Comité de Deportes empeñado en solucionar crisis administrativa


Vista de la cancha y la pista sintética del Polideportivo.

Redacción El Guacho

La directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR),  está empeñada en solucionar la crisis administrativa que ha venido sufriendo esta institución.

Para lograrlo, se han visto en la necesidad de tomar una serie de decisiones importantes. Entre ellas, el inicio de una ardua investigación, desde el año anterior, a cargo de la Auditoría Interna Municipal, proceso que aún se desarrolla y se está a la espera de los resultados.

Para el avance de la investigación se tomó otra acción, como  la suspensión con goce de salario  del administrador general, Pablo Vindas, a quien también se le hizo efectivo su periodo de vacaciones acumaladas por un total de 44 días.

Actualmente, con la finalidad de no entorpecer el trabajo de  la  auditoría,  a dicho funcionario se le reubicó para cumplir con una orden de la Sala Constitucional.y se le pasó de administrador general a administrador de mantenimiento  y monitoreo de seguridad.

También fue necesario traer un nuevo equipo de abogados luego de que trascendió que  el asesor legal anterior  es suegro del  administrador general;  en apariencia invirtió sus apellidos para no quedar al descubierto.

La  firma de abogados también se ocupa de una serie de demandas interpuestas por el ex administrador general,  tanto   en  juzgados de Trabajo, Fiscalia, Sala Constitucional y Contencioso Administrativo.

“Ha estado en una posición de pelar con el CCDR y ha metido juicios al Comité, Municipalidad, a directivos y otros funcionarios, acciones de las que el Comité se ha venido defendiendo”, reveló.

Alteración de acta

Manuel González Murillo, jerarca del CCDR, relató que  este proceso de mejora administrativo arrancó en junio del 2016 cuando se  detectó,  en apariencia,  una alteración de una modificación presupuestaria.

El dirigente relató que la Junta Directiva aprobó una modificación presupuestaria para suplir algunas necesidades con mira a los Juegos Nacionales de aquel año, pero en el acta de la sesión habrían alterado los rubros aprobados por los directivos.

“Con el paso de las semanas, cuando llega el acta para aprobar, descubro que el presupuesto que había sido modificado y planteado por la administración, no es el mismo que está incorporado en el acta, tiene unas modificación en el orden de ¢2 millones en unas compras que no se discutieron”, afirmó González Murillo.

Dicha acta fue aprobada de manera parcial y se procedió a denunciar la situación para que las autoridades investiguen los hechos.

Cambio de apellidos

Esto fue el inicio de  todo un trabajo de auditoría, el cual provocó que otras situaciones salieron a la luz, tal como el cambio en el nombre del antiguo abogado del Comité de Deportes, quien se identificaba como  Jorge Alberto Trejos Rodríguez.

Dicho profesional en leyes realmente se apellida “Rodríguez Trejos”, “esa inconsistencia se veía en algunos escritos legales pero el pretexto era que por problemas familiares había decidido cambiar sus apellidos”, indicó González Murillo.

Al final la auditoría reveló que  se trataría del suegro del administrador general, “nos sorprendió, ya que nadie sabía de la situación, ni siquiera los funcionarios administrativos, me sorprendió mucho”, dijo el jerarca del Comité.

A la espera

Estos hechos provocaron que la auditoría necesitará más tiempos para desarrollar su investigación, que actualmente suma 9 meses.

“Todas las medidas que hemos tomado es para proteger la institucionalidad del Comité de Deportes, no cabe la duda que lo que se ha hecho es correcto”, aseveró González Murillo.

Este belemita agregó que  están a la  espera el resultado de la auditoría, “tiene que tomarse el tiempo suficiente para hacer los análisis correcto con la finalidad de determinar la naturaleza real de los hechos y se está a la espera de las recomendaciones”, confesó.

Proyectos frenados

González Murillo aseveró que, al encontrarse con estas deficiencias e irregularidades, durante todo este año se concentraron  en mejorar los proceso, lo que implicó que algunos proyectos importantes se  frenaron.

“El Comité  ha tenido que sacrificar en inversión en infraestructura, tenemos en presupuesto la pintura de todo el Polideportivo, íbamos a hacer baños de primera calidad, pero eso está totalmente paralizado”, lamentó.

Aclaró  que la parte técnica-deportiva, relacionada a los procesos de los Juegos Nacionales,  sí camina, al igual que la parte recreativa.

González Murillo agradeció al Departamento Legal de la Muni y al alcalde Horacio Alvarado todo el respaldo que recibieron durante todo este proceso.

“Espero que esto termine y que se tomen las decisiones que se deben tomar y que el CCDR pueda, en estos últimos meses del periodo, pueda heredar una Junta Directiva más organizada”, acotó.

Este proceso también relegó proyectos destacados como la redacción de la nueva política deportiva y la creación de  contratos con las asociaciones deportivas para regular el uso de las instalaciones del Poli.

“Estamos en un Comité unido y hacemos lo correcto de manera honesta, lamentablemente  hay un impacto directo para los usuarios, también debemos comprender que todo el trabajo que hacemos es gratuito pero lo asumimos con responsabilidad, hay que denunciar las irregularidades”, finalizó.

 

 

Sentencia de la Sala Constitucional

“…este Tribunal acogió el presente recurso de amparo al constatar que el amparado había permanecido separado de su cargo como administrador general del Comité Cantonal de Belén, con base en una medida cautelar ante causam que había excedido sobradamente el plazo establecido para tales efectos por la jurisprudencia constitucional. A raíz de lo anterior, la Sala ordenó a la autoridad accionada que en plazo de 15 días, contado a partir de la notificación de esa sentencia, se dispusiera la apertura del procedimiento administrativo en contra del tutelado o lo que en derecho correspondiera con respecto a su situación jurídica. Dicha orden, implica que no pueden mantenerse los efectos dela medida cautelar dictada en contra del accionante, pues de hacerlo, permanecerían vigentes los actos que motivaron la declaratoria con lugar de este asunto. Ahora bien, si la autoridad accionada estima que no cuenta con elementos suficientes para iniciar un procedimiento en contrato del tutelado, lo procedente es que dentro del plazo establecido por este Tribunal proceda a reincorporar al interesado a sus labores, y de ser necesario, adopte las medidas administrativas que estime necesarias para garantizar que la investigación que actualmente lleve a cabo la Auditoria Interna no se vea afectada”.

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