Empresas ubicadas en centros corporativos rehuyen de pagar impuestos municipales


Las empresas ubicadas en los centros corporativos San Antonio Business Park y El Cafetal operan bajo régimen de zona franca (imagen con fines ilustrativos).

Luis Zárate Alvarado

luis.zarate@periodicoelguacho.com

Las empresas que recientemente se instalaron en los centros corporativos El Cafetal y San Antonio Bussines Park, ambos ubicados en La Ribera, rehuyen del pago de impuestos municipales como patentes y bienes inmuebles.

Por esa razón, el Gobierno local dejará de percibir, para el 2019, por lo menos ¢600 millones anuales, dinero que se hubiera podido invertir en seguridad ciudadana, cultura, deportes o ayudas sociales.

Se trata de las firmas Align, DHL, Citi Group, 3M Services, entre otras. Esas empresas, tan pronto llegaron a nuestro cantón, recurrieron a declararse bajo régimen de zona franca, lo que les permite no pagar patente ni el impuesto de bienes inmuebles, rubros que sí se le cobran a las pulperías, bares, tiendas o a cualquier otro comercio belemita.

El privilegio que gozan esas transnacionales nace por la ley de reforma al régimen de Zona Franca, N° 8794, impulsada en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, en la cual se estableció, mediante el artículo 20, inciso h, una exención de todo tributo y patente municipal a las empresas que se amparan en este modelo.

Se supone que dicha exención es por un plazo de 10 años; sin embargo, Intel ya suma 25 años de no pagar sus tributos municipales.

Esto sucede porque el reglamento de la ley permite que ese beneficio sea indefinido y dura mientras la empresa se mantenga bajo el régimen.

El ingreso de una empresa a la categoría de zona franca es regulado por la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), organización que redactó el reglamento de la reforma de ley que otorgó este beneficio.

Mucho dinero

Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria y con 29 años de trabajo en el Gobierno local, detalló que los ingresos por patentes alcanzan los ¢3 mil millones; este monto representa 46 % del presupuesto total de la Municipalidad, que para este año ronda los ¢8 mil millones.

De esos ¢3 mil millones, ¢2.400 millones son pagados por el 20 % de contribuyentes, como la Firestone o Conducen, dos ejemplos de industrias que sí tributan.

Zumbado explicó que el impuesto de patente se calcula con base en los ingresos totales de las empresas. Se cobra ¢2.5 por cada ¢1 mil de ingresos o ventas.

Para detallar cuánto debe pagar en total, se debe presentar una declaraciones jurada; en caso de no hacerlo, se cobra una multa millonaria.

Este funcionario reveló que las empresas bajo régimen de zona franca se limitan a pagar por servicios municipales, como recolección de desechos y consumo de agua potable.

¿Beneficios para la comunidad?

Desde el punto de vista del encargado de la Unidad Tributaria, a las empresas que se instalan en Belén se les dan muchos beneficios, pero es muy poca la ganancia que recibe la comunidad.

Incluso, no existe una cifra real que determine cuantos belemitas laboran en estos lugares, a pesar que se generan 12 mil puestos de trabajo.

Entre los sectores más golpeados están la infraestructura vial y el ambiente, porque las calles aledañas a los centros corporativos se saturan en horas pico, lo que incrementa la emanación de gases contaminantes.

“La comunidad es la que debe soportar los problemas que causan estas empresas, como el impacto vial”, acotó el funcionario.

Desde hace varios años se está a la espera de la construcción de la “mega rotonda” y de la ampliación de la calle don Chico, a un costado de El Cafetal, trabajos que, se supone, deben realizarse en conjunto entre empresas privadas y gobierno local.

Zumbado lamentó la lejanía de algunas con la comunidad, porque, según dijo, muchas ni siquiera implementan programas de responsabilidad social empresarial que beneficien a organizaciones belemitas.

“¿Dónde está la sensibilidad cuando se sabe que no van a contribuir en nada con la comunidad, no ayudan en la inversión en deporte, en cultura, o en lo social?”, reclamó.

“No existe relación entre comunidad y la empresa privada. Ahora, los grupos organizados deben hacer actividades para tener recursos, porque no hay un aporte directo de la empresa privada con la comunidad”, señaló Zumbado.

Este funcionario afirmó que esas empresas están gozando de la inversión municipal en aspectos como seguridad ciudadana y desarrollo humano, pero, a cambio, la retribución al Gobierno local es muy poca.

Más privilegios

Como si no fuera suficiente, las industrias con más de 25 años de existencia en la comunidad; ahora, recurren a declararse como Zonas Francas para olvidarse del pago de tributos.

El caso más reciente es Plásticos Modernos, también ubicada en La Ribera, que recientemente acudió a Procomer para acogerse al régimen, a pesar de trabajar por más de dos décadas como una industria más en la comunidad.

Golpe al presupuesto

La declaración de empresas en Zonas Francas, el traslado o cierre de industrias, como la Tabacalera y la Kimberly Clarke, tiene afectaciones millonarias para el presupuesto de la Muni.

Si Align, DHL, Citi, Intel y otras pagaran lo que les corresponde, el presupuesto del Gobierno local se estimaría en ¢14 mil millones anuales; sin embargo, el plan de gastos para el 2019 es de ¢9 mil millones; se “perdieron”, ¢ 5 mil millones.

Solo Intel, cuando se catalogó como Zona Franca, se libró de pagar $1 millón al año (alrededor de ¢550 millones según el tipo de cambio actual). Después de una década, la “deuda” acumulada con el cantón asciende a los $10 millones.

Todo ese dinero podría haberse usado para proyectos de infraestructura, como puentes, contribución a grupos culturales y sociales, como la Clínica de Dolor, entre otros que reciben aportes municipales; a quienes incluso se les ha tenido que recortar el presupuesto.

Zumbado dijo que urge impulsar una reforma a la ley para que las empresas paguen sus impuestos municipales, una de las propuestas es que se obligue a tributar de manera escalonada, empezando después de cumplir la década de exención que establece la normativa.

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