 25-2026, del 28 de abril, mediante el trámite 1658-2026, firmado por Georgina Jiménez Elizondo y acompañado por 69 firmas, en su mayoría residentes del Condominio Hacienda de La Ribera.

Los vecinos señalaron que, de acuerdo con un inventario forestal de áreas públicas realizado por la Unidad Ambiental, en el cantón se registraron alrededor de 17.000 árboles y únicamente dos presentarían dimensiones similares a las de este higuerón, cuya copa supera los 30 metros de diámetro y cuyo diámetro a la altura del pecho supera los dos metros.

En su solicitud, los vecinos destacaron, además, el valor ambiental del árbol por su capacidad para brindar refugio a distintas especies y aportar servicios ecosistémicos como la mitigación del calor, la regulación hídrica y la captura de dióxido de carbono. 

Por sus características, consideraron que su eventual tala representaría una pérdida ambiental, patrimonial y paisajística para el cantón.

Gestiones

La Administración Municipal remitió al Concejo Municipal el el memorando UA-122-2026 de la Unidad Ambiental, mediante el oficio AMB-MC-199-2026, en donde se informa que el primer trámite relacionado con el árbol fue presentado en marzo por Alejandro Cortés Ojeda, vecino del Condominio Hacienda de la Ribera. 

Posteriormente, en abril, representantes de la Asociación Belén Sostenible abordaron el tema en una reunión con la Alcaldía y se recomendó remitir la solicitud de Georgina Jiménez directamente al Concejo Municipal.

Asimismo, la Unidad Ambiental mencionó que durante mayo realizó consultas con la Oficina Regional de Heredia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), incluyendo personal relacionado con temas forestales y de biodiversidad, para conocer el procedimiento y los permisos aplicables ante una eventual tala.

El SINAC manifestó su disposición a participar en una mesa de diálogo para analizar la situación y valorar conjuntamente alternativas de conservación.

A partir de estas gestiones, la Municipalidad planteó la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con participación de la Asociación Belén Sostenible, SINAC, la Municipalidad y la inmobiliaria.

Sin embargo, la Unidad Ambiental informó que, una vez recibido el acuerdo municipal en junio, realizó tres comunicaciones por correo electrónico para concretar una reunión con la inmobiliaria, sin recibir respuesta.

Ante esto, la Unidad Ambiental señaló que mantiene su disposición para facilitar un diálogo entre las partes y analizar alternativas técnica y legalmente viables para conservar el árbol, al que calificó como un árbol de carácter centenario. 

Además, solicitó al Concejo considerar gestiones que permitan lograr la participación de la inmobiliaria en la mesa propuesta.

Opiniones

Durante la discusión, la regidora Marita Arguedas destacó el valor ambiental del higuerón y señaló que, por el estado actual del proyecto, todavía no corresponde al Concejo asumir gestiones sobre una iniciativa que no ha sido tramitada ante ese órgano.

La regidora Ana Betty Valenciano destacó las gestiones realizadas por la Administración y señaló que la inmobiliaria no respondió a las invitaciones para participar en la mesa de trabajo. Propuso comunicar el informe a los vecinos para que conocieran las actuaciones realizadas.

El regidor Sigifredo Villegas agradeció la preocupación de los vecinos y resaltó la importancia ambiental del árbol. Durante la discusión también planteó valorar una eventual medida cautelar ante una posible tala.

Por su parte, el regidor Ulises Araya señaló que, si el proyecto llegara a avanzar, podría valorarse que la conservación del árbol forme parte de los compromisos del proyecto. Sin embargo, indicó que actualmente el desarrollo se encuentra frenado porque no cuenta con un sitio legalmente avalado para el desfogue de sus aguas.

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La Administración de la Municipalidad de Belén rechazó la posibilidad de establecer un transitorio que suspenda los permisos de construcción de grandes proyectos inmobiliarios mientras concluye el proceso de actualización del Plan Regulador.

La respuesta fue comunicada al Concejo Municipal por la Alcaldía mediante el oficio AMB-MC-176-2026, conocido durante la sesión ordinaria 48-2026. La Administración sostiene que, después de analizar la solicitud junto con la Dirección Jurídica, la Dirección Técnica Operativa, la Unidad de Planificación Urbana, la Oficina del Plan Regulador y la Unidad Ambiental, no existen los presupuestos legales ni técnicos para establecer una suspensión generalizada de permisos o paralizar proyectos específicos.

La decisión representa la respuesta de la Municipalidad a una iniciativa ciudadana presentada meses atrás por el colectivo Defensores de la Casa Común.

Una petición surgida desde la comunidad

El 20 de noviembre de 2025, Laura Carolina Garrigues Herrera, en representación de Defensores de la Casa Común, compareció ante el Concejo Municipal para presentar la Declaratoria Pública para el Desarrollo Integral y la Restauración Ecológica del Cantón de Belén: Hacia una Visión de Sostenibilidad Avanzada y Carbono Positivo.

La propuesta surgió en el marco de la campaña #WeLoveBelén, impulsada por grupos comunales organizados y defensores del agua, la biodiversidad y el derecho a un ambiente sano.

Uno de los principales planteamientos fue la suspensión inmediata de los permisos de construcción hasta que se actualizara el Plan Regulador, utilizando como fundamento el principio precautorio ambiental.

El colectivo argumentó que los grandes proyectos podían incrementar la presión sobre los acuíferos, generar mayor impermeabilización de los suelos, aumentar las escorrentías y profundizar los problemas de tránsito del cantón.

La propuesta identificó específicamente varios proyectos de alto impacto, entre ellos Lagos de Belén, Casas Max 1 y 2, Veredas de Belén, Los Toros, Belén Urbano, Wal-Mart y locales comerciales en La Asunción.

La petición también planteó la utilización de un transitorio como mecanismo para detener temporalmente la aprobación de megaproyectos mientras se garantizaban determinadas condiciones de planificación.

“Ordenar la casa” antes de continuar construyendo

Durante aquella sesión, el regidor Ulises Araya respaldó la discusión sobre un nuevo transitorio y recordó que Belén ya había utilizado esta herramienta anteriormente.

Araya señaló que el primer transitorio del cantón fue aprobado hace aproximadamente 20 años y que su objetivo era darle tiempo a Belén para prepararse ante el crecimiento inmobiliario. En su intervención planteó diez condiciones que, a su criterio, deberían considerarse antes de continuar autorizando megaproyectos.

Entre ellas mencionó la actualización del Plan Regulador, las proyecciones viales, el proyecto de la radial Lindora-Panasonic, la protección y ampliación de áreas verdes, el cumplimiento del Plan Maestro del Acueducto, el Plan Hídrico Cantonal, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la capacidad de los centros educativos y de salud, terrenos para vivienda municipal y la construcción de una planta de tratamiento con alcantarillado sanitario para el cantón.

El regidor sostuvo que Belén enfrenta fuertes presiones inmobiliarias precisamente por sus condiciones estratégicas y disponibilidad hídrica y advirtió sobre un crecimiento urbano que, a su criterio, no ha estado acompañado de las obras necesarias.

La preocupación también fue expresada por otros regidores, aunque la propuesta no recibió una respuesta unánimemente favorable en el Concejo.

La regidora Ana Betty Valenciano recordó que el Plan Regulador de Belén arrastra un proceso de actualización desde años atrás y que durante un período anterior del Concejo se había aprobado un transitorio para darle al cantón tiempo para avanzar en ese proceso. Afirmó que el crecimiento constructivo terminó avanzando más rápidamente que la actualización de la planificación territorial.

Valenciano también relacionó el crecimiento urbano con problemas de impermeabilización del suelo, alcantarillado sanitario, congestionamiento vial, contaminación y reducción de zonas verdes.

Por su parte, el regidor José Pablo Delgado manifestó que la suspensión de permisos requería un análisis jurídico cuidadoso, particularmente cuando un desarrollador cumple con todos los requisitos establecidos por el Plan Regulador vigente.

La regidora Francina Quesada también llamó a encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y el cumplimiento del debido proceso y la legislación vigente.

La Administración sostiene que el Plan Regulador ya está avanzado

En su respuesta de agosto de 2026, la Administración utilizó precisamente el estado de actualización del Plan Regulador como uno de sus principales argumentos.

Según el oficio AMB-MC-176-2026, la propuesta ya obtuvo la viabilidad ambiental de SETENA y se encuentra en revisión ante el INVU, antes de las etapas de audiencia pública, aprobación y oficialización por parte del Concejo Municipal.

La Municipalidad sostiene además que la propuesta incorpora variables ambientales, gestión del riesgo, protección del recurso hídrico, criterios de sostenibilidad y los lineamientos estratégicos del Plan GAM.

Por esa razón, la Administración considera que buena parte de las preocupaciones planteadas por el colectivo ya están siendo atendidas dentro del proceso formal de actualización del Plan Regulador.

“No existe fundamento técnico ni jurídico”

La conclusión de la Administración es tajante: no existe fundamento técnico ni jurídico para suspender de manera general los permisos de construcción ni paralizar proyectos específicos en los términos solicitados.

El informe invoca los principios de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad y respeto a los derechos adquiridos.

La Administración también reconoce que la propuesta de Defensores de la Casa Común constituye un aporte ciudadano relevante para discutir el futuro ambiental, urbanístico y territorial de Belén, pero sostiene que cualquier decisión debe ajustarse a las competencias municipales y a los procedimientos establecidos por ley.

La discusión todavía no está cerrada

Aunque la Administración rechazó la suspensión solicitada, el Concejo Municipal no dio por concluido el tema.

En la sesión 48-2026, el oficio fue recibido y remitido al Asesor Legal del Concejo para que emita un análisis y una recomendación.

La decisión tuvo tres votos a favor —Gilberth González, Teresita Venegas y Lourdes Villalobos— y dos en contra —Ana Betty Valenciano y Ulises Araya— estos últimos solicitaron trasladar el debate a la Comisión de Plan Regulador.

Por lo tanto, la discusión sobre si Belén necesita o no un transitorio para poner una pausa al crecimiento de los grandes proyectos inmobiliarios continúa abierto.

La diferencia ahora es que la discusión ya no se encuentra únicamente en el terreno de la petición ciudadana: la Administración fijó formalmente su posición y el Concejo deberá valorar el criterio jurídico solicitado antes de determinar qué camino seguirá.

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Una manada de coyotes fue avistada en la Urbanización La Ribera, informó la Municipalidad.

Según la institución la manada se ha visto en los últimos días, por lo que llamó a las personas vecinas a extremar las medidas de precaución.

Además, recomendó resguardar adecuadamente a las mascotas, especialmente durante la noche y la madrugada; así como, mantener un manejo responsable de los residuos para evitar atraer fauna silvestre y prevenir incidentes.

La urbanización La Ribera se ubica dentro del área de influencia del Humedal de La Ribera, un ecosistema de importancia ambiental para Belén. 

Dicho humedal alberga una importante diversidad de especies de flora y fauna silvestre y cumple funciones esenciales como la regulación de las aguas, la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del equilibrio ecológico de la zona.

La presencia de coyotes en las cercanías de este tipo de ecosistemas no es inusual, ya que se trata de una especie nativa que utiliza corredores biológicos y áreas con cobertura vegetal para desplazarse y alimentarse. 

La Municipalidad agradeció la colaboración de la comunidad para prevenir incidentes y contribuir a la protección tanto de las personas como de la vida silvestre.

Esta no es la primera vez que se observan coyotes en el cantón. Desde hace 12 años, se han reportado en las inmediaciones de los ríos Virilla y Bermúdez.

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De acuerdo con la programación legislativa preliminar, el proyecto podría ser conocido y votado en primer debate este mismo martes 23 de junio. En caso de que ello no ocurra, la iniciativa podría ser sometida a votación el próximo jueves 25 de junio, fechas que podrían marcar un momento histórico para ambos cantones al acercarse la resolución definitiva de un conflicto limítrofe que se ha prolongado por más de un siglo.

La reconvocatoria representa un paso decisivo para la resolución de una controversia territorial que ha generado incertidumbre jurídica para habitantes de ambos cantones, particularmente en el sector de barrio San Vicente, en San Antonio de Belén. De aprobarse el proyecto, el país contaría por primera vez con una definición legal expresa del límite entre Belén y Alajuela, poniendo fin a décadas de disputas e interpretaciones sobre la división territorial entre ambos gobiernos locales.

Proyecto se encamina al primer debate

Con la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo, el expediente queda habilitado para ser conocido por el Plenario Legislativo, donde se espera que próximamente sea sometido a votación en primer debate.

De manera preliminar, se conoce que la iniciativa cuenta con el respaldo mayoritario de las principales fracciones legislativas, con excepción de los diputados de la provincia de Alajuela, quienes han mantenido una posición crítica respecto al proyecto durante su trámite legislativo.

En caso de superar el primer debate, el siguiente paso consistiría en determinar si se reúnen al menos diez firmas de diputadas y diputados para remitir el expediente a consulta facultativa ante la Sala Constitucional. Posteriormente, una vez concluida esa eventual etapa, el proyecto regresaría al Plenario para su votación en segundo debate.

Superado dicho trámite, la ley sería firmada por la Presidencia de la República y publicada en el diario oficial La Gaceta. A partir de ese momento entraría formalmente en vigencia, convirtiéndose en la primera ley de la historia que establecería de manera expresa y definitiva el límite entre los cantones de Belén y Alajuela.

Una solución a un conflicto histórico

La iniciativa legislativa tiene como objetivo convertir en ley el límite de hecho que ha operado durante décadas entre ambos cantones, derivado de una negociación realizada en La Catalina de Santa Bárbara en 1988.

Aunque dicho acuerdo permitió resolver administrativamente gran parte de la controversia territorial, nunca llegó a formalizarse mediante una ley de la República, situación que dio origen a cuestionamientos y conflictos en ambos cantones.

En el caso de Belén, uno de los principales reclamos históricos ha sido la exclusión de una franja de barrio San Vicente, territorio cuyos vecinos mantienen una estrecha vinculación con el cantón belemita y que actualmente constituye el principal ajuste contemplado en el expediente legislativo N.° 24.625.

La propuesta se fundamenta en el dictamen técnico CTDT-08-2024 de la Comisión Nacional de División Territorial, el cual concluyó que el límite de hecho debía consolidarse mediante ley, incorporando una corrección específica en el sector de San Vicente.

De esta forma, el proyecto busca corregir una situación histórica que se arrastra por más de cien años y brindar seguridad jurídica definitiva tanto a los gobiernos locales como a las personas habitantes de las comunidades involucradas.

Concejo Municipal había solicitado la reconvocatoria

La decisión adoptada por la Presidencia de la República se produce apenas dos semanas después de que el Concejo Municipal de Belén aprobara, por unanimidad y en forma definitivamente aprobada, una moción solicitando precisamente la reconvocatoria del expediente.

El acuerdo fue adoptado el pasado 9 de junio de 2026 durante la sesión ordinaria N.° 35-2026, mediante la “Moción para solicitar a la honorable Presidenta de la República la reconvocatoria del expediente legislativo N.° 24.625 ‘Definición del límite entre los cantones de Alajuela y Belén de las provincias de Alajuela y Heredia’”.

En dicha moción, el Concejo Municipal destacó que el proyecto ya había superado la etapa de dictamen en comisión, múltiples comparecencias de autoridades y representantes comunales, así como el trámite de mociones vía artículo 137, restando únicamente su conocimiento y votación por parte del Plenario Legislativo.

Asimismo, el acuerdo municipal solicitó respetuosamente a la Presidencia de la República volver a convocar el expediente durante el actual período de sesiones extraordinarias y pidió a las diputadas y diputados de la República respaldar la iniciativa por constituir una solución técnica, jurídica y definitiva al conflicto limítrofe entre ambos cantones.

La moción contó con el respaldo unánime del Concejo Municipal, la Alcaldía y representantes comunales, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una solución definitiva para la comunidad de San Vicente y para la definición territorial entre Belén y Alajuela.

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El Área Rectora de Salud de Belén-Flores, dependencia del Ministerio de Salud, emitió una aclaración pública en la que afirma que el Plan Local de Salud 2026-2030 “no es una iniciativa municipal”, sino un instrumento oficial liderado, diseñado y coordinado por esa institución. En el mismo documento, la autoridad sanitaria advirtió que atribuir la autoría y el liderazgo del plan a gobiernos locales representa, a su juicio, un “grave error conceptual e institucional”.

El comunicado, firmado por el Dr. Gustavo Espinoza Chaves, director del Área de Salud de Belén y Flores, fue difundido luego de que la Municipalidad de Belén divulgara en redes sociales una publicación en la que describe el plan como un esfuerzo articulado entre el gobierno local y una decena de instituciones del cantón.

Los cuatro puntos de la aclaración

En su pronunciamiento, la autoridad sanitaria expuso cuatro precisiones. En primer lugar, invocó la Ley General de Salud (N.° 5395) y la Ley Orgánica del Ministerio de Salud (N.° 5412) para sostener que esa cartera es “el único ente rector de la salud en el territorio nacional” y que el Plan Local responde de manera directa a la Política Nacional de Salud 2023-2033.

En segundo lugar, reconoció que la Municipalidad y otras organizaciones del cantón —entre ellas la CCSS, el MEP, el PANI, el IAFA y el IMAS— participan como contrapartes, actores estratégicos o ejecutores de intervenciones específicas según sus competencias. No obstante, señaló que la conducción general del plan recae sobre la autoridad sanitaria, a través de su Dirección de Área Rectora de Salud local.

Como tercer punto, indicó que los procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo semestrales y anuales corresponden al Ministerio de Salud, en su condición de órgano responsable de velar por los determinantes sociales de la salud de la población belemita.

Finalmente, el comunicado hace un “llamado a la objetividad institucional” y plantea que “instrumentalizar políticamente” estos planes o atribuir su liderazgo a entidades ajenas a la rectoría sanitaria debilita la institucionalidad y confunde a la población sobre las competencias de cada institución. Por otra parte, el documento cierra reiterando “respeto y agradecimiento” a las instituciones que colaboran en el proceso.

¿Qué publicó la Municipalidad?

La publicación municipal que antecedió a la aclaración presenta el Plan Local de Salud 2026-2030 como un “compromiso conjunto” entre la Municipalidad de Belén, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, el MEP, el PANI, el IAFA, la CCSS-Área de Salud Belén-Flores, el IMAS, el CEN-CINAI, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, el Comité Cantonal de la Persona Joven y los programas sociales municipales.

En ese mismo texto, la Municipalidad afirma que el instrumento “se fundamenta en las políticas nacionales vigentes” y lo vincula expresamente con la Política Nacional de Salud 2023-2033, la misma norma que invoca el Ministerio. La publicación enumera, además, cuatro ejes estratégicos para el cantón: calidad, acceso y cobertura; vigilancia de la salud, salud ambiental y promoción de la salud.

De ese modo, el comunicado municipal incluye al Ministerio de Salud entre las instituciones firmantes y no le atribuye al gobierno local la autoría exclusiva del plan, aunque tampoco menciona de forma explícita la figura de rectoría que la autoridad sanitaria reivindica en su aclaración.

Consulta a la Municipalidad

Este medio consultó a la Municipalidad de Belén para conocer su posición frente a la aclaración del Ministerio de Salud y sobre la forma en que se comunicó la naturaleza del plan. Al cierre de edición de esta nota no se había recibido respuesta. El espacio queda abierto para incorporar la versión municipal una vez que sea remitida.

• Belén ahora ocupa el puesto #51 de 82 en el Pilar de Calidad de Vida (con 62.13 puntos), quedando incluso por debajo de la mediana nacional.

• Los resultados evidencian que un alto índice de competitividad cantonal no implica una buena calidad de vida en sus habitantes.

PhD. Manuel Zumbado Corrales

Este 13 de mayo la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica presentó el Índice de Competitividad Cantonal para el año 2024. Los resultados posicionan a Belén como el cantón más competitivo de Costa Rica, con una puntuación de 73,4.

Esto refleja las condiciones de nuestro cantón como polo económico que concentra gran cantidad de zonas francas, con gran presencia de empresas multinacionales, parques industriales y un robusto ecosistema empresarial.

La UCR señala que cantones muy competitivos como Belén “se benefician de la concentración de actividad económica, infraestructura robusta y un capital humano dinámico”. Sin embargo, este dinamismo económico no se traduce en bienestar interno. Esto se desprende de este mismo informe donde Belén figura en el puesto #51 de 82 cantones en el pilar de calidad de vida, con sólo 62.13 puntos. Es decir, está por debajo de la mediana nacional (alrededor de 63) en ese indicador.

Esta contradicción plantea la paradoja “alta competitividad no implica bienestar”. Santo Domingo de Heredia, por ejemplo, tiene menor índice de competitividad (64.96) pero obtuvo la puntuación más alta en calidad de vida (81.99). De hecho, el informe de la UCR advierte que incluso entre los líderes se encuentran disparidades: San José, el tercer cantón más competitivo (66.02), apenas alcanza calidad de vida media, “demostrando que la alta competitividad no garantiza resultados homogéneos”. Otros cantones con perfiles económicos fuertes, como Escazú, Cartago o Santa Ana, logran mejores equilibrios al liderar en competitividad y además superar con holgura a Belén en calidad de vida.

El contraste es llamativo frente a cantones vecinos y similares. Aunque Belén limita con territorios como Heredia, Flores, San José y Alajuela, en términos de calidad de vida figura en el segundo lugar dentro de ese grupo, casi empatado con Heredia (62.13 vs 62.72) y muy por encima de distritos urbanos como San José centro (puntuación ~45) que arrastran el promedio regional hacia abajo. Sin embargo, si el comparativo se amplía al “top 10” de competitividad nacional, Belén se ubica 8º de 10 en calidad de vida: supera sólo a San José y a Alajuela, quedando claramente por debajo del promedio de ese grupo (64.6). Es decir, otros cantones pujantes de Costa Rica viven mejor que Belén.

Las razones podrían estar en el modelo de desarrollo local. Belén ocupa apenas 12.37 km² pero concentra numerosas zonas francas, sedes corporativas, parques industriales y desarrollos inmobiliarios. Esto atrae inversión y empleo, pero también genera saturación urbana, colapso vial. Además la alta densidad comercial residencial reduce la proporción de áreas verdes y espacio público por habitante. En distritos tipo “ciudad dormitorio” como Santo Domingo de Heredia, Moravia o Vázquez de Coronado, la cobertura arbórea y los espacios abiertos per cápita son mucho mayores, lo que fortalece la calidad de vida en esas zonas.

Esto evidencia que ser el cantón más competitivo de Costa Rica no garantiza ser el mejor para vivir. Los datos evidencian que Belén a pesar de generar mucha riqueza no logra traducir esta posición privilegiada en bienestar ciudadano. El desafío para las autoridades locales será replantear el modelo de desarrollo, tomar como ejemplo a cantones que sí han logrado equilibrar industria y servicios con espacios verdes. De ello dependerá que el crecimiento económico de Belén sí se refleje en una mejor calidad de vida para sus habitantes.

• Las oficinas administrativas reabrirán el lunes  11 de mayo tras la medida adoptada en apego al decreto del Gobierno

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La Municipalidad anunció que se acogerá al asueto nacional decretado con motivo del traspaso de poderes del viernes 8 de mayo de 2026, por lo que sus oficinas permanecerán cerradas durante ese día.

La medida fue adoptada por la Alcaldía Municipal, en apego al Decreto Ejecutivo N.° 45680-MGP y con fundamento en lo dispuesto por el Código Municipal. 

Mediante un memorando remitido al Concejo Municipal en la sesión del Concejo Municipal del martes 28 de abril, se comunicó oficialmente la decisión de sumarse a la disposición nacional que concede asueto a las instituciones públicas en el marco de la Transmisión del Mando Presidencial.

A pesar del cierre de las oficinas administrativas, la Administración Municipal aclaró que los servicios esenciales continuarán operando con normalidad. Entre estos se incluyen la Policía Municipal, la Policía de Tránsito y el servicio de recolección de residuos. Asimismo, los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) de Barrio Escobal y La Ribera permanecerán abiertos.

Otros servicios como fontanería y el cementerio municipal funcionarán bajo la modalidad de disponibilidad. 

En caso de emergencias o requerir atención, la ciudadanía podrá comunicarse con la Policía Municipal a los teléfonos habilitados para estos fines.

Las labores administrativas se retomarán con normalidad el lunes 11 de mayo.

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La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este martes 14 de abril de 2026 el expediente legislativo N.° 24.850, denominado “Actualización de las categorías de manejo de áreas silvestres protegidas y administración municipal de los parques naturales urbanos”.

La iniciativa abre la posibilidad para que, a futuro, el cantón de Belén pueda declarar Monumento Natural al Ojo de Agua y Parque Natural Urbano a El Santuario.

El proyecto plantea reformas a los artículos 32 y 33, así como la adición de un artículo 33 bis a la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) para actualizar las categorías de manejo de áreas protegidas.

Entre los cambios se establece la posibilidad de que las municipalidades puedan asumir la propiedad y gestión de los Parques Naturales Urbanos, y se amplía la categoría de Monumento Natural para que otras instituciones públicas también puedan administrar estos espacios.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Jonathan Acuña Soto, representante de la provincia de Heredia por el partido Frente Amplio.

Asimismo, el proyecto fue construido con la participación de comunidades organizadas en distintas partes del país, entre ellas agrupaciones de Santa Ana vinculadas a la defensa del Parque Lorne Ross, la Asociación de Vecinos de Barrio Amón en San José, y organizaciones de Belén.

En el caso de Belén, participaron la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, la Asociación Belén Sostenible y la Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor, las cuales han estado involucradas en la promoción y gestión de iniciativas como El Santuario y la Bandera Azul Ecológica del Ojo de Agua.

Luego su aprobación en comisión, el proyecto de ley pasará al plenario legislativo para su discusión y eventual votación.